Las redes de Mauricio Ojeda: cargos de confianza, pagos públicos y aspiraciones en La Araucanía

Una denuncia acompañada de antecedentes documentales, expone vínculos laborales, familiares y políticos que reabren el debate sobre probidad, idoneidad y estándares éticos en eventuales nombramientos del Ejecutivo regional.

En una región marcada por el impacto del Caso Convenios y una sostenida desconfianza hacia las instituciones públicas, una denuncia ingresada recientemente a este medio —respaldada con antecedentes verificables— volvió a poner bajo escrutinio las redes de confianza que rodean al desaforado diputado Mauricio Ojeda Rebolledo y a personas de su entorno directo, particularmente el abogado Juan Carlos Vásquez Vega y su cónyuge, Deborah Negrete Plaza.

El documento recibido por Araucanía Noticias no formula imputaciones penales nuevas, pero sí detalla hechos concretos, cargos ejercidos y pagos con recursos públicos, que permiten abrir una discusión legítima desde el punto de vista de la probidad y los estándares ético-políticos exigibles en la administración del Estado.

Relación funcional y pagos acreditados

Según los antecedentes públicos citados en la denuncia, Juan Carlos Vásquez Vega fue abogado y auditor interno de la Gobernación de Cautín durante el período en que Mauricio Ojeda ejercía como gobernador provincial, antes de iniciar su carrera parlamentaria. Se trataba de un cargo de confianza, con funciones sensibles de control interno, por el cual Vásquez percibía una remuneración bruta mensual superior a los $3 millones, conforme a registros de Transparencia Activa del Ministerio del Interior.

Posteriormente, ya con Ojeda en su calidad de diputado, y en pleno desarrollo del Caso Convenios, Vásquez Vega fue nuevamente contratado por el parlamentario, esta vez como asesor externo, recibiendo un pago total de $7,5 millones entre abril y septiembre de 2024. Los servicios prestados correspondieron a la redacción de oficios y documentos administrativos parlamentarios, antecedentes que constan en las bases de datos oficiales de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Estos hechos, acreditados documentalmente, constituyen uno de los ejes centrales del cuestionamiento: la reiteración de contrataciones dentro de un mismo círculo de confianza política, incluso en un contexto donde Ojeda ya se encontraba formalizado por fraude al Fisco en la arista Manicure del Caso Convenios, investigación que indaga un perjuicio superior a los $700 millones.

Vínculo familiar y eventuales nombramientos

El documento también establece el vínculo familiar directo entre Vásquez Vega y Deborah Negrete Plaza, excandidata independiente apoyada por el Partido Republicano, cuyo nombre ha comenzado a circular en círculos políticos regionales como eventual opción para asumir la Secretaría Regional Ministerial de Gobierno. Dicha proyección se explicaría, según versiones políticas conocidas, por su cercanía con el senador electo por La Araucanía, Rodolfo Carter, a quien respaldó públicamente.

Lo cuestionable, según la denuncia, no es una aspiración individual, sino el escenario conjunto que se estaría configurando: de acuerdo con trascendidos políticos regionales, Vásquez Vega aspiraría paralelamente a ser designado Seremi de Justicia, lo que implicaría el eventual desembarco simultáneo de un mismo núcleo familiar y político en dos carteras estratégicas del Ejecutivo regional.

Otros antecedentes contextuales

A este entramado se suma el antecedente de que Deborah Negrete Plaza trabajó en la Corporación de Desarrollo Regional, contratada durante la gestión de Carlos Rozas, último gerente de la entidad bajo el mandato del exgobernador Luciano Rivas, hoy imputado desformalizado en el Caso Convenios. Existen versiones políticas que sostienen que dicha contratación habría contado con respaldos del entorno de Ojeda, lo que no ha sido acreditado judicialmente, pero sí forma parte del debate público actual.

Legalidad, probidad y estándar político

El propio documento es explícito en señalar que las contrataciones descritas se ajustan formalmente a la legalidad vigente. Sin embargo, el punto central no es jurídico-penal, sino político-administrativo: cuándo una red de confianza legítima se transforma en un circuito cerrado, donde los mismos nombres transitan de cargo en cargo, con escaso escrutinio público y en contextos de alta sensibilidad institucional.

En derecho administrativo, la confianza es un elemento necesario, pero la probidad es un principio rector. En una región especialmente golpeada por casos de corrupción, el estándar exigible no se agota en la legalidad formal, sino que incorpora coherencia política, oportunidad y señales públicas claras, señala la fuente.

Este no es un juicio de responsabilidades penales ni una imputación personal. Es una discusión pública legítima, basada en antecedentes verificables, sobre idoneidad, redes de poder y la necesidad de reforzar estándares éticos en los nombramientos del Estado.