A pesar de que el diputado de La Araucanía fue desaforado, cinco asesores continúan ejerciendo sus funciones, dado que sus contratos están ligados a la Cámara de Diputados y no al parlamentario directamente.
Mientras el diputado por La Araucanía, Mauricio Ojeda, enfrenta un proceso judicial tras ser desaforado, la Cámara de Diputadas y Diputados mantiene operativos a sus cinco asesores, quienes continúan percibiendo sus sueldos con normalidad. Esto se debe a que sus vínculos laborales son con la institución legislativa y no directamente con el parlamentario.
Según la información entregada por la Cámara, esta situación se ampara en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la cual establece que los contratos del personal de apoyo parlamentario solo terminan por pérdida de confianza o por la cesación definitiva del cargo del legislador. Sin embargo, el desafuero no equivale a una destitución.
“En el caso de los trabajadores de los parlamentarios que están suspendidos de su cargo por estar desaforados, no se ven afectados en sus derechos por los actos del parlamentario. Las asignaciones que recibe el parlamentario para pagar a su personal se mantienen y, en consecuencia, se les sigue pagando”, explicaron desde la corporación.
En el caso del diputado Ojeda, son cinco las personas que siguen trabajando en sus oficinas parlamentarias: Marybel Archivurry, Carlos Boguen, Juan Carlos Contreras, Macarena Fernández y Viviana Hidalgo. El monto destinado a sus sueldos mensuales alcanza los $8.807.121.
“El hecho de que el parlamentario esté suspendido de su cargo no constituye causal de término del contrato de dichos asesores”, precisaron desde la Cámara, subrayando que esta figura legal busca resguardar la estabilidad laboral del personal de apoyo ante suspensiones temporales del legislador.
Este escenario, según La Tercera, se replica también con los otros diputados desaforados: Francisco Pulgar, con siete asesores y una asignación mensual de $8.789.454, y Catalina Pérez, con ocho colaboradores por los que se desembolsan $11.006.275.
En total, son 20 los asesores que siguen en funciones pese a que sus respectivos diputados no están ejerciendo activamente sus labores legislativas, lo que ha abierto el debate sobre los límites del uso de recursos públicos y la continuidad de funciones en casos de suspensión judicial.
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