La Región de La Araucanía no ha quedado al margen del escándalo que sacude al país luego de que la Contraloría revelara que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero estando con licencia médica. En Temuco y Collipulli, los casos han expuesto irregularidades, pugnas internas y un deterioro de la confianza ciudadana en la probidad del servicio público.
En la capital regional, la Contraloría detectó 342 funcionarios municipales que viajaron fuera del país con licencia médica entre 2023 y 2024. Los antecedentes suman 541 hechos irregulares, con mayor concentración en las áreas de educación y salud. Pese a la magnitud de las cifras, los sumarios administrativos anunciados por el alcalde Roberto Neira aún no arrojan resultados claros.
En paralelo, la concejala de Temuco Claudia Peñailillo se transformó en la voz más crítica al denunciar irregularidades en subvenciones y contratos municipales. Sin embargo, tras sus constantes fiscalizaciones, comenzó a recibir denuncias en su contra.
Recientemente, la edil relató en sus redes sociales que fue objeto de una denuncia anónima en la Contraloría y que además se le informó de otra acusación presentada bajo la ley Karin por un funcionario municipal. Según explicó, esta última, se trata de la misma persona contra la cual ella había solicitado un sumario y su suspensión del cargo mientras se investigaban posibles irregularidades.
Peñailillo sostiene que estos episodios son intentos de frenar su labor fiscalizadora. En sus propias palabras: “Me tiene sin cuidado, está claro que están tratando de silenciarme mediante estas denuncias”.
La denuncia en Contraloría se originó de manera anónima, mientras que la interpuesta bajo la ley Karin fue canalizada a través de la mutual. Esta última acusa a la concejala de hostigamiento laboral. Para la edil, se trata de un contraataque político que busca desacreditarla en medio de un contexto donde el municipio no ha actuado con igual severidad frente a los centenares de funcionarios cuestionados por la Contraloría.
La situación es aún más drástica en Collipulli, donde el alcalde Manuel Macaya destituyó a dos directoras municipales: Mabel Llanos, de Administración y Finanzas, y Lorna Sanhueza, de Control Interno. Ambas viajaron al extranjero con licencia médica, una de ellas incluso fue sorprendida en un casino en plena vigencia del reposo pese a la prohibición impuesta por ley, mientras que la segunda funcionaria presentaba 60 días de vacaciones acumulados al momento de iniciar su viaje.
El jefe comunal defendió la medida como un acto de probidad, pero las concejalas Carolina Valenzuela (PS) y Jacqueline Ponce (PC) salieron en defensa de las funcionarias, alegando que fueron notificadas por la prensa y que se vulneraron sus derechos fundamentales.
Estos episodios reflejan la profundidad del problema: licencias médicas usadas como privilegio, controles débiles y pugnas políticas que desplazan el foco de la responsabilidad institucional. En Temuco, la figura de Claudia Peñailillo encarna esa tensión: de denunciante a denunciada en cuestión de meses, en un ambiente donde las acusaciones cruzadas se convierten en un arma política.
Mientras la ciudadanía observa con indignación, la sensación que se instala es la de un nuevo golpe a la confianza en la administración pública regional, donde los sumarios, destituciones y denuncias parecen ser apenas el inicio de un largo camino judicial y político.
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