Malleco: Beltrán advierte riesgo en suministro de agua potable por deuda a camiones aljibe

El Parlamentario Mallequino sostuvo que la reiteración de esta deuda afecta a proveedores que ya operan con recursos limitados y que la falta de apoyo institucional repercute en las comunidades rurales que dependen de estos servicios.

El diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva, informó que ha recibido la preocupación de diversos propietarios de camiones aljibe que prestan el servicio de distribución de agua potable en distintas comunas de la provincia de Malleco, pues siguen sin recibir el pago por sus servicios correspondientes a lo que va de la segunda mitad del año.

Según detalló el Parlamentario Mallequino, los proveedores le plantearon que el Gobierno mantiene una deuda correspondiente a los servicios realizados entre julio y octubre del 2025, situación que ha generado un impacto socioeconómico significativo en sus operaciones, puesto que la falta de pago ha dificultado la cancelación de sueldos para los conductores y la adquisición de insumos esenciales, como el combustible necesario para mantener el servicio.

“Esta situación —afirmó el diputado Beltrán— amenaza directamente la continuidad del suministro de agua potable para cientos de familias de la provincia, quienes dependen de estos camiones para acceder al vital recurso. De no resolverse a tiempo, se podrían generar riesgos significativos para la salud y bienestar de la población”.

Asimismo recordó que, en julio del 2025, “solicité a la autoridad de Gobierno la urgente gestión de estos pagos, lo que en esa oportunidad permitió regularizar la situación. No obstante, hoy nos encontramos nuevamente frente a un escenario de incumplimiento que afecta a un número aún mayor de propietarios de camiones aljibe, por lo que nuevamente he requerido de la autoridad una respuesta”.

Finalmente Juan Carlos Beltrán subrayó que “es urgente que la Delegación Presidencial de La Araucanía informe con claridad la fecha comprometida para el pago a fin de garantizar la continuidad del servicio y la tranquilidad de las familias que dependen de él. El acceso al agua potable es un derecho básico y su provisión no puede estar sujeta a retrasos administrativos que ponen en riesgo a comunidades enteras. Esperamos que el Gobierno actúe con la celeridad que esta situación demanda”.