El reciente Consolidado de Información Circularizada (CIC N°17) emitido el pasado martes 18 de noviembre por la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 517 obras públicas terminaron anticipadamente sin nueva contratación y otras 295 debieron re licitarse, varias con sobrecostos superiores al 50% de la licitación original, configurando más de $1,02 billones de inversión pública actualmente inmovilizada.
Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.
Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.
Un problema que supera la estadística
Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:
¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?
Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:
¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?
El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega
La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.
En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.
CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría
Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.
Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.
Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.
El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.
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