- FENATE presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia por falta de respuesta administrativa.
- La federación solicita antecedentes sobre desvinculaciones de dirigentes con fuero gremial desde 2025.
- El presidente de FENATE calificó la gestión del gobernador René Saffirio como autoritaria y carente de transparencia.
El presidente nacional de FENATE, Lenin Arroyo Vega, lanzó duras acusaciones contra el gobernador René Saffirio luego de que el Gobierno Regional dejara vencer, según la Federación, el plazo legal para responder una solicitud sobre desvinculaciones y actuaciones que involucran a dirigentes con fuero gremial. “Saffirio es un desgobernador que siempre ha pasado por sobre el estado de derecho”, afirmó el dirigente.
Una dura ofensiva abrió la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE) contra el Gobierno Regional de La Araucanía y el gobernador René Saffirio. La organización presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), acusando que el organismo regional no respondió dentro del plazo legal una solicitud que exige antecedentes sobre desvinculaciones, traslados y otras actuaciones relacionadas con dirigentes gremiales amparados por fuero.
Pero FENATE fue más allá de la acción administrativa. Su presidente nacional, Lenin Arroyo Vega, responsabilizó políticamente al gobernador y lanzó una de sus críticas más duras contra la actual conducción del Gobierno Regional.
“Saffirio es un desgobernador que siempre ha pasado por sobre el estado de derecho, por sobre las leyes, y con esta acción lo demuestra. No vamos a permitir que en democracia se nos niegue información por el sólo hecho de que el señor Saffirio actúe como patrón de fundo, como dueño de la pelota y que cuando se taima se la lleva para la casa. Él es un funcionario público y debe responder por sus acciones”, afirmó Arroyo.
FENATE acusa silencio total del Gobierno Regional
El conflicto se originó el 6 de julio de 2026, cuando FENATE ingresó a través del Portal de Transparencia una solicitud de acceso a información pública, identificada bajo el código AB085T0001548.
De acuerdo con los antecedentes presentados por la Federación, el propio Gobierno Regional estableció en su acuse de recibo que la fecha máxima para entregar la información era el 4 de agosto de 2026.
Sin embargo, FENATE sostiene que esa fecha llegó sin que existiera respuesta total ni parcial. Según el amparo, tampoco se comunicó una prórroga fundada, se solicitó una subsanación o se informó una derivación por incompetencia.
Precisamente este silencio es el que motivó la arremetida de Arroyo Vega, quien cuestionó que una institución pública pueda dejar sin respuesta una petición de estas características, particularmente cuando los antecedentes solicitados se relacionan con derechos y actuaciones que afectan a dirigentes gremiales.
¿Qué antecedentes busca conocer FENATE?
Uno de los aspectos más sensibles del requerimiento apunta a las desvinculaciones de dirigentes con fuero gremial ocurridas desde el 6 de enero de 2025.
La Federación solicitó estadísticas y antecedentes administrativos sobre esos casos. Además, pidió autorizaciones, permisos, citaciones y registros de asistencia del funcionario Félix Contreras Contreras, correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 6 de julio de 2026.
El requerimiento también exige los actos administrativos terminales y documentos asociados a las desvinculaciones de Marjorie Schwartz, Diego Villagra y Mario Fuentes.
Finalmente, FENATE solicitó antecedentes de destinaciones, comisiones de servicio o modificaciones de funciones de dirigentes gremiales y las autorizaciones escritas que eventualmente correspondieran.
Para la Federación, conocer estos documentos resulta fundamental para establecer si las medidas que afectaron a dirigentes amparados por fuero se ajustaron a las disposiciones de la Ley N.º 19.296.
“Debe responder por sus acciones”
El tono empleado por Lenin Arroyo refleja que FENATE no considera lo ocurrido como una simple demora administrativa. En su comunicado, la Federación sostiene que la ausencia de respuesta dificulta el ejercicio oportuno de acciones de tutela y eventuales presentaciones ante organismos de control. También plantea que la situación podría tener un efecto inhibitorio sobre la actividad gremial dentro del propio Gobierno Regional.
“Él es un funcionario público y debe responder por sus acciones”, sentenció el presidente nacional de FENATE.
La Federación plantea además en su recurso que la eventual existencia de delegaciones internas de firma no extinguiría el deber de pronunciamiento radicado en la autoridad superior del servicio.
Piden que se analicen eventuales responsabilidades
FENATE solicitó al Consejo para la Transparencia que declare que el Gobierno Regional infringió el artículo 14 y el principio de oportunidad contemplado en la Ley de Transparencia, y que ordene entregar los cuatro capítulos de información requeridos.
Pero el recurso incorpora otro elemento relevante: la Federación pidió que el Consejo pondere los antecedentes para determinar si los hechos pueden configurar alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley de Transparencia.
Para ello solicita establecer qué unidad recibió el requerimiento, cuándo fue asignado, qué gestiones se realizaron, qué jefaturas y funcionarios intervinieron y cuáles eran las delegaciones vigentes en materia de transparencia. El escrito precisa que aquello debe efectuarse sin prejuzgar responsabilidades individuales.
Asimismo, FENATE pide que, si algún documento requerido no existe, esa situación no sea informada mediante una respuesta genérica, sino certificada mediante un acto administrativo fundado que detalle las unidades, sistemas y repositorios revisados para buscarlo.
FENATE anuncia seguimiento público del caso
El amparo fue suscrito por Lenin Arroyo Vega el 9 de agosto de 2026 y la Federación anunció que realizará un seguimiento público de su tramitación, además de evaluar otras acciones que pudieran corresponder ante los organismos de control.
El caso queda ahora en manos del Consejo para la Transparencia, que deberá pronunciarse respecto de la acción presentada.
El recurso establece expresamente que FENATE no está solicitando al CPLT que determine la legalidad o ilegalidad de las desvinculaciones, destinaciones o cambios de funciones, sino que garantice el acceso a los antecedentes administrativos existentes.
Mientras aquello se resuelve, el conflicto ya escaló desde una solicitud de información hasta una abierta confrontación entre la Federación y la máxima autoridad regional, con Lenin Arroyo emplazando directamente a Saffirio a “responder por sus acciones”.
