- La Corte de Apelaciones anuló el despido de un funcionario sin fuero del GORE La Araucanía.
- El tribunal concluyó que la reestructuración administrativa no justificó la desaparición real de sus funciones.
- El GORE deberá reincorporar al trabajador y pagar sueldos y cotizaciones retroactivas con reajustes.
A diferencia de otros conflictos por desvinculaciones de dirigentes con fuero, esta vez la justicia acogió la acción de un funcionario sin esa protección. El GORE deberá reincorporarlo y pagar remuneraciones y cotizaciones retroactivas.
Un nuevo fallo judicial vuelve a poner el foco en las decisiones adoptadas durante la reestructuración del Gobierno Regional de La Araucanía. La Corte de Apelaciones de Temuco dejó sin efecto una resolución dictada en marzo tras determinar que fue ilegal y arbitraria.
El caso marca una diferencia respecto de controversias anteriores: el funcionario desvinculado no tenía fuero gremial. Por ello, el tribunal analizó directamente los fundamentos utilizados para terminar anticipadamente una contrata vigente hasta el 31 de diciembre de 2026.
La Corte ordenó su reincorporación inmediata y estableció que el GORE deberá pagar las remuneraciones y cotizaciones previsionales correspondientes al período en que permaneció fuera, además de los reajustes legales.
Fundamentos cuestionados
El Gobierno Regional justificó la medida en una reorganización destinada a mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión y en la supresión del proceso de preadmisibilidad donde se desempeñaba el funcionario.
Sin embargo, la Corte constató que la nueva estructura creó una Unidad de Admisibilidad y Evaluación que mantuvo labores relacionadas con la revisión de iniciativas de inversión. Para el tribunal, modificar el nombre, dependencia o metodología de trabajo no acreditó que las funciones hubieran desaparecido.
Además, determinó que la resolución no explicó suficientemente qué tareas dejaron de realizarse, quiénes las asumieron ni por qué el funcionario no podía continuar desarrollándolas o ser reasignado. También concluyó que existió un trato sin justificación objetiva comprobable respecto de otros funcionarios a contrata que permanecieron en la institución.
El pronunciamiento se suma a otros conflictos originados por desvinculaciones durante la reestructuración, aunque aquellos involucran a dirigentes con fuero y sus procesos siguen pendientes.