- La Universidad Autónoma desmiente que el informe de Contraloría establezca delitos de fraude o lavado de activos.
- El gobernador René Saffirio anunció acciones legales por presuntas irregularidades en convenios por 21 mil millones.
- La institución educativa enfatiza que la cifra mencionada corresponde a la ejecución total de programas y no a fondos defraudados.
La casa de estudios respondió al anuncio del gobernador René Saffirio de recurrir al Ministerio Público por fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos. La institución advierte que el informe de Contraloría citado por la autoridad no establece que la Universidad haya cometido esos delitos.
Una diferencia sustantiva respecto de los alcances del informe de Contraloría quedó planteada entre el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, y la Universidad Autónoma de Chile, luego de que la autoridad anunciara acciones penales por convenios suscritos durante la administración regional anterior.
Saffirio anunció que recurrirá al Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, apuntando a la Universidad Autónoma, exautoridades y funcionarios a raíz de antecedentes contenidos en el Informe Final de Auditoría N.º 744 de la Contraloría General de la República.
La respuesta de la casa de estudios apunta precisamente a ese punto. La Universidad sostiene que existen observaciones del organismo fiscalizador que deben ser revisadas y aclaradas, pero enfatiza que Contraloría no concluyó que la institución haya cometido ninguno de los delitos enumerados públicamente por el gobernador.
“El informe no establece que la Universidad Autónoma de Chile haya cometido los delitos mencionados públicamente”, señala la declaración, agregando que la determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes.
Observaciones de Contraloría y delitos denunciados
La diferencia resulta relevante porque separa dos ámbitos: las observaciones administrativas y financieras contenidas en una auditoría y las eventuales responsabilidades penales que ahora Saffirio pretende que investigue el Ministerio Público.
La propia Universidad reconoce que el informe contiene observaciones específicas, entre ellas materias relacionadas con documentación tributaria presentada por determinados beneficiarios y un saldo respecto del cual Contraloría instruyó al Gobierno Regional solicitar su restitución.
Sin embargo, recalca que esas observaciones “no comprenden la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos” y que será la investigación de los organismos competentes la que deberá establecer si existen o no responsabilidades de carácter penal.
La controversia involucra 10 convenios y 12 programas desarrollados entre 2022 y 2023, es decir, durante la administración regional anterior, por aproximadamente $21 mil millones.
La Universidad también cuestionó la interpretación pública del monto involucrado.
Según precisó, los aproximadamente $21 mil millones corresponden al total de recursos transferidos para ejecutar los convenios examinados por Contraloría, y no a una cantidad que el organismo fiscalizador haya determinado como defraudada, no rendida o utilizada irregularmente.
“La cifra de aproximadamente $21 mil millones mencionada públicamente corresponde al total de los recursos transferidos para la ejecución de los convenios examinados”, sostuvo la institución.
Por ello, la Autónoma plantea dos precisiones frente a las acusaciones: ni los $21 mil millones representan, según Contraloría, un monto defraudado, ni el informe establece la comisión de los cuatro delitos mencionados por Saffirio.
Universidad apunta a decisiones del Gobierno Regional
La casa de estudios también puso énfasis en cómo se originaron los programas cuestionados.
De acuerdo con su declaración, participó como entidad ejecutora de 12 programas correspondientes a diez convenios, destinados a iniciativas de reactivación económica, apoyo a MIPYMES, zonas rezagadas, transferencia tecnológica e innovación productiva y turística.
La institución sostiene que esas materias fueron definidas por la autoridad regional y afirma que “la priorización, asignación de recursos y aprobación de los convenios correspondieron solamente al Gobierno Regional”.
Con ello, la Universidad busca delimitar su responsabilidad como entidad ejecutora respecto de las decisiones adoptadas originalmente para seleccionar las iniciativas y destinar los recursos públicos.
Rendiciones continúan en proceso
Otro elemento que la Universidad considera necesario precisar es el estado de las rendiciones. Según explica, los $6.929 millones consignados como pendientes corresponden a un corte efectuado al 30 de junio de 2024 y no reflejarían la situación actual, debido a que posteriormente continuó entregando y complementando antecedentes.
Actualmente, 4 de los 12 programas, correspondientes a aproximadamente $1.750 millones, cuentan con cierre formal del Gobierno Regional. Los ocho restantes, por cerca de $19.870 millones, según la Universidad, se encuentran ejecutados y presentados a rendición, aunque todavía está pendiente que el GORE concluya su revisión y cierre administrativo.
Saffirio lleva los antecedentes a la justicia
El gobernador René Saffirio, en tanto, decidió avanzar por la vía penal luego de conocer los resultados de la auditoría realizada sobre convenios correspondientes a la administración anterior.
Además de anunciar la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, la actual administración regional instruyó sumarios administrativos y puso antecedentes a disposición de otros organismos públicos.
Será precisamente la investigación penal la que deberá determinar si las observaciones detectadas por Contraloría pueden configurar alguno de los ilícitos planteados por el gobernador y establecer eventuales responsabilidades individuales.
La Universidad Autónoma manifestó que entregará los antecedentes que le sean requeridos y aseguró contar con cuentas bancarias exclusivas para los proyectos, mecanismos internos de control del gasto, revisión jurídica de contratos y respaldo documental.
De esta manera, la discusión ya no se concentra únicamente en las observaciones detectadas en los convenios de la administración anterior, sino también en el alcance que Saffirio les atribuye al anunciar públicamente cuatro eventuales delitos que, según recalca la Universidad Autónoma, no fueron establecidos por el informe de Contraloría.