Subdere destinó más de $1.289 millones para 1.201 trabajadores de 30 comunas de la región. Se trata del “Bono Aseo” que se entrega anualmente, desde 2014.
Poco más de un millón de pesos recibirán 1.201 trabajadores de la recolección y transporte de residuos domiciliarios a través del denominado “Bono Aseo”, beneficio que en la Región de La Araucanía se realizará a través de 30 municipios que tienen sus servicios externalizados.
Se trata de $1.289.831.965 millones de un total de $17.950 millones que la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere) depositó a las municipalidades y que en La Araucanía se distribuirán entre 683 barredores de calles, 123 choferes y 395 peonetas.
“El Bono Aseo es un compromiso que como Gobierno tenemos con los recolectores de residuos, un incentivo que desde el año pasado tiene una especial relevancia, pues pese a la pandemia, ellos no han dejado de cumplir su labor y mantener limpias las ciudades de todo Chile”, dijo la subsecretaria María Paz Troncoso.
“Estamos muy contentos. Este es uno de los bonos que más sentido nos hace y creemos que llega justo en un tiempo indicado, pero además es para unas personas muy especiales, que no han dejado de trabajar en ningún momento por nuestra región, que a pesar de la pandemia, se han esforzado, se han seguido levantando al alba y en un tema tan sensible como es la recolección de basura. Es un bono muy merecido, ya que gracias a ellos podemos tener ciudades y comunas más limpias. Es un bono que busca reconocer la labor que hacen en nuestra región y en nuestro país” destaca Yurisan Castro, jefa regional de la Subdere.
El bono se entrega anualmente desde 2014, cuando la primera administración del Presidente Sebastián Piñera, determinó incluirlo en la Ley de Presupuestos tras sostener una Mesa Técnica de Recolectores de Residuos Domiciliario en 2013.
Cabe destacar que en enero Subdere envió al Congreso un proyecto de ley que perfecciona la regulación de la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios. Además, busca que las bases de licitación elaboradas por cada municipio sean sometidas a toma de razón por parte de la Contraloría General de la República.
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