La iniciativa fue respalda por unanimidad y ahora pasará a segundo trámite en la Cámara de Diputados.
En una expedita tramitación, tanto en la Comisión de Constitución como en la sala de sesiones, la Cámara Alta aprobó por unanimidad (31 votos a favor) el proyecto de ley que modifica el Código Orgánico de Tribunales, permitiendo a futuro que personas con capacidades especiales puedan ser nombradas en cargos de juez o notario.
La moción parlamentaria que ingresó al Senado en junio de este año y que es de autoría de las Senadoras Isabel Allende (PS), Carolina Goic (DC), Adriana Muñoz (PPD), y sus pares Felipe Harboe (PPD) y Alberto Espina (RN), tiene como objeto eliminar preceptos legales que pugnen con normas y principios que consagren la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, permitiendo la plena inclusión de todos los habitantes al pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente lo que dice relación con el ingreso a los cargos y empleos públicos, obligando al Estado a adoptar sistemas que permitan plenamente la inclusión, y el desarrollo laboral y personal de todos sin distinción.
En la discusión en particular, el Senador Espina expresó que “este proyecto tiene una enorme virtud porque no solo deroga la norma que hoy prohíbe ser juez de letra o notario a quienes son sordos, ciegos y mudos, sino que además plantea un desafío que no es menor para el poder judicial, que es transformar esta norma en una realidad”.
“Hoy el avance que tiene la sociedad ha hecho que estemos construyendo una sociedad más inclusiva en todos los aspectos, y creo que es un tremendo avance el que vayamos eliminando situaciones en las cuales personas que tienen capacidades especiales puedan ir realmente incorporándose en plenitud a todas las labores y trabajos que tiene nuestra sociedad”, manifestó.
Asimismo, el parlamentario por La Araucanía señaló que “es importante la aprobación como también su implementación, porque no hay nada peor que crear expectativas y que después la ley sea letra muerta”.
“El desafío consiste en que después de su aprobación se haga un seguimiento de cómo se va implementando, porque se produce una situación bien paradojal ya que los ciegos, sordos o mudos pueden estudiar derecho, y tuve compañeros en la universidad que tenían estas condiciones, particularmente compañeros ciegos, y resultaba muy frustrante probablemente para muchos de ellos, y uno a veces no se daba cuenta, que pueden haber tenido legítimamente la vocación de ser jueces. Ellos daban las pruebas, daban el examen oral y se titulaban de abogado. Sin embargo, cuando se trataba de poder ejercer su profesión como jueces se encontraban con un muro que les impedía hacerlo”, indicó.
Finalmente, Espina señaló que “todo lo que signifique obligar a la sociedad a levantar obstáculos para que personas que tienen discapacidades especiales puedan incorporarse, requiere no solo de aprobar esta ley, sino que después se ponga en práctica de verdad”, concluyó.
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