Los 20 consejeros regionales rechazaron la distribución propuesta por el gobernador para los fondos del 8%, cuestionaron su versión de lo ocurrido y exigieron una rectificación pública. Mientras Saffirio recurrió a Contraloría para zanjar las atribuciones de ambos órganos, las versiones chocan en un punto clave: si el CORE pretendía incorporar proyectos fuera de la evaluación técnica o redistribuir recursos únicamente entre iniciativas ya recomendadas.

La controversia por los fondos del 8% dejó de ser una discusión técnica sobre una nómina de proyectos y escaló a uno de los conflictos políticos más relevantes de la actual administración regional. El rechazo unánime de los 20 consejeros a la propuesta del gobernador René Saffirio, la declaración pública del Consejo Regional y la decisión del Ejecutivo de recurrir a Contraloría enfrentan hoy a los dos órganos que deben conducir conjuntamente el Gobierno Regional de La Araucanía.

Saffirio solicitó a la Contraloría Regional un pronunciamiento sobre el alcance de la facultad del CORE para aprobar, modificar o sustituir la nómina del concurso Vinculación con la Comunidad. El gobernador sostiene que su propuesta de 1.271 iniciativas responde a los puntajes obtenidos en la evaluación técnica y que debe resguardarse el cumplimiento de las bases. “Voy a perseverar en cuanto a que se respeten las facultades del gobernador y las del Consejo Regional, para que ninguno de los dos órganos […] traspasen las facultades de uno u otro”, señaló.

Dos versiones incompatibles sobre un punto clave

El choque más evidente está en una afirmación contenida en los antecedentes difundidos por el Ejecutivo. Allí se señala que el CORE exige sustituir la propuesta del gobernador “por una lista propia que incluye iniciativas fuera del tramo técnico aprobatorio”, argumentando que el puntaje no sería vinculante y que la Ley N.º 19.175 lo faculta para modificar la distribución.

Los 20 consejeros regionales niegan categóricamente esa versión. En su declaración pública sostienen que fueron 2.053 los proyectos que obtuvieron Recomendación Favorable, cumplieron la evaluación técnica exigida por las bases y quedaron habilitados para continuar en el proceso. “Nuestra propuesta se construyó exclusivamente dentro de ese universo, sin alterar las bases, puntajes, evaluaciones técnicas ni admisibilidad”, afirmaron.

La diferencia no es menor. Si la versión del CORE es correcta, los consejeros no habrían pretendido incorporar iniciativas técnicamente rechazadas, sino establecer una priorización distinta dentro de los proyectos que ya habían superado la evaluación. En ese escenario, la controversia cambia de eje: la pregunta pasa a ser si el Consejo Regional tiene o no la facultad legal de modificar la distribución propuesta por el gobernador.

La consejera Marita Gutiérrez reforzó públicamente esa posición: “Jamás vamos a vulnerar la ley, ni mucho menos cambiar las bases de un concurso como él intenta poner en vista”. Los consejeros sostienen que su alternativa buscaba incorporar criterios de equidad territorial, generación de empleo y fortalecimiento de la economía familiar.

Veinte consejeros contra la propuesta del gobernador

El segundo elemento que da peso político al conflicto es la unanimidad. No se trata de un grupo opositor al gobernador: los 20 integrantes del CORE, provenientes de distintas sensibilidades políticas y representantes de diferentes territorios, rechazaron el Mensaje N.º 160. Según la declaración del órgano colegiado, la propuesta fue rechazada por los 20 consejeros y solo contó con el voto favorable de Saffirio.

“Los 20 consejeros regionales hemos rechazado una mala propuesta del gobernador”, afirmó Gutiérrez. La consejera remarcó que, pese a las diferencias políticas, territoriales y de visión existentes dentro del Consejo, todos coincidieron después de varias semanas de revisión en votar en contra.

La declaración conjunta añade otro antecedente que tensiona las versiones. Los CORE aseguran que durante semanas trabajaron una propuesta alternativa en sesiones y jornadas de análisis “en las que también participaron equipos del propio Gobierno Regional”. El oficio presentado por Saffirio a Contraloría, en cambio, cuestiona que esa propuesta no hubiese sido presentada previamente por escrito al secretario ejecutivo del CORE ni estuviera incorporada en la tabla de la sesión extraordinaria. Una cosa no necesariamente excluye la otra, pero ambas afirmaciones muestran que el desacuerdo alcanza también la forma en que se desarrolló el proceso.

Los CORE exigen una rectificación

La disputa subió otro escalón cuando el Consejo Regional cuestionó directamente el relato del Ejecutivo. “Lamentamos profundamente que se haya instalado la idea de que los consejeros regionales pretendíamos cambiar las reglas, alterar puntajes o quitar recursos a algunas organizaciones para beneficiar a otras ‘elegidas por nosotros’. Ese relato no se condice con lo ocurrido”, señalaron en su declaración.

Los 20 consejeros fueron todavía más lejos y exigieron a Saffirio “rectificar públicamente sus declaraciones y ofrecer las disculpas correspondientes”. Para el CORE, presentar su actuación como un intento de cambiar las reglas desconoce una atribución que consideran expresamente reconocida por la Ley N.º 19.175: aprobar, modificar o sustituir propuestas del gobernador en la distribución de recursos del FNDR.

Las cifras dan fuerza al debate por la equidad territorial

Más allá de la controversia jurídica, las cifras permiten entender por qué la discusión territorial adquirió tanta relevancia. De los 1.271 proyectos incluidos en la propuesta del Ejecutivo, 1.040 corresponden a Cautín, equivalentes al 81,83%, mientras 231 pertenecen a Malleco, un 18,17%.

La diferencia también aparece por comunas. Temuco concentra 201 iniciativas; Padre Las Casas, 142; Nueva Imperial, 89; Carahue, 66; y Pitrufquén, 61. En contraste, Lonquimay y Ercilla registran 5 cada una; Curacautín, 8; Melipeuco, 10; Cholchol, 11; Renaico, 12; Perquenco y Curarrehue, 13; y Los Sauces, 16.

Estos números no permiten atribuir una intención política a la distribución elaborada por el Ejecutivo, pero sí evidencian una concentración territorial significativa. Es precisamente allí donde el planteamiento de los consejeros encuentra uno de sus principales argumentos: aseguran que buscaban dar mayor espacio a organizaciones rurales, comunidades indígenas y clubes deportivos que, por las características de sus territorios, no siempre compiten en igualdad de condiciones.

Un conflicto que ya alcanza la gobernabilidad

La unanimidad del rechazo transforma el episodio en algo mayor que una diferencia por un concurso. Cuando los 20 consejeros regionales rechazan una propuesta del Ejecutivo, contradicen públicamente una afirmación central de su versión, exigen una rectificación y el conflicto termina en Contraloría, la relación entre los dos componentes del Gobierno Regional aparece seriamente tensionada.

Gutiérrez atribuyó directamente parte del problema a la relación con el Ejecutivo. “Lamentablemente, el poco diálogo que el gobernador siempre ha mostrado, su mala disposición para con el Consejo Regional, nos lleva a estar en esta situación”, afirmó. Sin embargo, inmediatamente reconoció la necesidad de recomponer esa relación: “Él y nosotros, el Consejo Regional, tenemos que seguir trabajando juntos”.

La negativa de los 20 CORE corona además una serie de episodios comunicacionales que durante el mandato han ido trasladando diferencias institucionales al espacio público. En este caso, la escalada resulta especialmente visible: discusión por la distribución, rechazo unánime, versiones contradictorias sobre los proyectos que podían ser financiados, declaración conjunta, exigencia de disculpas y finalmente Contraloría. El problema ya no se limita a qué se decide, sino también a cómo se dialogan, construyen y comunican las decisiones.

Contraloría puede zanjar lo jurídico, no el problema político

El pronunciamiento de Contraloría será determinante para establecer cómo opera la facultad del CORE de aprobar, modificar o sustituir propuestas frente a las reglas específicas del concurso. Si respalda la interpretación de Saffirio, el gobernador obtendrá un importante respaldo jurídico. Pero incluso en ese escenario seguirá abierta la discusión sobre cómo incorporar equidad territorial cuando el resultado de una evaluación concentra el 81,83% de los proyectos seleccionados en Cautín y deja el 18,17% en Malleco.

Si esa corrección no puede introducirse en la etapa final, el desafío será incorporarla previamente en las bases de futuros concursos mediante criterios objetivos de distribución territorial, ruralidad, vulnerabilidad o aislamiento. Así podría resguardarse la evaluación técnica sin dejar fuera las profundas diferencias existentes entre comunas y provincias.

El propio CORE ha dicho que la puerta al diálogo sigue abierta. Y allí probablemente esté el desafío más complejo para Saffirio y los consejeros: Contraloría podrá definir quién tiene razón respecto de las atribuciones, pero no reconstruirá por sí sola una relación política que terminó con los 20 representantes del Consejo Regional votando contra la propuesta del gobernador. Recomponer esa gobernabilidad será indispensable cualquiera sea el resultado jurídico de la controversia.

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La disputa por cerca de $10 mil millones del concurso del 8% escaló a un enfrentamiento sin precedentes entre René Saffirio y los 20 integrantes del Consejo Regional.

Mientras el gobernador acusa un intento por alterar los resultados para favorecer a determinadas organizaciones, los consejeros lo desmienten, defienden sus atribuciones y aseguran que los 2.053 proyectos técnicamente aprobados podían ser considerados.

Lo que comenzó como una diferencia respecto de la distribución de los recursos del 8% del FNDR terminó convertido en una verdadera guerra política e institucional al interior del Gobierno Regional de La Araucanía. De un lado, el gobernador René Saffirio acusa a los consejeros regionales de pretender sacar proyectos con mejores puntajes para incorporar otros “elegidos por ellos”. Del otro, los 20 integrantes del CORE, sin distinción política, rechazan categóricamente esa versión y emplazan a la máxima autoridad regional a rectificar públicamente y pedir disculpas.

En medio quedan las organizaciones sociales de las 32 comunas y recursos cercanos a los $10 mil millones, luego de que el Mensaje N.º 160 presentado por Saffirio fuera rechazado por la totalidad de los consejeros regionales y recibiera únicamente el voto favorable del propio gobernador, según señala la declaración emitida este miércoles por el CORE.

Saffirio dispara y acusa proyectos “elegidos por ellos”

La versión del gobernador es categórica. Según explicó públicamente, 1.271 proyectos habían resultado seleccionados conforme a las bases y puntajes del concurso, por lo que el Consejo Regional no tendría atribuciones para cambiar posteriormente esa nómina.

“El resultado no lo definí yo como gobernador. Lo definieron las bases del concurso, que fueron aprobadas por el Consejo Regional en abril de este año”, sostuvo Saffirio, antes de lanzar la acusación que encendió definitivamente el conflicto: a su juicio, los consejeros pretendían actuar “bajando organizaciones con alto puntaje para subir otras elegidas por ellos”.

Saffirio llevó además la controversia a un terreno ético, asegurando que aceptar esa modificación significaría desconocer las reglas bajo las cuales las organizaciones participaron. “Si las reglas se cambian después de conocer los resultados de un concurso, ya no es en realidad un concurso y el esfuerzo de cada una de sus organizaciones deja de tener valor”, afirmó.

Es un tono que ya se ha convertido en parte reconocible del estilo Saffirio: directo, elocuente y confrontacional, pero que en ocasiones bordea expresiones que sus adversarios pueden interpretar como descalificatorias. Sus intervenciones suelen instalar el conflicto no solo como una discrepancia administrativa o jurídica, sino también como una disputa entre lo que considera correcto y aquello que cuestiona moralmente.

Esta vez volvió a hacerlo. “Ustedes cumplieron. Ahora me toca a mí cumplirles a ustedes”, cerró su mensaje a las organizaciones, situándose como garante de quienes, según su interpretación, ganaron legítimamente el concurso.

Los 20 consejeros responden: “Ese relato no se condice con lo ocurrido”

Pero la respuesta del CORE fue igual de dura. Los 20 consejeros regionales suscribieron una declaración pública en la que rechazan que hayan pretendido manipular puntajes, cambiar las bases o beneficiar arbitrariamente a determinadas organizaciones.

“Lamentamos profundamente que se haya instalado la idea de que los consejeros regionales pretendíamos cambiar las reglas, alterar puntajes o quitar recursos a algunas organizaciones para beneficiar a otras ‘elegidas por nosotros’. Ese relato no se condice con lo ocurrido”, sostuvieron.

Y aquí aparece el punto central de una controversia que tiene dos interpretaciones completamente distintas.

Mientras Saffirio habla de 1.271 proyectos seleccionados, el CORE sostiene que existían 2.053 iniciativas con Recomendación Favorable, que habían cumplido la evaluación técnica establecida en las bases y estaban habilitadas para continuar en el proceso. Según los consejeros, todas se encontraban en igualdad de condiciones para ser consideradas para financiamiento, sujeto a la disponibilidad presupuestaria y al posterior pronunciamiento del Consejo Regional.

¿Cambiar ganadores o ejercer una atribución legal?

Ese es el corazón de la pelea.

Según Saffirio, permitir que el CORE modificara la propuesta significaba alterar el resultado después de conocido el puntaje. Para los consejeros, en cambio, no existían todavía 1.271 “ganadores” inamovibles, sino 2.053 proyectos técnicamente recomendados entre los cuales correspondía posteriormente resolver el financiamiento.

El CORE asegura que su propuesta nunca modificó bases, puntajes, evaluaciones técnicas ni admisibilidad. Su argumento es que buscaba incorporar criterios de equidad territorial y social, ejerciendo una atribución que —según indican— le entrega la Ley N.º 19.175 para modificar propuestas del Ejecutivo en las materias que legalmente corresponda.

Los consejeros agregan un argumento político que abre otra discusión: sostienen que el conocimiento directo de los territorios también debe tener incidencia. “Existen necesidades, trayectorias y realidades territoriales que difícilmente pueden reflejarse en un formulario o una evaluación técnica”, plantean, reivindicando su contacto permanente con las comunas y organizaciones.

Y precisamente ahí está una de las preguntas más complejas del conflicto: ¿hasta dónde puede llegar esa consideración territorial sin desvirtuar un concurso basado en criterios y puntajes previamente conocidos? Y, en sentido contrario, ¿el resultado de la evaluación técnica constituye por sí mismo una adjudicación definitiva o todavía requiere una decisión posterior del Consejo Regional?

Las dos partes entregan respuestas radicalmente diferentes.

El estilo Saffirio vuelve al centro de la controversia

El enfrentamiento también vuelve a poner bajo la lupa la forma en que René Saffirio enfrenta sus disputas políticas. El gobernador ha construido una comunicación pública con frases categóricas y una retórica que frecuentemente busca establecer con nitidez quién, desde su perspectiva, está defendiendo lo correcto.

Esa elocuencia puede resultar efectiva comunicacionalmente, pero también puede terminar simplificando controversias institucionales bastante más complejas. Expresiones como organizaciones “elegidas por ellos” no son neutras: sugieren discrecionalidad e incluso favoritismo, una interpretación que los 20 consejeros consideran derechamente falsa.

Esta vez, además, enfrente no aparece un sector político específico. Son los 20 consejeros regionales quienes suscriben la respuesta, lo que convierte el episodio en algo bastante más complejo que una tradicional pugna entre oficialismo y oposición.

El CORE también utiliza un lenguaje severo. Afirma que Saffirio “decidió impedir” que la propuesta de los consejeros fuera sometida a votación y que, en cambio, ordenó votar exclusivamente su Mensaje N.º 160.

El CORE exige disculpas públicas

La declaración termina elevando todavía más el tono. Los consejeros no se limitan a defender su actuación: exigen directamente que Saffirio rectifique sus dichos y ofrezca disculpas públicas.

“Las diferencias pueden existir; lo que no corresponde es presentar como un intento de ‘cambiar las reglas’ aquello que constituye el ejercicio legítimo de nuestras atribuciones legales”, señalaron.

También advierten que no permitirán que su representación territorial sea silenciada ni que se les impida ejercer las atribuciones que aseguran les entrega la ley.

1.271 organizaciones en medio de una pelea que recién comienza

Más allá de las acusaciones cruzadas, existe una consecuencia concreta: el financiamiento permanece atrapado en una disputa institucional que amenaza con prolongarse.

Saffirio anunció que utilizará las herramientas legales disponibles para defender la nómina de 1.271 proyectos que considera legítimamente seleccionados. El CORE, en tanto, mantiene que el procedimiento requería su pronunciamiento y que su propuesta se construyó únicamente entre los 2.053 proyectos que ya habían obtenido recomendación técnica favorable.

Por ahora, por tanto, ninguna de las dos acusaciones centrales puede presentarse simplemente como un hecho establecido. La afirmación de que el CORE pretendía beneficiar organizaciones “a dedo” corresponde a la acusación de Saffirio; la tesis de que los consejeros estaban ejerciendo legítimamente sus atribuciones corresponde a la defensa institucional del CORE.

Lo indiscutible es la magnitud de la fractura: un gobernador enfrentado a los 20 integrantes del Consejo Regional, cerca de $10 mil millones sin aprobación y cientos de organizaciones esperando una definición.

Y detrás del choque aparece una discusión que probablemente será mucho más importante que las frases cruzadas: quién tenía jurídicamente la facultad para definir la nómina final, en qué momento del procedimiento se encontraban realmente los proyectos y hasta dónde podía intervenir el CORE después de conocida la evaluación técnica. Resolver esas preguntas será clave para determinar si hubo un intento de alterar un concurso, como acusa Saffirio, o el ejercicio de una atribución institucional, como responden los consejeros.

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La casa de estudios respondió al anuncio del gobernador René Saffirio de recurrir al Ministerio Público por fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos. La institución advierte que el informe de Contraloría citado por la autoridad no establece que la Universidad haya cometido esos delitos.

Una diferencia sustantiva respecto de los alcances del informe de Contraloría quedó planteada entre el gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, y la Universidad Autónoma de Chile, luego de que la autoridad anunciara acciones penales por convenios suscritos durante la administración regional anterior.

Saffirio anunció que recurrirá al Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, apuntando a la Universidad Autónoma, exautoridades y funcionarios a raíz de antecedentes contenidos en el Informe Final de Auditoría N.º 744 de la Contraloría General de la República.

La respuesta de la casa de estudios apunta precisamente a ese punto. La Universidad sostiene que existen observaciones del organismo fiscalizador que deben ser revisadas y aclaradas, pero enfatiza que Contraloría no concluyó que la institución haya cometido ninguno de los delitos enumerados públicamente por el gobernador.

“El informe no establece que la Universidad Autónoma de Chile haya cometido los delitos mencionados públicamente”, señala la declaración, agregando que la determinación de eventuales responsabilidades corresponde exclusivamente a los organismos competentes.

Observaciones de Contraloría y delitos denunciados

La diferencia resulta relevante porque separa dos ámbitos: las observaciones administrativas y financieras contenidas en una auditoría y las eventuales responsabilidades penales que ahora Saffirio pretende que investigue el Ministerio Público.

La propia Universidad reconoce que el informe contiene observaciones específicas, entre ellas materias relacionadas con documentación tributaria presentada por determinados beneficiarios y un saldo respecto del cual Contraloría instruyó al Gobierno Regional solicitar su restitución.

Sin embargo, recalca que esas observaciones “no comprenden la totalidad de los programas ni de los recursos transferidos” y que será la investigación de los organismos competentes la que deberá establecer si existen o no responsabilidades de carácter penal.

La controversia involucra 10 convenios y 12 programas desarrollados entre 2022 y 2023, es decir, durante la administración regional anterior, por aproximadamente $21 mil millones.

La Universidad también cuestionó la interpretación pública del monto involucrado.

Según precisó, los aproximadamente $21 mil millones corresponden al total de recursos transferidos para ejecutar los convenios examinados por Contraloría, y no a una cantidad que el organismo fiscalizador haya determinado como defraudada, no rendida o utilizada irregularmente.

“La cifra de aproximadamente $21 mil millones mencionada públicamente corresponde al total de los recursos transferidos para la ejecución de los convenios examinados”, sostuvo la institución.

Por ello, la Autónoma plantea dos precisiones frente a las acusaciones: ni los $21 mil millones representan, según Contraloría, un monto defraudado, ni el informe establece la comisión de los cuatro delitos mencionados por Saffirio.

Universidad apunta a decisiones del Gobierno Regional

La casa de estudios también puso énfasis en cómo se originaron los programas cuestionados.

De acuerdo con su declaración, participó como entidad ejecutora de 12 programas correspondientes a diez convenios, destinados a iniciativas de reactivación económica, apoyo a MIPYMES, zonas rezagadas, transferencia tecnológica e innovación productiva y turística.

La institución sostiene que esas materias fueron definidas por la autoridad regional y afirma que “la priorización, asignación de recursos y aprobación de los convenios correspondieron solamente al Gobierno Regional”.

Con ello, la Universidad busca delimitar su responsabilidad como entidad ejecutora respecto de las decisiones adoptadas originalmente para seleccionar las iniciativas y destinar los recursos públicos.

Rendiciones continúan en proceso

Otro elemento que la Universidad considera necesario precisar es el estado de las rendiciones. Según explica, los $6.929 millones consignados como pendientes corresponden a un corte efectuado al 30 de junio de 2024 y no reflejarían la situación actual, debido a que posteriormente continuó entregando y complementando antecedentes.

Actualmente, 4 de los 12 programas, correspondientes a aproximadamente $1.750 millones, cuentan con cierre formal del Gobierno Regional. Los ocho restantes, por cerca de $19.870 millones, según la Universidad, se encuentran ejecutados y presentados a rendición, aunque todavía está pendiente que el GORE concluya su revisión y cierre administrativo.

Saffirio lleva los antecedentes a la justicia

El gobernador René Saffirio, en tanto, decidió avanzar por la vía penal luego de conocer los resultados de la auditoría realizada sobre convenios correspondientes a la administración anterior.

Además de anunciar la presentación de antecedentes ante el Ministerio Público por eventuales delitos de fraude al fisco, negociación incompatible, estafa y lavado de activos, la actual administración regional instruyó sumarios administrativos y puso antecedentes a disposición de otros organismos públicos.

Será precisamente la investigación penal la que deberá determinar si las observaciones detectadas por Contraloría pueden configurar alguno de los ilícitos planteados por el gobernador y establecer eventuales responsabilidades individuales.

La Universidad Autónoma manifestó que entregará los antecedentes que le sean requeridos y aseguró contar con cuentas bancarias exclusivas para los proyectos, mecanismos internos de control del gasto, revisión jurídica de contratos y respaldo documental.

De esta manera, la discusión ya no se concentra únicamente en las observaciones detectadas en los convenios de la administración anterior, sino también en el alcance que Saffirio les atribuye al anunciar públicamente cuatro eventuales delitos que, según recalca la Universidad Autónoma, no fueron establecidos por el informe de Contraloría.

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El presidente nacional de FENATE, Lenin Arroyo Vega, lanzó duras acusaciones contra el gobernador René Saffirio luego de que el  Gobierno Regional dejara vencer, según la Federación, el plazo  legal para responder una solicitud sobre desvinculaciones y actuaciones que involucran a dirigentes con fuero gremial. “Saffirio es un desgobernador que siempre ha pasado por sobre el estado de derecho”, afirmó el dirigente.

Una dura ofensiva abrió la Federación Nacional de Trabajadores del Estado (FENATE) contra el  Gobierno Regional de La Araucanía y el gobernador René Saffirio. La organización presentó un amparo ante el Consejo para la Transparencia (CPLT), acusando que el organismo regional no respondió dentro del plazo legal una solicitud que exige antecedentes sobre desvinculaciones, traslados y otras actuaciones relacionadas con dirigentes gremiales amparados por fuero.

Pero FENATE fue más allá de la acción administrativa. Su presidente nacional, Lenin Arroyo Vega, responsabilizó políticamente al gobernador y lanzó una de sus críticas más duras contra la actual conducción del Gobierno Regional.

“Saffirio es un desgobernador que siempre ha pasado por sobre el estado de derecho, por sobre las leyes, y con esta acción lo demuestra. No vamos a permitir que en democracia se nos niegue información por el sólo hecho de que el señor Saffirio actúe como patrón de fundo, como dueño de la pelota y que cuando se taima se la lleva para la casa. Él es un funcionario público y debe responder por sus acciones”, afirmó Arroyo.

Gobierno nacional y regional

FENATE acusa silencio total del Gobierno Regional

El conflicto se originó el 6 de julio de 2026, cuando FENATE ingresó a través del Portal de Transparencia una solicitud de acceso a información pública, identificada bajo el código AB085T0001548.

De acuerdo con los antecedentes presentados por la Federación, el propio Gobierno Regional estableció en su acuse de recibo que la fecha máxima para entregar la información era el 4 de agosto de 2026.

Sin embargo, FENATE sostiene que esa fecha llegó sin que existiera respuesta total ni parcial. Según el amparo, tampoco se comunicó una prórroga fundada, se solicitó una subsanación o se informó una derivación por incompetencia.

Precisamente este silencio es el que motivó la arremetida de Arroyo Vega, quien cuestionó que una institución pública pueda dejar sin respuesta una petición de estas características, particularmente cuando los antecedentes solicitados se relacionan con derechos y actuaciones que afectan a dirigentes gremiales.

Instituciones gubernamentales

¿Qué antecedentes busca conocer FENATE?

Uno de los aspectos más sensibles del requerimiento apunta a las desvinculaciones de dirigentes con fuero gremial ocurridas desde el 6 de enero de 2025.

La Federación solicitó estadísticas y antecedentes administrativos sobre esos casos. Además, pidió autorizaciones, permisos, citaciones y registros de asistencia del funcionario Félix Contreras Contreras, correspondientes al período comprendido entre el 1 y el 6 de julio de 2026.

El requerimiento también exige los actos administrativos terminales y documentos asociados a las desvinculaciones de Marjorie Schwartz, Diego Villagra y Mario Fuentes.

Finalmente, FENATE solicitó antecedentes de destinaciones, comisiones de servicio o modificaciones de funciones de dirigentes gremiales y las autorizaciones escritas que eventualmente correspondieran.

Para la Federación, conocer estos documentos resulta fundamental para establecer si las medidas que afectaron a dirigentes amparados por fuero se ajustaron a las disposiciones de la Ley N.º 19.296.

Materiales y servicios jurídicos

“Debe responder por sus acciones”

El tono empleado por Lenin Arroyo refleja que FENATE no considera lo ocurrido como una simple demora administrativa. En su comunicado, la Federación sostiene que la ausencia de respuesta dificulta el ejercicio oportuno de acciones de tutela y eventuales presentaciones ante organismos de control. También plantea que la situación podría tener un efecto inhibitorio sobre la actividad gremial dentro del propio Gobierno Regional.

“Él es un funcionario público y debe responder por sus acciones”, sentenció el presidente nacional de FENATE.

La Federación plantea además en su recurso que la eventual existencia de delegaciones internas de firma no extinguiría el deber de pronunciamiento radicado en la autoridad superior del servicio.

Piden que se analicen eventuales responsabilidades

FENATE solicitó al Consejo para la Transparencia que declare que el  Gobierno Regional infringió el artículo 14 y el principio de oportunidad contemplado en la Ley de Transparencia, y que ordene entregar los cuatro capítulos de información requeridos.

Formularios legales

Pero el recurso incorpora otro elemento relevante: la Federación pidió que el Consejo pondere los antecedentes para determinar si los hechos pueden configurar alguna de las infracciones previstas en el Título VI de la Ley de Transparencia.

Para ello solicita establecer qué unidad recibió el requerimiento, cuándo fue asignado, qué gestiones se realizaron, qué jefaturas y funcionarios intervinieron y cuáles eran las delegaciones vigentes en materia de transparencia. El escrito precisa que aquello debe efectuarse sin prejuzgar responsabilidades individuales.

Asimismo, FENATE pide que, si algún documento requerido no existe, esa situación no sea informada mediante una respuesta genérica, sino certificada mediante un acto administrativo fundado que detalle las unidades, sistemas y repositorios revisados para buscarlo.

FENATE anuncia seguimiento público del caso

El amparo fue suscrito por Lenin Arroyo Vega el 9 de agosto de 2026 y la Federación anunció que realizará un seguimiento público de su tramitación, además de evaluar otras acciones que pudieran corresponder ante los organismos de control.

Instituciones gubernamentales

El caso queda ahora en manos del Consejo para la Transparencia, que deberá pronunciarse respecto de la acción presentada.

El recurso establece expresamente que FENATE no está solicitando al CPLT que determine la legalidad o ilegalidad de las desvinculaciones, destinaciones o cambios de funciones, sino que garantice el acceso a los antecedentes administrativos existentes.

Mientras aquello se resuelve, el conflicto ya escaló desde una solicitud de información hasta una abierta confrontación entre la Federación y la máxima autoridad regional, con Lenin Arroyo emplazando directamente a Saffirio a “responder por sus acciones”.

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En una jornada marcada por un amplio despliegue territorial, las altas jefaturas de las distintas divisiones del Gobierno de La Araucanía participaron activamente en instancias público-privadas y comisiones del Consejo Regional (CORE) realizadas en diversas comunas, respaldando iniciativas estratégicas para el desarrollo, la conectividad, el fortalecimiento municipal, la seguridad habitacional y la planificación territorial.

La acción responde a la instrucción del Gobernador Regional, René Saffirio, de fortalecer la presencia institucional en terreno y trabajar directamente con municipios, servicios públicos, dirigentes sociales y comunidades para acelerar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias de La Araucanía.

Victoria: impulso al turismo y al desarrollo productivo

La jornada comenzó en la comuna de Victoria, donde el jefe de la División de Fomento e Industria, Marco Gallardo, participó en la sesión del Consejo Directivo de la Ruta Lagos y Volcanes. La instancia permitió coordinar acciones para fortalecer el desarrollo económico y turístico del territorio, en línea con la estrategia regional de potenciar la competitividad y el crecimiento sostenible.

Cholchol: fortalecimiento de la gestión municipal

En forma paralela, en la comuna de Cholchol, la jefa de la División de Infraestructura y Transporte (DIT), Tamara Torres, participó en la Comisión N°1 del CORE, donde fue aprobada la propuesta de modificación presupuestaria para transferir recursos a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), a través del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB).

La iniciativa permitirá financiar nueve proyectos de asistencia técnica para municipios de la región, fortaleciendo sus capacidades para desarrollar iniciativas de infraestructura básica y reducir brechas territoriales. La propuesta será ahora sometida a votación del pleno del Consejo Regional.

Padre Las Casas: más conectividad para sectores rurales

Al mediodía, la jefa de la División de Desarrollo Social y Humano, Érica López, participó en la Comisión N°10 del CORE realizada en Padre Las Casas, donde se aprobó el proyecto de mejoramiento del camino Metrenco–Misión Inglesa.

La iniciativa considera una inversión superior a los $10.954 millones financiados por el Gobierno Regional, a través del Fondo de Apoyo al Transporte Público y la Conectividad Regional, para intervenir 7,9 kilómetros de camino, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de cientos de familias del sector rural. El proyecto deberá ser ratificado por el pleno del CORE.

Saavedra: nueva Zona de Desarrollo para la Costa Araucanía

Durante la tarde, el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, Felipe Marchant, participó en la comisión realizada en Saavedra, donde se aprobó la propuesta de creación de la nueva Zona de Desarrollo "Costa Araucanía-Centro".

Esta nueva área estratégica integrará a las comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén, Cholchol y Galvarino, con el propósito de focalizar la inversión pública, disminuir brechas sociales y promover un desarrollo más equilibrado, inclusivo y sostenible. La propuesta continuará ahora su tramitación en el pleno del Consejo Regional.

Temuco: mayor seguridad para familias de Villa Andina

La jornada concluyó en Temuco, donde Tamara Torres (DIT) participó en la comisión que aprobó la reposición de los muros de contención del Condominio Villa Andina.

El proyecto contempla una inversión cercana a los $2.895 millones y beneficiará directamente a 1.480 personas, permitiendo mitigar riesgos de deslizamientos de tierra y entregar mayor seguridad a las familias que habitan este conjunto habitacional. La iniciativa será presentada para su aprobación definitiva ante el pleno del CORE.

Balance de la jornada

Al término del despliegue, la jefa de la División de Infraestructura y Transporte, Tamara Torres, valoró la presencia simultánea de las distintas divisiones del Gobierno Regional en el territorio, destacando que esta forma de trabajo permite acercar la gestión pública a las comunidades y agilizar la toma de decisiones.

"Estamos muy contentos porque hoy pudimos ver al Gobierno Regional, a través de sus divisiones, desplegado por todo el territorio de La Araucanía: en la costa, en el sector centro, en Padre Las Casas y en Cholchol, participando activamente en las distintas comisiones del Consejo Regional. Ha sido una jornada muy importante, porque hemos recibido el reconocimiento de vecinos, dirigentes y alcaldes por la celeridad con que está trabajando el Gobierno Regional para responder a las emergencias y, sobre todo, por la escucha activa que mantiene con los territorios", señaló.

La alta ejecutiva del Gore agregó que "gracias al trabajo desarrollado en estas comisiones fue posible avanzar en la toma de decisiones para que mañana el pleno del Consejo Regional pueda aprobar importantes iniciativas que impulsan nuestra misión institucional, que es promover el desarrollo regional y mejorar la calidad de vida de las personas en La Araucanía".

Con este despliegue territorial, el Gobierno Regional reafirma su compromiso con una gestión cercana, descentralizada y alineada con los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) Araucanía 2040, promoviendo una distribución equitativa de la inversión pública y un desarrollo con mayor justicia territorial para las 32 comunas de la región.

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El proceso se extenderá por 365 días e incluirá la participación de municipios, gremios, empresarios, organizaciones y actores vinculados al turismo en toda la región.

Con la participación de empresarios turísticos, gremios, autoridades comunales y regionales, este viernes se dio inicio oficial al proceso de construcción de la primera Política y Plan Regional de Desarrollo Turístico de La Araucanía, iniciativa impulsada por el Gobierno Regional que busca establecer una visión compartida y de largo plazo para uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento económico en la región.

La actividad se realizó en el edificio del Gobierno Regional y reunió a representantes de gremios hoteleros y gastronómicos, operadores turísticos, cámaras de turismo y comercio, alcaldes, concejales, consejeros regionales y delegaciones municipales provenientes de distintos territorios de La Araucanía.

El proceso contempla una duración de 365 días y busca elaborar el instrumento de planificación turística más amplio desarrollado hasta ahora en la región, estableciendo lineamientos, objetivos y acciones orientadas a fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico y de valorización del patrimonio natural y cultural.

Durante el lanzamiento, el gobernador regional René Saffirio destacó la importancia de construir una estrategia que entregue continuidad y proyección al sector.»Hoy estamos cumpliendo un compromiso que asumimos con el sector turístico de La Araucanía. Lo que necesitamos es una estrategia de largo plazo que entregue continuidad, certezas y una visión compartida para el desarrollo turístico regional. Nuestro desafío es transformar las enormes ventajas naturales y culturales que tiene la región en más empleo, más emprendimiento y más oportunidades para las familias», señaló.

La iniciativa contempla cinco fases de trabajo, 16 etapas, 19 productos y más de 150 actividades distribuidas en los 32 municipios de La Araucanía.

Entre ellas se incluyen diagnósticos territoriales, instancias de participación ciudadana y espacios de validación con actores públicos y privados vinculados al turismo.

El presidente de la Comisión de Fomento Productivo y Turismo del Consejo Regional, Eduardo Hernández, destacó que esta herramienta permitirá orientar el trabajo conjunto entre instituciones y territorios.»Estamos construyendo una carta de navegación para proyectar el turismo desde la cordillera hasta la costa, identificando desafíos, pero también poniendo en valor las enormes oportunidades que tiene La Araucanía. Por eso la invitación es a participar, porque el éxito de este proceso dependerá de todos», afirmó.

Uno de los ejes centrales del trabajo será la elaboración de un diagnóstico participativo que identifique fortalezas, brechas y oportunidades en los distintos destinos turísticos de la región, entre ellos Araucanía Andina, Araucanía Lacustre, Costa Araucanía, Nahuelbuta y Temuco y sus alrededores.

El alcalde de Curarrehue, Daniel Parra, valoró la iniciativa y señaló que permitirá avanzar en la solución de necesidades que afectan a las comunas con vocación turística.»Para las comunas turísticas este proceso es fundamental, porque debe traducirse en acciones concretas que permitan potenciar nuestros atractivos y resolver necesidades de infraestructura que hoy limitan el desarrollo», sostuvo.

A partir de la información recogida se diseñará el marco estratégico de la futura política regional, definiendo una visión compartida, metas, líneas de acción e indicadores que orienten las decisiones de inversión y desarrollo del sector durante los próximos años.

La metodología también considera la conformación de un Equipo Estratégico integrado por representantes de servicios públicos, municipios, gremios y academia, quienes acompañarán el proceso mediante observaciones y validación de propuestas.

La directora de la zona sur de Les Toques Blanches, Pablina Morales, destacó el aporte de la gastronomía regional al desarrollo turístico.»La gastronomía local tiene una identidad propia y es fundamental para fortalecer el turismo y proyectar experiencias de nivel internacional para quienes visitan La Araucanía», indicó, resaltando productos identitarios como el piñón, la murta y la chaura.Por su parte, la presidenta de la Sociedad de Turismo Mapuche, Elizabeth Painemal, valoró el carácter participativo de la iniciativa.

«La diversidad del turismo regional hace indispensable el trabajo articulado y colaborativo, por lo que valoramos que este proceso considere la participación de todos los territorios y organizaciones», expresó.

Con este proceso, La Araucanía busca construir una hoja de ruta consensuada para impulsar un turismo sostenible, inclusivo y con identidad territorial, fortaleciendo la coordinación entre el sector público y privado y generando nuevas oportunidades de desarrollo para toda la región.

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Una positiva evaluación realizaron miembros del Consejo Regional de la Cuenta Pública 2025 presentada este miércoles por el Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, instancia donde se destacó el orden y fortalecimiento institucional instalado en este período, la buena ejecución presupuestaria del 96% y el avance de inversiones en las 32 comunas de la región.

Más allá de las diferencias políticas, las declaraciones coincidieron en revelar un elemento común: el fortalecimiento del trabajo transversal dentro del Consejo Regional y el foco puesto en una distribución más equitativa de los recursos públicos, especialmente hacia sectores históricamente rezagados.

El Gobernador René Saffirio lo expuso con claridad, al destacar el alto porcentaje de unanimidad, cercano al 95% de todas las votaciones, con que se respaldan las iniciativas propuestas al Consejo Regional por el ejecutivo.

CORES opinan

El consejero regional Julio Marileo (Independiente-Frente Amplio) destacó la ejecución presupuestaria de 96% en 2025, que aseguró la inversión pública en todas las comunas de La Araucanía. “Hay un avance muy importante respecto de los proyectos de inversión regional. Se están involucrando las 32 comunas y eso es positivo porque permite la equidad territorial y que los recursos pueden llegar a todos lados frente a las necesidades más puntuales que tiene la región”, agregó.

El representante del pueblo mapuche en el Consejo Regional, explicó que “hay varios desafíos por delante; como lograr acuerdos para que pensemos en la región, porque finalmente atacamos las necesidades puntuales. Estoy contento con lo que nos acaba de presentar el Gobernador, por lo que ahora iremos a revisar más en profundidad lo que dice la rendición”.

El consejero Hugo Monsalve (Independiente – Evopóli) también destacó el proceso de ordenamiento institucional, a través de la reestructuración del Gobierno de La Araucanía en el fortalecimiento del Departamento Jurídico y la creación de la nueva Unidad de Control. “Se ha ido cumpliendo la temática que propuso de ordenar la casa y eso es importante, ya que había algunos desórdenes. Ahora hay que trabajar realmente por nuestra región”.

Así mismo, el consejero de Malleco destacó el logro de acuerdos transversales, pese a las diferencias políticas. “Si bien es cierto que somos de diferentes pensamientos políticos, pero rápidamente por el bien común y por el bien de la de la gente, llegamos a acuerdo y aceptamos las mociones que nuestro Gobernador René Saffirio, ha colocado en la mesa. Tantos adelantos que tenemos hoy en educación, transporte y salud”, agregó.

En la misma línea, la consejera regional Mónica Rodríguez (Partido Demócrata Cristiano) valoró que la inversión pública subiera a un 27,9% en la Provincia de Malleco, representando un incremento del 5% en comparación al 2024.

“Quiero destacar y agradecer al Gobernador por su cuenta pública, que ha sido muy concisa, justa y abordando todas las temáticas que hemos desarrollado a través del Gobierno Regional, lo que sin duda es un recordatorio de todo el trabajo que hemos realizado en conjunto con el Gobernador, en particular por Malleco; en términos de poder llevar más recursos a cada una de las comunas de la provincia. Eso se valora porque también lo manifestó, hay un avance importante, de un 5% de lo que normalmente se había hecho en años anteriores”, agregó.

Desde una mirada similar, el consejero Miguel Ángel Contreras (Independiente) relevó el carácter transversal del actual Consejo Regional y planteó la necesidad de seguir avanzando en la descentralización.  “Nos falta todavía, quizás más descentralización para que los gobiernos regionales podamos hacer más cosas. Está la voluntad y eso se nota en este Gobierno Regional, por lo menos, en este Consejo Regional, que es realmente transversal. Vamos haciendo las cosas, nos falta todavía en caminos, Agua Potable Rural, pero estamos trabajando, como lo dijo muy bien el Gobernador”.

Por su parte, el consejero Cristian Herrera (Demócratas) manifestó sentirse “contento y orgulloso” de ser parte de un proceso donde la inversión pública llega efectivamente a los territorios. “Esta es la primera cuenta que le corresponde a la ejecución de nuestro Gobernador, René Saffirio. La verdad que bastante contento y orgulloso de poder ser parte de este proceso en el que se ha ido mejorando los procesos de la inversión, donde hemos visto de forma efectiva cómo los recursos están llegando a quién corresponde”.

De la misma manera, el consejero Herrera agradeció el trabajo de los equipos técnicos del Gobierno de La Araucanía. “Quiero, de igual manera, agradecer el tremendo trabajo que han tenido los funcionarios y los directores de cada unidad, además del trabajo que se ha hecho con el Consejo Regional, que ha sido, a pesar de las diferencias, un trabajo de cohesión en el que hemos sabido abordar los desafíos”.

Uno de los puntos más reiterados por los consejeros fue la priorización de inversiones en áreas sensibles para la ciudadanía, según comenta la consejera Patricia Paillao.

“Es esperanzador escuchar el discurso del Gobernador en esta cuenta pública, porque pone énfasis en cuestiones que son urgentes y que son emergencias para nuestra región, como son los caminos, el Agua Potable Rural, educación e infraestructura en educación y en salud, que para nosotros ha sido un amplio consenso trabajar por esas temáticas”, detalló la consejera regional del Frente Amplio.

Finalmente, el consejero Roberto Paredes (Partido Demócrata Cristiano) enfatizó que, pese a las diferencias de opinión, el Consejo Regional ha logrado concordar y respaldar las iniciativas impulsadas por la máxima autoridad regional. “Felicitar al Gobernador, creo que, a pesar de la diferencia de opinión, al fin de una temporada hemos concordado y trabajado en conjunto, ya que hemos apoyado todas las iniciativas que él ha tenido. Por tanto, como Consejero Regional somos elegidos por los ciudadanos, por tanto, nos merecemos a ellos”.

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Representantes del Consejo Regional de Fundación Las Rosas se reunieron con el alcalde de Temuco, Roberto Neira y el gobernador regional, René Saffirio para darles a conocer los avances del proyecto. La institución benéfica requiere el apoyo de sectores públicos y privados para sacar adelante la iniciativa, que busca acoger, cuidar y acompañar a más de 130 personas mayores desamparadas en La Araucanía. 

En un diálogo cordial y fluido, autoridades regionales recibieron a representantes locales de Fundación Las Rosas, para darles a conocer los avances sobre el proyecto de nuevo hogar que está desarrollando en Temuco, puntualmente en el sector de Labranza, donde se busca habilitar el antiguo monasterio San José y ponerlo en operaciones para recibir a más de 130 residentes, dada la urgente necesidad social que existe en la Región.

La Presidenta del Consejo Regional de Fundación Las Rosas en La Araucanía, Pilar Álvarez, agradeció al alcalde Roberto Neira y al Gobernador René Saffirio. “Este proyecto representa una esperanza concreta para muchas personas mayores que no tienen redes de apoyo y cuidado, viven solos o están enfermos sin nadie que los ayude. Este es un gran paso, ahora necesitamos el apoyo de la comunidad para esta obra de amor que restaurará la dignidad de muchas personas mayores abandonadas”.

El gobernador regional, René Saffirio, indicó que, “estamos próximos terminar esta primera etapa, para avanzar en la remodelación y trabajos en el inmueble donde antiguamente funcionaba un monasterio de religiosas, que ahora cumplirá esta nueva función al servicio de las personas mayores necesitadas. Pondremos lo mejor de nosotros para sacar adelante este tremendo proyecto, que le entregará dignidad a estas personas hasta el fin de sus días”, afirmó la autoridad regional.

Las obras de reconstrucción y habilitación del nuevo Hogar en Labranza, el primero de Fundación Las Rosas en la Región, tienen un costo estimado en torno a los $5.000 millones.

MÁS HOGARES

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, también destacó el desafío que enfrenta la ciudad en materia de cuidado de personas mayores que viven en situación de pobreza y abandono. “Nuestras cifras de pobreza siguen siendo altas en grupos vulnerables como son las personas mayores de menores recursos; por eso nuestro esfuerzo está puesto en enfrentar estas carencias a través de acciones concretas”, expresó la autoridad.

La realidad regional apunta a una grave escases de camas o cupos de atención para personas mayores vulnerables, además de la existencia de cerca de 40 residencias clandestinas, que operan sin autorización, albergando un promedio estimado de solo 35 personas.

“Queremos contribuir a romper esta brecha y avanzar en un nuevo hogar, debidamente habilitado y de alto estándar para cuidar a las personas mayores de La Araucanía. Queremos que sea el más moderno de la zona”, afirma la jefa regional de Fundación Las Rosas, Vannessa Rosas. “Agradecemos el apoyo de las autoridades locales y ahora debemos avanzar para que más amigos y voluntarios se sumen y logremos no solo construir el nuevo hogar sino darle vida y mantener su operación por mucho tiempo”, agregó.

La Región de La Araucanía enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, superior al promedio nacional y requiere con urgencia más hogares de acogida.

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El recinto fue financiado por el Gobierno de La Araucanía y permitirá fortalecer el deporte, la educación y la vida comunitaria en la capital regional.

Después de años de espera, estudiantes, deportistas y familias del sector Campos Deportivos de Temuco cuentan con un gimnasio completamente renovado, financiado por el Gobierno de La Araucanía con una inversión superior a los $1.279 millones e impulsado por la Municipalidad de Temuco.

La obra recuperó un recinto histórico utilizado por la Escuela Campos Deportivos, clubes deportivos, talleres recreativos y organizaciones sociales del sector.

El proyecto incluyó la renovación de la cubierta, pavimentos, iluminación, baños, camarines y obras exteriores.

Gracias a estas mejoras, niños, niñas, jóvenes y adultos mayores podrán utilizar el gimnasio en condiciones de mayor seguridad, comodidad y accesibilidad.

El gobernador de La Araucanía, René Saffirio, destacó el impacto de la iniciativa para el sector. “Es una obra muy valiosa para el sector Campos Deportivos y Pedro de Valdivia. Esto representa poner en funcionamiento un, absolutamente renovado, Gimnasio en Campo Deportivo”, señaló.

La autoridad agregó que el recinto complementa la infraestructura existente y beneficiará especialmente a los estudiantes del sector. “Esto estaba cerrado porque se había ido deteriorando con el paso de los años, y hoy lo entregamos de nuevo al servicio a la comunidad. Lo que me alegra particularmente por los niños del sector”, afirmó.

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, valoró el trabajo conjunto entre el Gobierno Regional, el Consejo Regional y el municipio. “Estamos felices. Esto es un regalo a la ciudad que por fin lo tenemos y vamos a seguir trabajando para tener siempre mejor infraestructura y de forma digna”, indicó.

Nicol Barón, estudiante de 8° básico y vicepresidenta del Centro de Estudiantes de la Escuela Campos Deportivos, agradeció el apoyo institucional. “Gracias por comprender que invertir en educación, deporte y recreación es también invertir en el futuro de niños, niñas y jóvenes”, expresó.

El consejero regional Mauricio Devaud señaló que esta obra responde a una necesidad planteada por los propios vecinos de un sector emblemático de Temuco.

La recuperación del Gimnasio Municipal Campos Deportivos se suma a otras inversiones orientadas a fortalecer la infraestructura comunitaria y mejorar la calidad de vida de las familias de la capital regional.

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Autoridades comunales se reunieron con el gobernador René Saffirio en Temuco. La medida busca agilizar proyectos de infraestructura y mejorar el acceso a financiamiento estatal.

Alcaldes y representantes de la Asociación de Municipios Costa Araucanía sostuvieron una reunión con el gobernador regional René Saffirio en Temuco para solicitar la continuidad de la Zona de Desarrollo, anteriormente denominada Zona de Rezago, con el objetivo de facilitar nuevas inversiones públicas en el territorio costero.

La instancia se desarrolló en dependencias del Gobierno Regional de La Araucanía y buscó asegurar la continuidad de este instrumento especial de financiamiento para las comunas del borde costero.

La medida permitiría que las iniciativas priorizadas en estos planes puedan ser evaluadas bajo una metodología de costo/eficiencia, agilizando la aprobación de proyectos esperados por las comunidades.

El gobernador regional René Saffirio destacó que “el trabajo conjunto permitirá avanzar en soluciones para territorios históricamente postergados y con índices de pobreza son probablemente de las más altas del país”.

El presidente de la Asociación Costa Araucanía, Guillermo Martínez, señaló que esta estrategia permitirá generar mayores oportunidades y concretar importantes proyectos de infraestructura para las comunas costeras.

En representación del alcalde Baldomero Santos participó el administrador municipal Patricio Aguilera, quien destacó la relevancia de mantener este mecanismo de financiamiento.

Aguilera afirmó que esta herramienta resulta fundamental para avanzar en proyectos prioritarios para Teodoro Schmidt, Barros Arana y Hualpín.

Entre las principales necesidades mencionó iniciativas relacionadas con alcantarillado y mejoramiento de infraestructura pública, demandas históricas de las comunidades del territorio costero.

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