Encuesta aplicada en la región demuestra factibilidad en el uso de celulares para mejorar la gestión pública y ahorrar dinero en trámites

Los avances en telefonía celular y sus usos para mejorar la comunicación entre las personas y las instituciones está lejos de detenerse. Es más, avanza a pasos agigantados, incluso, en apoyo a la gestión de las instituciones públicas.

Así lo demuestran los resultados de una nueva encuesta aplicada a 100 personas que realizaron trámites en el mes de enero en la ciudad de Temuco, que arrojó sorprendentes resultados.

Según las respuestas de los encuestados, un 90% de los usuarios de dos instituciones públicas regionales están interesados en recibir información a través de sus teléfonos móviles para ahorrar tiempo, dinero y hacer más efectiva sus gestiones ante organismos estatales.

La encuesta demostró además que el 45% de las personas, están dispuestos a pagar por dicha información.

Lo anterior puede explicarse porque según la encuesta, un 73% de los usuarios de servicios públicos dice gastar entre $ 500 y $ 1500 en sus traslados hasta las dependencias de los servicios visitados, ello sin estimar el costo de oportunidad que significa el tiempo de traslado y la gestión que para 8 de cada 10 encuestados significó hasta una hora y media.

Según Patricia Torres, alta ejecutiva de Gentemovil, institución regional que desarrolló el estudio “la totalidad de los usuarios de servicios públicos disponen de teléfonos móviles, lo que equivale a tener un computador en cada bolsillo o cartera, porque las personas encuestadas aparte de llamar y recibir llamadas, en un 66% envían mensajes de texto y en un 30% navegan por internet, lo que abre grandes oportunidades de comunicarse con ellos a bajo costo desde las entidades públicas”.

MAS MODERNIZACION DEL ESTADO

Un 52% de los usuarios siente que nunca o casi nunca se respetan sus derechos, especialmente a recibir respuestas en tiempo prudente y sólo un 43% declara sentirse conforme o semiconforme con la atención recibida por las instituciones públicas, a pesar que el Estado ha implementado desde 1990 un complejo sistema de atención al ciudadano, que implica la existencia de más de 1900 oficinas de información reclamos y sugerencias a lo largo del país y que todos los servicios públicos y un 85% de los municipios cuenten con sitios web.

Patricia Torres cree que “aquí hay un enorme desafío público-privado, porque no se ha aprovechado el potencial de los teléfonos móviles en la comunicación con los usuarios de servicios públicos, en municipios, salud o educación, por ejemplo. La tecnología actual permite que las personas pidan y envíen información para sus tramites desde sus casas, descongestionando las oficinas públicas, ahorrando tiempo, dinero y aumentando sus niveles satisfacción”.