Senador Tuma pide agilizar investigación de eventual defraudación de Uniacc a beneficiarios de Ley Valech

El senador Eugenio Tuma solicitó esta mañana al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Andrés Montes, agilizar la investigación de la denuncia que ingresó hace 2 años en el Ministerio Público sobre la comisión de presuntos delitos de universidades como UNIACC ante personas beneficiadas por la Ley Valech, quienes alegaron que mediante engaños se les matriculó en cursos y programas que nunca se llevaron a efecto en su forma y calidad.

El parlamentario recordó que han pasado los años y hay mucha inquietud en los afectados de la Araucanía, que junto con haber sido victimas en el pasado de violaciones a los derechos humanos, han tenido que soportar otro daño donde se les creó una expectativa académica respecto a estudios que no gozan de reconocimiento ni valor formal ante el Ministerio de Educación.

“Se trata de personas mayores de 60 años, que fueron expuestos al escarnio público al detectarse una serie de irregularidades en la implementación de estos programas seudo-académicos, que jugaron con la fe y confianza de miles de personas en todo el país”.

Tuma solicitó al Fiscal Regional la mayor agilidad en la investigación “ya que según los antecedentes entregados el 2010 por el programa Esto No Tiene Nombre, este casopudiera tener una magnitud mucho mayor, considerando la cuantía de los recursos públicos involucrados, que ya superan con creces los 5 mil millones de pesos, pagados por el Estado a solo una Casa de Estudios Superiores, que habría acaparado casi el 80% de los recursos previstos al 31 de diciembre de 2008, según indica el Informe 248/09 de fecha 13 de enero de 2010 de la Contraloría General de la República.

Por último el Senador Eugenio Tuma espera que el Ministerio Público culmine cuanto antes la labor de investigación. “Esto es indispensable, tras dos años ya transcurridos, con casos que comprometen valores como son la reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la probidad en las actuaciones de los órganos de la Administración y la fe pública comprometida en las actuaciones de las Instituciones de Educación Superior del país”, concluyó.