Por: Senador Alberto Espina
Uno de los principales compromisos de campaña de la Presidenta Bachelet fue lograr que los jóvenes de nuestro país reciban una educación pública de calidad, para lo cual enviaría los proyectos de ley que permitieran avanzar en esa dirección.
Sin duda tan noble objetivo es compartido por todos los chilenos, ya que existe suficiente evidencia en el mundo que demuestra los enormes beneficios que tiene para las nuevas generaciones recibir buena educación.
Lo inexplicable es que transcurridos más de siete meses de Gobierno, no se ha enviado ninguna iniciativa en esa dirección al Parlamento. Todos esperábamos que los primeros proyectos de la Presidenta Bachelet abordarían la siempre postergada situación de los profesores y los cambios en la educación pública, específicamente, la municipalizada. Nada de eso ha ocurrido.
Por el contrario, el Gobierno envió un proyecto de ley que afecta directamente a la educación particular subvencionada. Tampoco se refiere en nada a la calidad de la educación. Lo que busca es terminar con la selección de los alumnos, con el copago que hacen los padres y con la posibilidad que los sostenedores o dueños de estos colegios puedan tener como retribución a su trabajo una legítima ganancia.
En el fondo, el proyecto lo que pretende es jibarizar para, a la larga, terminar con la educación particular subvencionada. Se impide que los colegios a contar de sexto básico puedan seleccionar a los alumnos. Es decir, un estudiante que quiere cambiarse a un colegio de mejor calidad, nada saca con esforzarse y prepararse para lograrlo porque al final todo lo resuelve una tómbola. En conclusión, cero incentivo para los buenos alumnos.
A los padres se les impedirá aportar recursos a la educación de sus hijos, a pesar que quieran hacerlo y a los sostenedores no sólo se les impide tener legítima ganancia, sino además se le ponen tantas trabas que en la práctica muchos de ellos se verán en la obligación de transformarse en colegios particulares pagados o derechamente cerrar.
Para el Gobierno la opinión de los padres no importa, sino tendría en consideración que del año 1990 a la fecha los alumnos en los colegios particulares subvencionados han aumentado de un 31% a un 52% aproximadamente. Tampoco importa que más del 80% de los sostenedores tengan un solo colegio y que el 70% de ellos son profesores con establecimientos que tienen en promedio 350 alumnos y no funcionan como red.
En conclusión, estamos frente a un muy mal proyecto, que ignora la calidad de la educación, que afecta el derecho de los padres de elegir dónde quieren que estudien sus hijos e impide que los buenos estudiantes tengan el derecho, en base a sus méritos, a acceder a mejores colegios. Espero que en el Senado exista la voluntad de corregir este proyecto pensando en los padres y los estudiantes y no ignorándolos como hasta ahora.
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