Este hecho ha tomado reciente connotación pública luego que la Corte de Apelaciones de Temuco, resolviera admitir a trámite la acción interpuesta por vecinos de ambas localidades, debido a la contaminación con manganeso, hierro y otros metales pesados que afecta a las aguas superficiales y subterráneas de la zona, situación que determinó la orden judicial a repartir agua potable con camiones aljibes a los habitantes de la zona, junto con practicárseles los exámenes médicos que corresponda para cautelar su salud.
Rathgeb como integrante de la comisión del Medioambiente de la Cámara Baja señaló que ante este episodio -que no es reciente sino que es recurrente hace unos 20 años-, resulta imperioso que los organismos públicos establezcan medidas de control y fiscalización definitivos a esta situación manifestando que desde estos servicios se debiera establecer un estudio que determine cuál es el nivel de contaminación que presentan estos esteros y sus reales efectos a la comunidad.
“Solicito a las seremis de Salud y del Medio Ambiente a fin de que informen qué medidas han tomado después de las denuncias hechas por los propios vecinos y la autoridad municipal respecto de la contaminación que existiría de estos dos esteros, teniendo en cuenta que estos torrentes son usados para el consumo animal y para el riego de productos que finalmente tendrán como objetivo el consumo humano”, dijo Rathgeb.
Según los vecinos denunciantes, la responsabilidad directa de esta alerta ambiental radica en la negligente acción de la empresa de celulosa CMPC Pacífico, precisándose que los problemas que se manifiestan por esta contaminación radican en altas tasas de cáncer, enfermedades cutáneas, malformaciones, abortos espontáneos y otras afecciones.
Además, acusan que pese a las denuncias, no han tenido una respuesta adecuada por parte de la autoridad sanitaria, habiendo sido imposible, hasta ahora, tener una medición que les dijera cuales eran efectivamente los niveles de la contaminación.
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