El senador Alberto Espina llegó hoy hasta la Fiscalía Regional de La Araucanía para reunirse con el Fiscal Cristian Paredes y realizar un análisis respeto a las medidas que se deben adoptar para que los juicios sobre violencia rural en la Araucanía, y otros delitos comunes de gravedad, no se dilaten y queden impunes.
Terminada la reunión, la cual duró aproximadamente una hora, el senador Espina señaló que “es fundamental llevar adelante cinco medidas concretas con el propósito de lograr mejores resultados en la persecución de los graves delitos que ocurren en la región y de esa forma evitar los altos niveles de impunidad que existen actualmente, lo que genera temor, impotencia, y en mucho casos, indignación en las víctimas que queda desamparados”.
Espina detalló cada una de las medidas: “Primero, darle urgencia al proyecto de ley aprobado por el Senado que tiene por objeto impedir que se dilaten injustificadamente los juicios. Algunos duran más de cuatro años en su tramitación, y cuando se realizan, las pruebas están debilitadas, los testigos se rehúsan a declarar y muchas veces los culpables quedan en total impunidad. Esto ha sido producto de una utilización indebida por parte de las defensas, que recurren a resquicios que permite la ley y así demorar los juicios, como de hecho está ocurriendo en el caso del asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
“La segunda medida es pedirle al gobierno que elabore y ponga en debate en el parlamento una nueva ley de la Agencia Nacional de Inteligencia. La ANI no tiene facultades y atribuciones para cumplir una labor tan importante. Se trata de una agencia anticuada, que aporta poco o nada al éxito de las investigaciones, y que en el caso de La Araucanía tampoco a contribuido al esclarecimiento de los graves delitos que ocurren permanentemente. Lo mismo pasa con los delitos graves que se cometen en el resto del país», precisó el parlamentario.
Además agregó: “La ANI ni siquiera tiene facultades de actuar mediante agentes encubiertos como existen en todos los servicios de inteligencia, obviamente autorizados por un juez de garantía y que se trate de funcionarios policiales que son adscritos a la Agencia Nacional de Inteligencia. Entonces, si la agencia no tiene las facultades mínimas razonables, el resultado es que la labor de persecución penal y captura de los delincuentes se ve gravemente disminuida”.
En tercer lugar, Espina aseguró que “es fundamental dictar el estatuto de protección a los testigos. Hoy en Chile no hay un estatuto de protección a los testigos, entonces no van declarar por temor a ser objeto de venganzas. Esto es un vacío gigantesco en nuestra legislación, reconocido por el propio Ministerio Público y el Ministro del Interior, en su momento Jorge Burgos. Es urgente contar con un sistema completo de protección a los testigos, de tal manera que ellos puedan declarar en el juicio y posteriormente ser protegidos evitando las venganzas. Gran parte de los juicios que quedan sin resultados, es precisamente, porque los testigos no se atreven a declarar por temor a la venganza”.
Una cuarta medida, detalló: “es la utilización de drones. En la región hay una contradicción, porque por un lado las autoridades policiales sostienen que hay drones que están actuando en la región, sobrevolándola. Con las tecnologías que tienen permitiría descubrir a los autores de los delitos y por otra parte, la Fiscalía dice no tener conocimiento de la existencia de los drones. Esto francamente es necesario activarlo. En una región como la nuestra que tiene tantas zonas rurales y delitos que se cometen en ellas, que son difíciles de prevenir, se tendrían muy buenos resultados si estos drones estuvieran operativos.
Finalmente, en quinto lugar, el senador anunció que “le he solicitado al Fiscal Regional que pueda entregar una nómina de las víctimas de la violencia rural, sean mapuche o no mapuche, para presentar el proyecto de ley que busca indemnizarlas mediante la creación de una comisión especial, similar a lo que fue en su momento la Comisión Rettig, en donde cada una de los victimas pueda dar su testimonio frente a esta Comisión y establecerse una indemnización por falta de servicios del Estado. Además, establecer el otorgamiento de créditos blandos, sin intereses, para que puedan iniciar los emprendimientos, producto de haberlo perdido todo en los atentados cobardes de que son objeto, como también generar el apoyo sicológico necesario para lograr rehabilitarse del golpe brutal que significa ser objeto de estos atentados”.
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