En votación unánime fue validado el Plan Regional 2018 de prevención y combate a la delincuencia en las 32 comunas de La Araucanía.
La Intendenta de La Araucanía, Nora Barrientos, destacó la labor mancomunada que se ha llevado a cabo. “Hoy hemos discutido con todos los actores que conforman este consejo sobre cuales cosas tenemos que intensificar y trabajar y a partir de eso hemos aprobado lo que es el plan regional de seguridad pública para el 2018, el que va a contemplar una serie de actividades de coordinación para mejorar las cifras en materia de seguridad en la región”, expresó.
El Consejo Regional de Seguridad Pública, es la instancia intersectorial regional de mayor jerarquía vinculada a la ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública. Es presidido por el Intendente Regional e integrado por los Gobernadores Provinciales, los alcaldes de las comunas de la región, la Seremi de Justicia, un representante de la Corte de Apelaciones respectiva, el Fiscal Regional del Ministerio Público, el Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública, el Jefe de Zona de Carabineros de Chile, el Jefe de Región Policial de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Regional de Gendarmería de Chile, la Directora Regional del Sename, la Directora Regional de Senda y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Junto con destacar la validación del plan, la Coordinadora regional de Seguridad Pública, Claudia Tapia, indicó que “Hoy dimos cuenta del avance del plan regional de seguridad pública 2017 y además presentamos las prioridades para el 2018 las que han sido aprobadas por el consejo por unanimidad, siendo violencia intrafamiliar, robo en lugar habitado, infracción a la ley de drogas y robo de o desde vehículos como los 4 ejes que van a permitir orientar y focalizar el trabajo de las instituciones, porque la seguridad pública no es sólo tarea de las policías, sino de cada uno de los actores públicos, privados y por cierto, de la ciudadanía”, indicó.
Las problemáticas existente en la región fueron identificadas mediante información de instituciones públicas regionales y de cada municipio, además de las estadísticas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo que permitió priorizarlas por orden de prevalencia.
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