En una posición prácticamente unánime de los senadores, la Cámara Alta rechazó y envío a comisión mixta el presupuesto de la Subsecretaria de Prevención del Delito, perteneciente al Ministerio del Interior, debido a la disminución de los recursos para elaborar los planes comunales de seguridad pública.
Espina recordó «que en febrero de este año entró a regir la ley que crea los consejos comunales y planes de seguridad pública, que consisten en que cada municipio diseña sus propios planes de seguridad de acuerdo a su realidad y sobre la base de la participación de las distintas autoridades vinculadas al área, tales como policías, fiscales, representantes del Sename, Senda y de la sociedad civil”.
Cuando este proyecto se aprobó, precisó el senador Alberto Espina, “el Gobierno se comprometió formal y explícitamente a financiar los planes de seguridad de 153 comunas. Pero, sorpresivamente, en la actual Ley de Presupuesto dejó sin recursos a los planes comunales, por lo tanto los municipios no contarán con el dinero para poner en marcha e implementar los planes comunales que son indispensables para disminuir la delincuencia”.
Adicionalmente, Espina sostuvo que «la Ley de Presupuesto disminuye de $13.820 millones a $5.418 millones. Luego a esta cifra, se les restan $3.078 millones destinados a Subsidios para la reparación de la actividad económica de las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos y $669 millones para el financiamiento de las actividades asociadas al programa “Cascos Históricos”.
“El remanente –que son $1.610.740 millones- no se destinaran a los nuevos planes comunales de seguridad, sino que a cerrar los programas antiguos de los 74 municipios. No habrá recursos en los municipios para financiar los planes comunales. Es decir, quedan sin plata para los planes comunales”, precisó.
“Nosotros aprobamos una ley en este Senado el año pasado con el compromiso del Gobierno de que se iban a financiar 153 comunas el año 2018. Entonces los planes comunales que hacen los municipios, con participación de toda la comunidad, que posteriormente se aprueban y son analizados técnicamente por la Subsecretaria de Prevención del Delito, los estamos dejando en $0”, sostuvo.
Finalmente, Espina expresó que «el argumento de que se clausuran los 74 programas porque están mal evaluados, no es correcto. Estos planes de seguridad son nuevos y no tienen nada que ver con los antiguos. Por lo tanto, debemos señalar que estamos dejando sin un peso a los alcaldes, para financiar sus planes de seguridad. De mantener el Gobierno la negativa a aportar recursos los vecinos, quedarán en la indefensión y los delincuentes muy aliviados”, concluyó.
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