Organismos de Transparencia de Iberoamérica se reúnen en Santiago para compartir experiencias y concretar instancias de colaboración

Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA) organizado por el Consejo para la Transparencia, reunió a representantes de 16 países.

Con una década de experiencia, Chile cuenta con una de las leyes de transparencia más consolidadas de la región. De hecho, nuestra norma ha servido de modelo para varias naciones, que durante los últimos años, han adoptado normas que promuevan la probidad y el acceso a la información.

Y ese fue uno de los temas que se abordaron en XV encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información de Iberoamérica (RTA), una instancia de colaboración que hoy se reunió en Santiago para discutir y reflexionar acerca de los desafíos que aún mantiene la región en materia de transparencia y lucha contra la corrupción.

“La experiencia internacional es clave a la hora de abordar mejoras a nuestras leyes de transparencia, que son un mecanismo útil de participación ciudadana, control social y lucha contra la corrupción”, detalló Marcelo Drago, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), entidad que organizó el encuentro internacional.

Este año, la Ley de Transparencia cumple diez años desde su promulgación, por lo que el CPLT, está concretando un proceso participativo a nivel nacional que recogerá la opinión de todos los sectores de la sociedad tendientes a proyectar y perfeccionar esta política pública hacia el futuro.

Mutualidades e ingresos duplicados en Carabineros

Consultado por la prensa, el titular del CPLT también se refirió a las remuneraciones que actualmente reciben altos oficiales de Carabineros que pertenecen a los consejos directivos de algunas mutualidades. Estos pagos serían adicionales al sueldo que reciben por su cargo, lo que a juicio de Drago, representaría una “incompatibilidad”.

“Eso es incompatible con los estándares que exige la ciudadanía en la actualidad. Además, estas organizaciones privadas, que dan servicios a órganos del Estado, deben estar sujetas a estándares de transparencia similares al resto de los organismos públicos”, sentenció Drago.