El CPLT había remitido una comunicación anterior a la policía uniformada y a otros organismos vinculados a seguridad y FFAA para advertir que los registros de detenidos son públicos y la entrega de información sobre detenidos o imputados no puede negarse bajo ninguna circunstancia.
Con la finalidad de que Carabineros de Chile “adopte las medidas necesarias para dar cumplimiento a los principios y normas sobre transparencia y acceso a la información pública” y “subsanar a la brevedad” situaciones que han comprometido la correcta operatividad de su sitio electrónico institucional afectando el acceso a transparencia activa y al sistema de ingreso de solicitudes de acceso a la información, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió oficiar al director General de la institución (Oficio N°1766).
El Consejo Directivo del CPLT instruyó la acción tras verificar a través de un proceso de fiscalización –desarrollado en distintas fechas entre octubre y noviembre- problemas de acceso a la información de transparencia activa (TA) de Carabineros de Chile así como con el canal para ingresar solicitudes de acceso a la información alojado en la página web del organismo.
En el documento, el Consejo reconoce “las exigencias institucionales que ha debido enfrentar” la institución, pero advierte que “ante situaciones que comprometan la operatividad del sitio electrónico institucional o requieran su desactivación temporal, Carabineros de Chile deberá habilitar un plan o mecanismo de contingencia que permita a las personas ejercer el derecho de acceso a la información, conforme a lo establecido en el punto 9 de la Instrucción General N°10 de esta Corporación”.
En la comunicación, el CPLT además ofrece a Carabineros poner a disposición la plataforma del Consejo “Portal de Transparencia del Estado” con el objeto de facilitar la publicación de información en transparencia activa y la gestión de solicitudes de acceso a la información. En la actualidad, el organismo dispone de un sistema dependiente de la propia institución.
La institución de Transparencia había remitido otro oficio (N° 1706) a la policía uniformada y a otras instituciones vinculadas a seguridad -Ministerio del Interior, ramas de las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, entre otras-, realizando una serie de recomendaciones en materia de transparencia proactiva. Entre ellas destacó el carácter de público de los registros de detenidos, tras una serie de denuncias de abogados y ciudadanos que apuntaban a la negativa de entrega de información sobre personas privadas de libertad en el contexto de las movilizaciones que se han sucedido en las últimas semanas a nivel nacional.
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