El diputado independiente René Saffirio, coautor de la iniciativa, explicó que “el agua es la condición necesaria para la vida; por tanto, cualquier afectación es un atentado directo contra la vida de la población, en especial, respecto de aquella que se encuentra en zonas donde la sequía y los problemas de la institucionalidad han generado una afectación directa a su derecho de acceso al agua”.
El parlamentario regional comentó también que “el texto considera como un grave riesgo para la salud de la población cualquier afectación a las aguas que sirven de abastecimiento para la población de localidades afectadas por la sequía o en las que se encuentre vigente un decreto que la declare como zona de escasez hídrica”.
Así mismo incorpora sanciones como la suspensión temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas y contratos sobre derechos de aprovechamientos.
Además, plantea sancionar a quienes, sin autorización, extraigan, usurpen o contaminen aguas terrestres, con la pena de presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a cinco años) y multas de 500 a 5.000 unidades tributarias mensuales.
“Cuando el delito ocasione daño en el medio ambiente o ponga en riesgo la salud de la población, estas penas aumentarán a presidio menor en su grado máximo (tres años y un día a 5 años) a presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años) y las multas de 750 a 7.500 unidades tributarias mensuales”, agregó Saffirio.
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