Panel de expertos convocado por la asociación gremial redactó proyecto de ley de reparación a víctimas que se encuentra en manos del Ejecutivo desde mediados de marzo, el que busca proporcionalidad en la reparación, resarcir daño psicológico y crear una instancia de reclamación administrativa y otra judicial simplificada en caso de no haber acuerdo.
Un sondeo de la Multigremial Nacional realizado a emprendedores de todo el país reveló que el 98% de los encuestados apoya una ley de reparación a víctimas de violencia rural en la denominada macrozona sur, que contempla las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
El levantamiento realizado por la asociación gremial surgió a propósito de los centenares de atentados y hechos violentos perpetrados en la zona desde hace más de 20 años a manos de grupos narcoterroristas organizados.
El presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett, indicó que “los resultados son absolutamente concluyentes. Un 98% de los encuestados cree que debe haber una ley de reparación a víctimas, lo que refleja la necesidad urgente de avanzar en un proyecto que entregue reparación justa y proporcional a las víctimas”.
En esa línea, la encuesta indica que un 96% de los consultados cree que, en caso de haber reparación, ésta debe ser proporcional al perjuicio económico causado, terminando así con las compensaciones a través de organismos públicos que no tienen criterios definidos, que se otorgan por montos inferiores a los daños causados y que no consideran daño psicológico de las víctimas.
Respecto de qué organismo debe impulsar este proyecto para que pueda materializarse en ley del Estado, un 52% de los consultados estima que la iniciativa debe emanar desde el poder Ejecutivo, mientras que un 48% considera que debe hacerlo desde el poder Legislativo.
Swett explicó que “desde la Multigremial Nacional convocamos un grupo de abogados expertos que trabajó durante 6 meses y redactó un proyecto de ley de reparación a víctimas que hoy se encuentra en poder el gobierno, el que esperamos tenga piso político suficiente de parte del Parlamento y del Gobierno para que vea la luz y se transforme en ley”.
En general, el proyecto pretende que las reparaciones sean proporcionales al daño causado, que exista resarcimiento del daño psicológico y moral que sufren las víctimas y también la creación de una instancia de reclamación administrativa y otra judicial simplificada en caso de que no exista acuerdo entre las partes. Todo esto, regiría para todas las víctimas desde el año 2000 en adelante.
La muestra se realizó a 660 personas en forma aleatoria en todo el país. Las regiones donde hubo mayor participación fue La Araucanía, Biobío, Metropolitana y Valparaíso. Los sectores productivos en que se desarrollan los encuestados son Agricultura, Comercio, Forestal y Hotelería y turismo.
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