Estado y pueblo mapuche: una cuestión de entendimiento mutuo

Por Dr. Francisco Bedecarratz , investigador Facultad de Derecho U. Autónoma de Chile

El debate público parece haberse reducido a la violencia rural y su necesaria sanción, por una parte, y a la recuperación de territorios ancestrales al más breve plazo, por la otra. Este enfoque en lo contingente no se hace cargo de una pregunta fundamental, vigente hace más de 200 años de historia del Estado chileno: cómo lograr la coexistencia pacífica e integración de sociedades, que evidencian un origen histórico y trasfondo cultural fundamentalmente distintos.

Resulta necesario recordar que la región de La Araucanía tiene un porcentaje de personas mapuche del 34,3% según el Censo de 2017 (el más alto del país), y es también la más pobre, con un 28,5% de la población en situación de pobreza multidimensional, de acuerdo con la misma medición. Por otra parte, si bien la Región posee la red vial más extensa del país, con 12 mil kilómetros de caminos, posee al mismo tiempo un aislamiento social y económico importante, donde el Estado no ha alcanzado a extender su red de apoyo para contener la vulnerabilidad social.

Los hechos ocurridos durante las últimas semanas nos recuerdan que al parecer vivimos en un deja vu constante, donde el Estado en sí ha estado ausente en los peores momentos. Estamos transitando hacia una fase en la que solo podemos perder y si el Estado no interviene, deteniendo la escalada de violencia e implementando políticas de desarrollo de largo plazo, entonces no es de extrañar que los individuos más violentos de cualquier signo político dominen el discurso público y, con este, el curso de los acontecimientos.

Concordantemente, se deben ejecutar acciones que trasciendan de la crisis coyuntural, estableciendo como prioridad permanente la consolidación de nuestro Estado en el momento histórico actual. Esto significa asegurar las condiciones para la convivencia pacífica entre realidades distintas. Es absolutamente esencial sentarse a conversar y entender la realidad del otro, desde el chileno al mapuche, pero también del mapuche al chileno, haciéndose cargo de la particularidad que representa el hecho que no existe un solo interlocutor para el pueblo Mapuche, sino varios y que requieren todos ser igualmente escuchados. Una vez restablecido el diálogo, es necesario avanzar rápidamente en la toma de medidas concretas.

Es aquí donde queda claro que los desafíos jurídicos para el Estado son dobles.  Por una parte, garantizar el desarrollo sociocultural y económico de los integrantes del pueblo Mapuche e individualizar las responsabilidades legales, tanto civiles como penales, por las graves injusticias que han afectado la región. Esto último implica perseguir y sancionar efectiva y proporcionalmente a quienes protagonizan hechos de gran violencia en la macrozona sur, y que pretenden arrogarse la titularidad de un conflicto y la vocería de un pueblo, pero a su vez también castigar con dureza la discriminación y el fraude que se desarrolla en el contexto intercultural, que han contribuido a la pobreza y marginación de integrantes del pueblo Mapuche de la vida en común. Este segundo desafío es ineludible, pues la atribución de responsabilidades individuales permite delimitar las culpas y desactivar los estigmas colectivos.  Todo lo anterior busca garantizar un principio fundamental, que muchas veces ha estado ausente en La Araucanía y que hoy día parece tan esquivo en el resto de Chile: la justicia.

Se debe trabajar en propuestas de solución, con el fin de aportar en la construcción del nuevo y justo trato que debe primar en el futuro. Sólo de esta manera será posible construir un modelo de convivencia basado en el respeto recíproco y el crecimiento social, económico y cultural de todos.