La normativa dice relación a la prohibición a disolución de grupos violentos. El artículo propone que «las asociaciones, movimientos, organizaciones o grupos de personas, independiente de su forma jurídica de constitución, y que efectuen acciones de carácter criminal, vinculados al narcotráfico, tráfico de armas y otros que señale la ley, también actividades de carácter terrorista o el uso de la fuerza por motivos de carácter ideológicos, ya sea que inciten o promuevan, amparen o ejecuten acciones violentas; serán declaradas disueltos de oficio por los órganos correspondientes, al ser contrarias a esta Constitución, debiendo además, y luego de dicha declaración, ser perseguidos y sancionados por los órganos correspondientes mediante los procedimientos que establezca la ley.”
En el oficio, los constituyentes argumentan que presentan esta norma «en base a la consideración de prevenir, y erradicar a los grupos, sin distinción respecto de la conformación de estos, por el bien y la tranquilidad de nuestro país en base al actuar ilegal y de afectación de derechos que efectuan en base a sus acciones».
En este sentido, Ruth Hurtado, constituyente de La Araucanía, expresó que «queremos que esta Constitución restablezca el Estado de Derecho y que estas asociaciones criminales no sigan operando. La Convención debe ser capaz de asegurar el derecho a vivir en paz y progresar en el lugar de origen».
La propuesta fue anunciada este miércoles, con convencionales que vestían chalecos y casco antibalas.
Una de los constituyentes que portaban estos elementos de seguridad fue Ruth Hurtado, quien señaló que «así viven en La Araucanía. Hay familias completas que recibe disparos constantemente y por seguridad de sus hijos los visten con estos chalecos. Si Joel Ovalle hubiese traído un chaleco y casco, seguramente estaría vivo. No puede seguir ocurriendo esto. No puede ser que para estar en La Araucanía, las personas comunes y corrientes deban estar con elementos de seguridad, sino corren riesgo de morir como en la guerra».
La iniciativa de norma constitucional fue firmada por los convencionales Ruth Hurtado, Martín Arrau, Eduardo Cretton, Claudia Castro, Carol Bown, Pollyana Aguilera, Harry Jürguensen, Cecilia Ubilla y Katherine Montealegre.
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