El gobierno, que hasta hace algunas horas y a través de sus ministros Jackson y Vallejo, había desestimado cualquier acción contra el líder de la CAM Héctor Llaitul, indicando que “este no es un gobierno que vaya a perseguir ideas” y “hemos fijado una posición y en esto no hay cambios al respecto”, expresando así que no se sumarían nuevas acciones legales contra el comunero, dio un vuelco en sus declaraciones comprometiendo el ingreso de nuevas querellas.
La ministra Izkia Siches dijo en conferencia de prensa, frente a los dichos de Llaitul que “a nuestro juicio son constitutivos de delito, donde se atribuye la participación de ellos”, por lo que a dos querellas, de 2019 y 2020, ambas por Ley de Seguridad del Estado se le agregarán nuevos antecedentes. “Así se solicitarán una serie de diligencias investigativas al Ministerio Público, para demostrarle al país con claridad que nuestro gobierno está comprometido con resolver los conflictos de la zona”, finalizó.
La nueva decisión del gobierno modifica la postura que el Ejecutivo había tenido. Esta “voltereta” es en respuesta a las últimas declaraciones de Llaitul, en las cuales llamaba al sabotaje y defendía acciones como quema de maquinarias y escuelas.
La presión para el cambio de opinión del Ejecutivo provino de diversos líderes de opinión nacional, como el fiscal Abbott, quien declaró que se requiere, ante la gravedad de los hechos, realizar una denuncia por parte del gobierno para indagar delitos. Mientras que la CPC, a través de un comunicado, expresaron que las palabras del líder de la CAM “constituyen una grave amenaza al estado de derecho, a la seguridad y al orden público”.
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