Como una muy buena señal calificó el diputado por el Distrito 22, Juan Carlos Beltrán Silva como miembro de la Comisión de Vivienda, la aprobación por unanimidad de la creación de una Comisión Especial Investigadora que se centrará en reunir antecedentes sobre las transferencias de recursos realizadas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y sus seremis, en el marco del programa de asentamientos precarios de esa cartera ministerial para los años 2022 y 2023, con especial atención en lo ocurrido con la fundación vinculada a RD en Antofagasta.
“Estamos muy satisfechos —indicó el Parlamentario Mallequino— de que nuestra comisión investigadora que habíamos firmado 65 diputados, se haya aprobado por unanimidad, eso quiere decir que los próximos días se va a componer y de esa manera poder investigar y establecer responsabilidades administrativas y políticas en la entrega de los recursos en el Ministerio de Vivienda, Fundaciones y ONG y también extenderla a otras reparticiones públicas que están entregando recursos sin ninguna fiscalización previa, por lo tanto, esperamos tener pronto conformación de la comisión”.
Asimismo detalló que “la comisión es un esfuerzo más por obtener respuestas y hacer concreta la responsabilidad política de una serie de funcionarios, incluido el ministro Montes, que si efectivamente no sabía lo que pasaba en su cartera, lo deja en un muy mal pie para seguir a la cabeza de la misma”.
Cabe destacar que entre los antecedentes se recuerda que el citado programa del Minvu ha sido sujeto de múltiples denuncias respecto de transferencias irregulares de recursos. Particularmente, se apunta a la Seremi de Antofagasta, donde se aprobaron convenios que ascienden a los 426 millones de pesos a la organización sin fines de lucro, Fundación Democracia Viva.
Según se resalta, la Fundación presenta fines distintos a los que apunta el programa del Minvu. Por otra parte, solo habría rendido un 3% de los recursos transferidos.
“Es una vergüenza —manifestó el Legislador Curacautinense— lo que se ha detectado, pues se estaría jugando con las necesidades más urgentes de las personas de los asentamientos precarios”.
Finalmente el diputado Juan Carlos Beltrán indicó que una vez conformada, la Comisión Investigadora podrá sesionar en cualquier parte del país y su trabajo se extenderá por un plazo de 60 días.
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