Multigremial de La Araucanía afirma que la intencionalidad de los incendios rurales ocurridos en el centro sur del país son parte de la escalada de violencia que afecta a la zona

Mientras la intencionalidad en la Región del Maule alcanza al 10%, en las Regiones del Biobio y De la Araucanía alcanzan 67% y 57% respectivamente.

Asimismo, los ataques incendiarios y ataques armados en la Macrozona Sur se mantienen en niveles similares en el periodo Enero y Febrero durante los últimos tres años, con 36 en el 2021, 29 en el 2022 y 33 en el 2023.

La Multigremial de La Araucanía (MGA) hizo un análisis de los hechos de violencia de mayor connotación, evaluando los meses de febrero de 2023 y el acumulado anual, y su comparación con el año 2022 y 2021 en la Macrozona Sur. Para ello, se recogieron como delitos en este análisis homicidios, homicidios frustrados, atentados incendiarios y ataques armados como acciones especialmente graves.

Los delitos más graves o violentos, ataques incendiarios y ataques armados, mantienen niveles similares durante los últimos tres años, a pesar de la existencia del Estado de Emergencia en los últimos dos. “Sin embargo, el año 2023, hemos vivido una catástrofe de magnitud nunca vista en el tema de incendios forestales, con graves consecuencias, humanas, sociales, ambientales y productivas. Esta catástrofe está explicada principalmente por alta intencionalidad en el inicio de los incendios, que constituyen una forma más del delito de atentado incendiario, el más común de la crisis de seguridad”, detalló Patricio Santibáñez, presidente de Multigremial de La Araucanía.

“Esto muestra que si bien, hay delitos que han disminuido como robo de madera y usurpaciones, y hay una sensación de mayor seguridad que entrega la presencia de las FFAA en las provincias que están bajo Estado de Emergencia, cifras muestra que no se producen una disminución real ni significativa de los hechos de mayor violencia”, precisó Santibáñez.

Del mismo modo, el informe elaborado por MGA indicó que los incendios en las zonas rurales del centro-sur del país se convirtieron en el eje de la crisis de seguridad, cuyo impacto provocó un aumento de 360% de las superficies quemadas (300 mil hectáreas más que el período anterior). Este análisis se realiza a partir de los datos oficiales obtenidos de CONAF  y SIDCO-CONAF.

La intencionalidad en las regiones de la Macrozona Sur es casi el doble con el 81% de intencionalidad en predios privados y 47% en los incendios atendidos por CONAF. Específicamente en Biobío es de 8 de cada 10 incendios y en La Araucanía 9 de cada 10 incendios que afectan a las empresas son provocados.

“Esto reafirma que la intencionalidad de Incendios son parte de la escalada de violencia relacionada con la Crisis de Seguridad de la Macrozona Sur , entendido también como hechos de alta connotación social que buscan afectar y atacar específicamente a los actores productivos privados como son las plantaciones forestales y productores agrícolas, no importando si se trata de pequeños o grandes propietarios”, señaló el líder de Mga.

Llamado a acelerar leyes e implementar estrategia contra el terrorismo

El informe de Multigremial de La Araucanía no detecta una variación significativa de los hechos de mayor connotación social en la comparativa por año a pesar de encontrarse dos regiones bajo Estado de Emergencia y tres regiones en Estado de Catástrofe.

“El Estado de Excepción ha sido una estrategia efectiva para la disuasión de la violencia en la Macrozona sur, pero parece necesario perfeccionarlo entregando más atribuciones si se quiere lograr mayor efectividad”, afirmó Patricio Santibáñez.

El dirigente además señaló que se requiere acelerar la legislación que apoye la labor de las fuerzas de orden público: ley de Usurpaciones, ley Corta Antiterroristas y ley que moderniza el Sistema de Inteligencia del Estado llevan más de 900 días promedio a la espera de ser aprobadas en el Congreso.

“Asimismo, urge implementar una estrategia persecutoria contra el terrorismo: La reciente estrategia presentada por el Gobierno combate el crimen organizado, pero no el terrorismo, siendo fenómenos delictuales distintos, ya que el primero persigue el lucro, el segundo la violencia política. De ahí que sea necesario diseñarla acorde al tipo específico de delito”, subrayó.