Las comunidades locales señalan que el proyecto, publicitado en redes sociales y sitios web, presenta «características propias de un destino urbano o habitacional» y contempla «la habilitación de caminos sobre superficie que constituye bosque». De acuerdo a las comunidades, estas acciones contravienen la normativa de subdivisión de predios rústicos (SPR) del Ministerio de Agricultura, en específico la circular Nº 475/2022 y el Decreto Ley Nº 3.516, así como los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, que prohíben la apertura de calles y la formación de poblaciones en terrenos rurales.
En esa línea, las comunidades recuerdan que el ministro de Agricultura y el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) han ordenado suspender la tramitación de toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos que impliquen un cambio de uso no permitido, como el habitacional. Esta suspensión subraya la necesidad de «preservar el suelo rural para fines agrícolas y de evitar los efectos del desarrollo inmobiliario al margen de la planificación territorial».
Además de los impactos ambientales, las comunidades destacan que el proyecto pone en riesgo sitios de significancia cultural y espiritual, incluyendo Menoko, Trayenko y áreas de recolección de hierbas medicinales (Lawen), esenciales para la Machi Mónica Nuñez Quintulen y las comunidades locales. Este aspecto se vincula con el Convenio 169 de la OIT, que garantiza «el derecho a la consulta previa, libre e informada» sobre proyectos que afecten las tierras y prácticas culturales de los pueblos indígenas.
Las comunidades también advierten sobre el impacto del proyecto en los sistemas de Agua Potable Rural (APR), así como el aumento de la «concentración de residuos domiciliarios que demandan nuevos servicios de recolección y tratamiento de aguas residuales domésticas o urbanas». La intensificación de la población en áreas de baja densidad requeriría nueva infraestructura energética y vial, afectando negativamente el equilibrio ecológico y la sustentabilidad local.
En respuesta, las comunidades solicitan acciones inmediatas del SAG, los municipios de Saavedra y Carahue, y otros organismos competentes para detener este proyecto. Piden la creación de una ordenanza municipal de suma urgencia para regular la subdivisión de predios rústicos y proteger los sitios de significancia cultural. Esta ordenanza buscaría garantizar que las actividades de subdivisión respeten tanto la normativa ambiental como los derechos de las comunidades indígenas, asegurando la conservación del patrimonio cultural y ecológico de la región.
El Ministro de Agricultura, el subsecretario de Agricultura y el Director Nacional del SAG, a través del Ordinario N° 637 de 2022, ya han instruido a las Direcciones Regionales del SAG a suspender estos proyectos cuando se advierta un cambio de destino de los lotes resultantes hacia aquellos no permitidos por la normativa, como el habitacional. Además, las leyes Nº 20.283/2023 y Nº 21.600/2023 protegen la biodiversidad y las prácticas culturales de las comunidades indígenas.
El 14 de junio, las comunidades desarrollaron un importante Fvta Trawün Lafkenche, que reunió a integrantes de las 28 comunidades, reafirmando su posición ante este conflicto inmobiliario.
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