Candidata a senadora Elisa Loncon es cuestionada por confusión sobre atribuciones del cargo

La exconvencional por el Partido Comunista señaló en redes sociales que “fiscalizará los servicios básicos” si llega al Congreso, afirmación que generó críticas por atribuir al Senado facultades propias de la Cámara de Diputados.

Una controversia se generó en redes sociales tras una publicación de la candidata a senadora por el Partido Comunista, Elisa Loncon Antileo, quien escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Cuando sea senadora, fiscalizaré los servicios básicos para frenar la colusión y defender tu bolsillo. ¡Basta de impunidad!”.

En un segundo mensaje, la también académica agregó: “La colusión en las cuentas de luz es un robo. Exigiré investigación seria y que los responsables paguen como cualquier chileno. No más abusos de los poderosos”.

Las declaraciones de la exconvencional, originaria de Traiguén, fueron emitidas en el contexto del debate público generado por el error de cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en las cuentas de electricidad, que afectó a clientes de distintas empresas distribuidoras del país.

Sin embargo, la publicación de Loncon provocó una rápida reacción en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron su comprensión del rol legislativo. Una de las respuestas más replicadas fue la de la usuaria Francisca Aldunate (@aldunatefran), quien comentó: “Ni los senadores tienen facultad fiscalizadora, ni en las tarifas reguladas puede haber colusión. Alta ignorancia lo de esta señora…”.

De acuerdo con la Constitución Política de la República, las funciones fiscalizadoras corresponden a la Cámara de Diputadas y Diputados, mientras que el Senado posee atribuciones distintas, como conocer de acusaciones constitucionales, aprobar nombramientos del Presidente de la República y otorgar su consentimiento en determinadas materias de Estado.

En ningún caso el Senado tiene potestad para fiscalizar los actos del Gobierno ni de los organismos dependientes de este, según lo establece el propio reglamento del Congreso Nacional.

Desde sectores políticos y académicos, el episodio ha sido interpretado como una muestra de la creciente tensión entre la opinión pública y las figuras políticas que buscan instalar temas de interés ciudadano en redes sociales sin precisar las atribuciones institucionales que les corresponderían.