La Contraloría General de la República, a través de su Unidad Regional de La Araucanía, emitió el Informe Final de Auditoría N°475-2025 sobre los recursos del Aporte Institucional de Universidades Estatales (AIUE) recibidos, ejecutados y rendidos por la Universidad de La Frontera (UFRO) entre los años 2019 y 2024.
El documento, fechado el 20 de octubre de 2025, detecta una serie de irregularidades financieras y administrativas en la gestión de los fondos públicos, ascendentes a más de $4.339 millones de pesos correspondientes a transferencias de capital que fueron utilizadas indebidamente para financiar gastos corrientes, principalmente remuneraciones de personal, vulnerando el principio de legalidad del gasto público consagrado en la Constitución y en la Ley 18.575 sobre Bases Generales de la Administración del Estado.
La auditoría también advirtió la falta de disponibilidades financieras por más de $4.300 millones, deficiencias en los mecanismos de control y trazabilidad de traspasos bancarios, y la ausencia de alertas que impidieran la utilización de fondos con fines distintos a los autorizados. Asimismo, se constató la no devolución de $52,9 millones de proyectos cuyos plazos de ejecución ya habían vencido.
El organismo fiscalizador instruyó a la Universidad a reintegrar los montos observados a Rentas Generales de la Nación en un plazo de 30 días hábiles y a adoptar medidas correctivas que garanticen la trazabilidad y control del uso de fondos públicos. Además, la Contraloría informó que el caso fue remitido al Fiscal Regional de La Araucanía y al Consejo de Defensa del Estado, atendiendo las causas vigentes relacionadas con eventuales responsabilidades administrativas o penales.
Este nuevo antecedente se suma a la historia de anomalías financieras en la UFRO que Araucanía Noticias dio a conocer en julio de 2025, en la nota “La historia completa del caso de desfalco en la UFRO bajo la gestión de Eduardo Hebel”,donde se detallaron irregularidades detectadas durante el periodo del exrector y los procesos judiciales en curso por malversación de caudales públicos y fraude al fisco.
El informe de la Contraloría refuerza las alertas sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control interno en las universidades estatales y transparentar el uso de los aportes fiscales destinados a la educación superior.
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