Juvenal Ortiz, hermano del imputado René Ortiz, dejó la cárcel pese a la oposición del Ministerio Público. En paralelo, otras cuatro personas permanecen en prisión preventiva o bajo arresto domiciliario por su vínculo con los millonarios convenios del Gore de La Araucanía.
La Corte de Apelaciones de Temuco confirmó esta semana la medida de arresto domiciliario total para Juvenal Ortiz Rivera, exsubjefe de las fundaciones investigadas en la arista Manicure del Caso Convenios. La decisión ratifica lo resuelto por el Juzgado de Garantía, que la semana pasada autorizó que Ortiz saliera de la cárcel.
El imputado es hermano de Rinett Ortiz, quien permanece en prisión preventiva como parte de la causa que indaga el uso irregular de 730 millones de pesos transferidos por el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc para cursos de estética que no se realizaron.
Según el Ministerio Público, Juvenal Ortiz figuraba formalmente como secretario de las fundaciones, pero habría tenido un rol operativo dentro de la estructura. Pese a la oposición de la Fiscalía, la Corte consideró procedente la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario total.
En esta causa también cumplen prisión preventiva el desaforado diputado Mauricio Ojeda y la misma Rinett Ortiz, exrepresentante legal de las fundaciones Folab y Educc. Ambos están imputados por el delito de fraude al Fisco. En el caso de Ojeda, el tribunal valoró el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos para mantenerlo recluido.
A ellos se suma Susan Alarcón, exjefa de la División de Fomento e Industria del Gobierno Regional, quien fue detenida en febrero de 2025 tras permanecer prófuga desde noviembre del año pasado. Actualmente también cumple prisión preventiva por su participación directa en los convenios.
En tanto, el exjefe de gabinete del gobernador, Juan Pablo Leonelli Lepín, fue formalizado por fraude al Fisco y permaneció en prisión preventiva desde agosto de 2024, pero en diciembre la Corte de Apelaciones de Temuco sustituyó su medida cautelar por arresto domiciliario total, la cual se mantiene vigente.
El caso Manicure continúa generando consecuencias judiciales y políticas, mientras el Ministerio Público avanza en el esclarecimiento de los hechos y la eventual participación de funcionarios públicos y operadores externos en el desvío de recursos fiscales.
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