En sesión de Comisión de Agricultura de la Cámara se analizó el impacto del artículo 12 de la Ley 21.489 y la Resolución 243 del SAG
En una sesión clave de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputadas y Diputados, expertos, agricultores y legisladores analizaron los efectos de la aplicación del artículo 12 de la Ley 21.489, especialmente en lo referido a la obligación de avisar con 48 horas de anticipación la aplicación de plaguicidas.
Esta exigencia, reforzada por la Resolución Exenta 243 del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), ha sido ampliamente cuestionada por su impacto en la productividad agrícola y en la ya compleja realidad rural que se vive en dichos sectores.
La normativa, que extiende el aviso obligatorio a todos los predios rurales, fue calificada como “impracticable” por los asistentes, quienes alertaron sobre la falta de conectividad, recursos y capacitación para su implementación.
Los participantes coincidieron en que estas medidas profundizan la desigualdad territorial, afectando especialmente a pequeños agricultores y apicultores. Representantes de Agricultores Unidos, como Diego Montenegro y el presidente de la Asociación, Camilo Guzmán, insistieron en la necesidad de un estudio de impacto económico, social y ambiental, señalando que regulaciones mal diseñadas pueden llevar al abandono de cultivos claves como el raps, vitales también para las abejas.
Karina Busetti, investigadora y doctora en Ciencias Agrícolas, advirtió que esta normativa perjudica principalmente a los pequeños productores, quienes carecen de las condiciones para cumplir con el avisaje. Propuso enfocar los esfuerzos en educación antes que en fiscalización punitiva.
Desde el Maule, el agricultor Juan Baeza criticó la falta de participación real del mundo agrícola en la elaboración de estas leyes, y denunció la creciente desigualdad en el agro. Propuso crear zonas exclusivas para la apicultura como medida de conciliación.
El SAG anuncia cambios
Rodrigo Sotomayor, director subrogante del SAG, reconoció los problemas en la implementación del avisaje y anunció que esta exigencia será retirada de la Resolución 243 y trasladada a una nueva normativa específica. En este sentido, destacó que el registro nacional de apicultores ya está operativo y que el rol del SAG es equilibrar la protección agrícola con la salud pública y ambiental.
Mientras tanto, los parlamentarios Carla Laura y Juan Moreno cuestionaron al SAG por emitir la Resolución 243 sin consulta previa al Congreso ni al mundo rural, exigiendo dejar sin efecto el avisaje hasta que existan condiciones mínimas para su implementación.
Finalmente, la Comisión acordó solicitar al Ejecutivo un estudio de impacto económico de la medida y revisar la pertinencia del avisaje obligatorio luego que el gremio de Agricultores Unidos les hiciera el alcance a los diputados que integran la instancia.
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