La acción judicial apunta directamente a la administración de las subvenciones municipales entregadas desde 2022 a la fundación encabezada por Jorge López Cumplido, cuyo control se habría extendido a la sociedad Grupo Verde SpA, manejada en los hechos por el mismo dirigente a través de su hermana Pamela López Cumplido.
Según la querella, estas subvenciones fueron utilizadas en un entramado de triangulación de dineros públicos, rendiciones fraudulentas de maquinarias y lucro indebido con plásticos recolectados en la comuna, los cuales terminaron revendidos en Santiago sin respaldo documental.
Además, se denuncia la publicidad engañosa en torno a la supuesta donación de siete plazas comunitarias construidas con material reciclado, las que nunca habrían contado con decretos municipales, permisos de construcción ni respaldo en su origen.
Peñailillo fue enfática en señalar que el alcalde Neira, como máxima autoridad comunal y firmante de las resoluciones que aprobaron las subvenciones, no solo omitió fiscalizar sino que podría tener participación directa en los hechos. La acción judicial busca que se le investigue en calidad de autor, coautor o encubridor.
La querella califica preliminarmente los hechos como constitutivos de fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación y uso malicioso de instrumento público, lavado de activos y otros ilícitos tipificados en el Código Penal y en la Ley 19.913.
En su intervención, la concejala recalcó que lo ocurrido no solo daña el erario municipal, sino que “golpea la confianza ciudadana en la gestión de los recursos públicos y constituye un engaño hacia la comunidad, que confió en proyectos que nunca fueron lo que se anunciaba”.
La presentación de la querella está programada para este jueves en el Juzgado de Garantía de Temuco y se espera que la acción abra un nuevo capítulo judicial que podría involucrar directamente a la máxima autoridad comunal y a particulares vinculados a las cuestionadas subvenciones.
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