La sala del Senado aprobó y despachó a ley, por 44 votos a favor y una abstención, el proyecto de ley que soluciona la deuda histórica docente tras cuatro décadas de espera, cumpliendo así uno de los compromisos de Gobierno del Presidente Gabriel Boric.
La ley beneficiará a 57 mil docentes que vieron vulnerados sus derechos laborales durante la dictadura, entregándoles un pago de $4,5 millones, partiendo con aquellos de mayor edad. Para ello se dividirá a los afectados en seis grupos, y el primer pago se realizará a fin de año.
La propuesta también considera la apertura en las próximas semanas de un nuevo proceso registral, para que aquellos docentes que no están en las bases de datos del Mineduc puedan presentar sus antecedentes. Igualmente, contempla que las y los docentes que fallezcan durante el período de pago que les corresponde puedan heredar ese monto.
El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, agradeció a las y los parlamentarios de la Cámara y del Senado, del oficialismo y de la oposición, por aprobar con celeridad este proyecto de ley, ingresado en diciembre, destacando “la maduración que tuvo esta discusión y la madurez que tuvo el magisterio de entender que estábamos en un momento histórico, en el que había que tomar esta oportunidad, porque pasaron 43 años para que el Estado de Chile decidiera abordar esto, 43 años en que han muerto miles de profesoras y profesores esperando este momento”.
“Estamos frente a un acuerdo parlamentario, pero también frente a un acuerdo social entre el Estado y los profesores para abordar esto, con una reparación que le pone un punto final simbólico, porque la plata es importante, pero quizás para muchos es más importante el hecho de reparar esto que por tanto tiempo se ha demandado. Se reconoce el daño hecho y el Estado intenta cerrar estas heridas”, agregó.
La subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, dijo que “estamos agradecidos, ya que la aprobación por parte del Senado constituye un paso importante para cumplir con el compromiso que asumimos como Gobierno, cuyo objetivo es ofrecer una solución a la deuda que ha afectado a miles de profesores y profesoras desde hace tantos años. Valoramos que las y los senadores hayan respaldado esta iniciativa y destacamos el avance transversal de este proyecto en cada una de sus etapas legislativas”.
Y el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, reconoció al grupo de docentes que durante 18 años asistieron todos los jueves a La Moneda a exigir el pago de la deuda, “como muestra de dignidad, persistencia y valentía”.
“Este es un pedacito de justicia, pero un pedacito de justicia siempre es mejor que nada, porque durante 43 años tuvimos ninguneo, nos decían que dejáramos de molestar, que esto era impagable, que la deuda no existía. Pero aquí hubo un trabajo colectivo de décadas de las y los profesores que hicieron suya esta lucha”, dijo.
El dirigente también valoró que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric “haya puesto por fin una propuesta sobre la mesa”, y agradeció al Congreso por apoyarla transversalmente, lo que “es una muestra de que cuando hay disposición, cuando hay sintonía con la necesidad social, se pueden lograr acuerdos y avances, y se puede dar un ejemplo al país de que es posible trabajar por el bien común a pesar de las diferencias”.
En las próximas semanas, el Ministerio de Educación informará los plazos en que los docentes deberán complementar su información para hacer válido el beneficio en octubre, e informará también los detalles de la plataforma para que aquellos docentes que no están en el registro oficial puedan entregar sus antecedentes.
Detalles de la ley
El origen de la deuda histórica
Durante la dictadura la administración de los establecimientos fue traspasada desde el Ministerio de Educación a las municipalidades, lo que impidió que las y los docentes recibieran el reajuste salarial del Decreto Ley N° 3.551 (Artículo 40), que fue desconocido por sus nuevos empleadores. Este es el origen de la deuda histórica.
Esto derivó en acciones legales ante tribunales nacionales e internacionales, en varios casos con sentencias firmes y ejecutoriadas, y en la década de 1990 se dictaron fallos que ordenaron el pago de las asignaciones pendientes, pero las municipalidades incumplieron la orden aduciendo la imposibilidad de cubrir los montos adeudados.
También una Comisión Especial de la Cámara de Diputadas y Diputados, de 2009, reconoció esta deuda como un perjuicio moral, político y patrimonial que correspondía al Estado reparar.
Desde 2022, el Ministerio de Educación trabajó con el Colegio de Profesoras y Profesores para avanzar en la identificación de personas afectadas y la definición de los criterios generales de solución, trabajo que fue clave para diseñar el proyecto de ley.
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