En diciembre de 2024, Jaramillo – quien actualmente se encuentra formalizado como autor de los delitos de abuso sexual y violación- fue autorizado por el Juzgado de Garantía de Victoria para suspender la medida cautelar de arresto domiciliario total, para asistir a la ceremonia donde asumiría nuevamente como alcalde.
En ese contexto, y siendo consultada por un medio de comunicación, la ministra de la Mujer informó que SernamEG apelaría la resolución por considerar que constituía «una nueva forma de amedrentar a una comunidad rural en la cual mujeres se han visto fuertemente perseguidas por atreverse a denunciar a un alcalde en ejercicio y además reelecto”.
A raíz de esta declaración, se presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el cual fue rechazado en forma unánime. En su pronunciamiento, la Corte de Apelaciones reconoce que la ministra “se encontraba legitimada para opinar acerca del mérito o procedencia de la decisión adoptada en su momento por el respectivo juzgado de garantía”, más aún cuando a través de SernamEG, se había apelado a esa resolución.
La ministra Antonia Orellana -quien mientras se resolvía este recurso estaba impedida de pronunciarse sobre este caso- informa que se ejercerá los recursos que establece la ley ante la reciente decisión de la Corte Suprema de prescribir algunos de los delitos que se le imputan al alcalde de Victoria sin notificar al SernamEG como querellante, por lo que el servicio no pudo argumentar en defensa de los intereses de la víctimas que representa.
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