El diputado Jorge Saffirio, miembro de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el robo de cables de cobre, destacó el trabajo que ha realizado la instancia para esclarecer este tipo de delitos que afectan gravemente a la ciudadanía y a la infraestructura crítica del país.
«Esta comisión investigadora ha sido un espacio crucial para analizar y discutir las políticas y estrategias que se pueden implementar para abordar el robo de cables. Hemos escuchado a distintos actores relevantes, lo que nos ha permitido comprender la magnitud de este problema y buscar soluciones efectivas para proteger los intereses de la comunidad», afirmó Saffirio.
El parlamentario resaltó la importancia de la labor de la comisión, señalando que «es fundamental que investiguemos a fondo las causas y consecuencias de este fenómeno para encontrar soluciones efectivas y proteger los intereses de la comunidad. Este tipo de delitos no solo afectan la economía de las empresas y los propietarios, sino que también impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, interrumpiendo servicios esenciales como la electricidad, el teléfono e internet».
El robo de cables es un delito de alto impacto en Chile. Según cifras de diversas compañías, se ha registrado un aumento significativo de estos hechos en los últimos años. Por ejemplo, solo en el primer semestre de 2025, una de las principales empresas eléctricas del país sumó más de 700 episodios de robo de cables, multiplicando por cuatro la cantidad de eventos del mismo período del año anterior. En total, se estima que este delito ha dejado a millones de personas sin servicios en todo el país.
En la región de La Araucanía, el problema es igualmente alarmante. De acuerdo a una empresa de energía que brinda servicio a 29 comunas de la región, se han robado más de 165.000 metros de cable de cobre, principalmente en zonas rurales de comunas como Los Sauces, Purén, Traiguén y Angol, afectando a más de 100.000 clientes. Ante este panorama, el diputado Saffirio enfatizó que la seguridad es un derecho fundamental de todos los ciudadanos y que es su deber como legisladores trabajar para garantizarlo. La comisión continuará reuniendo antecedentes para proponer medidas que fortalezcan la legislación vigente y aumenten las sanciones, buscando desarticular las bandas criminales que se benefician de este ilícito.
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