Un informe elaborado por la División de Contraloría Interna de la Fiscalía Nacional reveló que un total de 42 funcionarios del Ministerio Público, entre ellos 10 fiscales y 32 trabajadores administrativos, abogados asistentes, abogados asesores, técnicos y auxiliares, viajaron al extranjero mientras se encontraban con licencia médica activa, entre los años 2022 y 2025.
La investigación surge a raíz de la creciente preocupación por el mal uso de licencias médicas en el sector público, tema que ha generado controversia tras los hallazgos de la Contraloría General de la República. Para elaborar el informe, la Fiscalía Nacional realizó un cruce de datos con información entregada por la Policía de Investigaciones (PDI), con el objetivo de identificar “eventuales casos que contravinieran los principios de probidad y cumplimiento de deberes”.
Aunque el informe no detalla qué regiones están involucradas, se informó que los casos detectados se distribuyen en 11 regiones del país. La Fiscalía ya remitió los antecedentes a cada una de las Fiscalías Regionales respectivas para que se tomen las medidas administrativas correspondientes, como sumarios, solicitudes de informes u otras acciones de verificación.
Desde la Fiscalía Nacional señalaron que esta decisión se enmarca en la política institucional de fortalecer los controles internos y actuar de manera proactiva frente a posibles irregularidades. El informe interno fue emitido luego de que la Contraloría General de la República diera a conocer el noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC), en el que se expuso que más de 25 mil trabajadores públicos habrían salido del país con licencia médica vigente.
La magnitud del fenómeno ha generado una ola de reacciones en distintas instituciones del Estado. En su último informe, la Contraloría destacó casos en organismos como la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) y la Fundación Integra, lo que motivó que incluso en la Cámara de Diputados se comenzaran a instruir investigaciones internas.
Por ahora, se desconoce si algunos de los funcionarios involucrados serán objeto de acciones judiciales, pero desde el Ministerio Público se indicó que “los antecedentes están siendo revisados para determinar eventuales responsabilidades administrativas”.
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