Aunque se desestimó discutir la remoción de Ricardo Toro en el Concejo Municipal, la solicitud de la concejala Claudia Peñailillo no buscaba su destitución inmediata, sino una investigación por vínculos con empresas adjudicatarias. Pese al revuelo público, el sumario solicitado en diciembre tampoco ha tenido avances.
En medio de alta expectación, con funcionarios municipales colmando el salón del Concejo de Temuco, los nueve concejales presentes en la última sesión ordinaria decidieron por unanimidad no votar la solicitud de destitución del administrador municipal, Ricardo Toro. La medida fue leída en redes y medios como un eventual respaldo a la autoridad cuestionada, pero lo cierto es que la solicitud original, impulsada por la concejala Claudia Peñailillo (RN), nunca fue la destitución, sino la apertura de una investigación formal por presunto conflicto de interés.
La polémica surgió la semana pasada, cuando Peñailillo denunció públicamente que el actual administrador municipal, quien hasta hace pocos meses fue director de Secplac, mantendría vínculos laborales previos con dos empresas que hoy concentran más de $5 mil millones en contratos municipales adjudicados: Idela SPA y Socosur, ligadas al grupo empresarial Neira.
La concejala expresó en esa oportunidad que “no voy a permitir que la municipalidad de Temuco adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador municipal”, afirmando además que presentará todos los antecedentes a Contraloría para que determine si existen infracciones a la probidad administrativa o eventuales delitos como tráfico de influencias.
Sin embargo, en la sesión del Concejo Municipal del martes, el tema fue abordado desde otra perspectiva. Allí, el alcalde Roberto Neira dio cuenta de una carta firmada por nueve concejales —incluidos ediles del oficialismo y la oposición— en la que solicitaron formalmente la apertura de una investigación sumaria, mecanismo interno que permitiría indagar administrativamente los hechos denunciados.
La solicitud de destitución, que no formó parte de la tabla oficial, fue igualmente rechazada como posibilidad de debate en esa instancia. Cabe señalar que la concejala Claudia Peñailillo no participó de la sesión por motivos de salud.
Entre los concejales que se pronunciaron y que declararon en medios locales, Pedro Greve (Partido Republicano) señaló que su decisión de no apoyar una eventual votación por la destitución obedecía a que “no contaba con todos los antecedentes”, y que el camino elegido por el Concejo era dar curso a una investigación sumaria. Similar opinión expresó Mario Jorquera (UDI), quien redactó la misiva al alcalde. Según indicó, “la denuncia fue presentada con algunos antecedentes” y ahora corresponde esperar los resultados de la investigación. Jorquera enfatizó que la acción no busca desacreditar a Peñailillo, sino actuar conforme al procedimiento institucional.
Desde el entorno de la concejala se ha insistido en que la petición nunca fue una votación por la remoción inmediata de Toro, sino la urgencia de activar mecanismos de control y fiscalización frente a situaciones que podrían comprometer el principio de probidad en el municipio. En este contexto, la negativa a votar la destitución no puede entenderse como un respaldo automático al administrador municipal, sino como una determinación procedimental, a la espera de una indagatoria formal que aún no comienza.
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