Senador Francisco Huenchumilla descarta conflicto de interés pese a vínculo laboral de su hija con la cadena Dreams

El parlamentario insiste en su propuesta de instalar un tercer casino en La Araucanía, mientras la trayectoria profesional de su hija en la industria del juego abre interrogantes éticas.

El senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huenchumilla, rechazó que exista un conflicto de interés relacionado con su propuesta de instalar un tercer casino en La Araucanía, pese a que su hija, Mariela Huenchumilla, mantiene desde hace años una destacada trayectoria profesional en la cadena de casinos Dreams.

La controversia surgió luego de que el parlamentario planteara, en pleno periodo de campaña electoral, la necesidad de implementar un nuevo recinto de juegos en la provincia de Malleco, administrado por comunidades mapuche, iniciativa que él mismo ha promovido como una oportunidad para dinamizar la economía regional.

Consultado por un posible conflicto de interés, el senador afirmó que la actividad laboral de su hija no afecta su propuesta y sostuvo que “ella no tiene arte ni parte en el capital. Si ella fuera accionista, podría tener un problema pero no veo por qué una empleada”. Con ello, Huenchumilla insistió en que continuará impulsando el proyecto del tercer casino en la región, descartando cualquier incompatibilidad ética o política derivada del vínculo familiar.

Sin embargo, la situación es más compleja que lo planteado por el parlamentario. Aunque la nota original publicada por SoyTemuco hizo referencia a que Mariela Huenchumilla trabaja en el casino Dreams de Temuco, su carrera profesional ha ido muy por encima de un rol local. Comenzó como gerenta de Juego Responsable de Dreams Temuco, más tarde fue nombrada gerenta nacional de Juego Responsable, y su cargo más reciente es el de gerenta Corporativa de Juego Responsable Dreams Latam.

Esta última posición, de alcance regional, incluye la supervisión de estrategias y estándares en filiales de la empresa fuera de Chile, refiriéndose principalmente a operaciones en Perú, país donde Dreams mantuvo inversiones hasta septiembre de 2025, cuando la compañía vendió cuatro de sus casinos, lo que habría reducido su presencia en ese mercado.

A su trayectoria corporativa se suma su influencia internacional en el campo del juego responsable. Mariela Huenchumilla es miembro fundadora de la Alianza Internacional por un Juego Responsable, instancia cuyo Código Ético fue suscrito por ella junto a Bo Bernhard, de la Universidad de Nevada, y Jacqueline Mecinas, directora de Infoplay.

La pregunta sobre un eventual conflicto de interés no se limita entonces a si la hija del senador es accionista o no de la empresa. Si bien no existen antecedentes que la vinculen a la propiedad del holding, las normas de probidad pública consideran también los conflictos de interés indirectos o aparentes, especialmente cuando familiares directos ocupan roles estratégicos, técnicos o de alto perfil en industrias que podrían beneficiarse —directa o indirectamente— de decisiones legislativas o políticas públicas impulsadas por autoridades electas.

La influencia profesional y reputacional de Mariela Huenchumilla dentro del sector del juego, sumada al alcance regional de su cargo corporativo, abre legítimas interrogantes sobre el estándar ético que debiera aplicarse en estos casos.

En paralelo, versiones no oficiales que indican que Antonio Huenchumilla, especialista en ciberseguridad radicado en Estados Unidos y también hijo del senador, habría prestado servicios profesionales a Hard Rock Casino & Resort en California. Esta información fue consultada al equipo del senador, pero hasta la fecha no ha sido confirmada. Actualmente es asesor en seguridad en Omaha, Nebraska, zona que concentra una número importante de casinos, incluidos cinco casinos indígenas.

Mientras la propuesta del tercer casino avanza en el debate público, la discusión sobre probidad, transparencia y conflictos de interés continuará acompañando la iniciativa. La instalación de un nuevo recinto de juegos en La Araucanía abre un debate económico y cultural, y —también ahora— uno ético.