Informe del Consejo para la Transparencia advierte caída de más de 35 puntos en cumplimiento por parte del GORE Araucanía, especialmente en materias presupuestarias y transferencias de fondos públicos.
Una preocupante señal en materia de transparencia fue dada a conocer este lunes por el Consejo para la Transparencia (CPLT), al revelar los resultados de su proceso anual de fiscalización a los 16 gobiernos regionales del país. En esta ocasión, el Gobierno Regional de La Araucanía destacó negativamente, registrando una caída de 35,6 puntos porcentuales respecto de la evaluación del año anterior: bajó de un 79,5% en 2024 a solo 43,9% de cumplimiento en 2025.
La fiscalización —realizada entre el 3 y el 20 de marzo de este año— se centró en la transparencia activa, es decir, el deber de publicar y mantener actualizada de manera mensual toda la información que exige la Ley de Transparencia en los sitios web institucionales. A nivel nacional, el informe evidenció un promedio de cumplimiento de apenas 76,06%, el más bajo desde que se iniciaron estas mediciones en 2010, consolidando así una preocupante tendencia a la baja.
Dentro de las principales falencias detectadas en el Gobierno Regional de La Araucanía, se encuentra el bajo nivel de cumplimiento en la publicación de información presupuestaria y financiera. A nivel nacional, las modificaciones presupuestarias tuvieron solo un 35,7% de cumplimiento y el presupuesto asignado, un 37,5%. También se observaron inconsistencias entre la información enviada por los gobiernos regionales y la efectivamente publicada en sus portales.
En esa línea, la presidenta del CPLT, Natalia González, sostuvo que “persisten las deficiencias más críticas de publicación en materia presupuestaria y de transferencias de fondos públicos. Esto constituye una señal de alerta, sobre todo si se considera que, en paralelo, se desarrollan otras investigaciones fiscalizadoras y por el persecutor penal respecto de posibles usos irregulares de fondos públicos”.
Respecto del rol ciudadano, González agregó que “poner a disposición de la ciudadanía la información pública que mandata la ley es un primer paso para fiscalizar que la función pública se ejerza con transparencia y probidad. Ello permite a las personas, académicos, medios de comunicación y ciudadanos conocer, analizar y escrutar dicha información y saber cómo se asignan y ejecutan los recursos públicos”.
La evaluación también dejó en evidencia una amplia disparidad entre regiones. Solo cuatro gobiernos regionales superaron el 90% de cumplimiento: Región Metropolitana (99,89%), Atacama (94,8%), Aysén (91,5%) y Bío Bío (90,6%). En cambio, La Araucanía, junto a Arica y Parinacota, Antofagasta, O’Higgins y Los Lagos, no alcanzó ni el 65%.
Finalmente, González enfatizó que “el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no puede depender de mi lugar de residencia” y reiteró que el CPLT continúa capacitando a funcionarios públicos y monitoreando las mejores prácticas para asegurar el cumplimiento de la ley.
El llamado del organismo fue claro: los gobiernos regionales deben tomar medidas inmediatas para corregir las deficiencias detectadas, recordando que la transparencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales de toda democracia.
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