Son 18 internos del módulo F del CDP de Angol quienes acusan a Gendarmería de negarles la realización de una rogativa por el We Tripantu. La institución asegura que sí se autorizó la ceremonia bajo medidas de seguridad.

Dieciocho comuneros mapuche iniciaron este jueves una huelga de hambre líquida indefinida al interior del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol. La medida fue adoptada en protesta por la supuesta negativa de Gendarmería de autorizar una rogativa en su módulo con motivo del We Tripantu, el Año Nuevo del pueblo mapuche.

La protesta, que involucra exclusivamente a internos del módulo F, ha sido respaldada por familiares y voceros de las comunidades, quienes exigen la renuncia del director regional de Gendarmería.

Vania Queipul, hija del lonco Víctor Queipul, afirmó que “la realización de rogativas de comuneros privados de libertad es un derecho internacional establecido en el Convenio 169 de la OIT”, agregando que “este derecho fue conquistado luego de numerosas huelgas y manifestaciones realizadas en distintas cárceles del país”.

Desde Gendarmería, el director regional en La Araucanía, coronel Néstor Flores, confirmó la huelga de los comuneros y descartó que se haya negado la realización del We Tripantu al interior del recinto. “En ningún momento se les ha negado a las comunidades que realicen rogativas para celebrar el Wetripantu. Estas actividades fueron autorizadas bajo ciertas medidas de seguridad”, sostuvo. En esa línea, señaló que se dispuso el gimnasio del penal para la ceremonia, lo que fue rechazado por las comunidades.

La tensión entre Gendarmería y las comunidades aumentó luego de que, el martes pasado, el lonco Víctor Queipul fuera desalojado desde la Dirección Regional de Gendarmería en Temuco tras no llegar a un acuerdo sobre el petitorio de los 18 internos. El dirigente fue detenido por personal de Control de Orden Público de Carabineros y luego formalizado por diversos delitos.

En esa ocasión, el lonco lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Esto es sin llorar”, expresión que días después apareció en lienzos colocados en atentados incendiarios atribuidos a la Resistencia Mapuche Malleco.

Queipul fue dejado en libertad tras una resolución de la Corte de Apelaciones de Temuco, que rechazó la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.

La situación sigue en desarrollo y se espera que en las próximas horas Gendarmería y representantes de las comunidades retomen el diálogo para evitar el agravamiento del estado de salud de los huelguistas.

Fuente msn.com

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• La parlamentaria republicana por La Araucanía es una de las autoras de esta iniciativa que se encuentra sin mayores avances en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y pide reactivar el proyecto ante una nueva huelga líquida que iniciaron 6 integrantes de la CAM que se encuentran recluidos por graves delitos cometidos en la Macrozona Sur.

El inicio de una huelga líquida por parte de 6 integrantes de la CAM que se encuentran actualmente en prisión por graves delitos cometidos por la orgánica radical en la Macrozona Sur, entre ellos, uno de sus cabecillas, Héctor Llaitul, motivó a la Senadora del partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, a solicitar que se acelere el proyecto de ley que presentó tiempo atrás, junto a otros parlamentarios, para sancionar como falta grave este tipo de acciones al interior de las cárceles, iniciativa que ha tenido escaso avance y que actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

La legisladora considera prioritario que se apruebe este proyecto para evitar que se instrumentalice el sistema penitenciario con el fin de obtener beneficios carcelarios, “cuando son conductas que lejos de premiarse, deben ser sancionadas porque buscan generar una presión indebida a las autoridades , saltándose los procesos y requisitos legales establecidos por la legislación actual para optar a ese tipo de beneficios”, puntualizó la congresista.

La legisladora agregó que “esta es una práctica recurrente de los integrantes de las orgánicas radicales para obtener sus demandas al interior de las cárceles, ya que cada cierto tiempo están iniciando acciones de esta naturaleza, donde buscan aparecer como víctimas argumentando que son `presos políticos´, cuando claramente no lo son, y están recluidos precisamente por su participación en graves hechos de violencia, manteniendo muchas veces conductas disruptivas al interior de los penales, que lejos de premiarse, deben ser sancionadas, impidiendo a sus autores optar a beneficios carcelarios”.

La Senadora Aravena enfatiza que “el proyecto que presentamos, lamentablemente no cuenta con la urgencia en su tramitación y ha tenido un lento avance en el Congreso, cuando debiese ser una prioridad para inhibir las huelgas de hambre al interior de las cárceles, y evitar así que se utilicen como mecanismo para recibir un tratamiento especial que no tiene resto de la población penal, por el sólo hecho de presionar mediante una práctica indebida que amerita ser sancionada y no acogida”.

La legisladora plantea finalmente, que es “fundamental garantizar el normal funcionamiento y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, y que por lo mismo, las huelgas de hambre no deben ser permitidas ni menos premiadas, ya que al entregarse beneficios a quienes las hacen, como es el caso de los integrantes de la CAM, se incentiva a que los reclusos utilicen esta modalidad como moneda de cambio para obtener beneficios carcelarios”.

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Iniciativa presentada por los parlamentarios Carmen Gloria Aravena (indep), José García Ruminot (RN) y Matías Walker (DC) busca modificar el Decreto Ley 2859, que regula la Ley Orgánica de Gendarmería, con el objetivo de que la huelga de hambre quede como una falta grave establecida por ley, y que no sea pueda discriminar en ello en razón del origen étnico , de manera que los reclusos no puedan seguir usando esa medida de presión como herramienta política para obtener beneficios carcelarios en la Macrozona Sur.

Una de las formas que utilizan los reos cuando quieren obtener beneficios carcelarios es declarar huelga de hambre como medida de presión hasta lograr respuesta de la autoridad a sus exigencias.

Medida de presión que han venido realizando con especial frecuencia personas privadas de libertad por graves hechos de violencia y delitos cometidos en la Macrozona Sur y que son parte de los grupos radicalizados que operan en esa zona del país.

Es el caso de José Tralcal y Luis Tralcal, ambos condenados a 18 años por el delito de incendio con resultado de muerte del Matrimonio Luchsinger Mackay, quienes el 2 de marzo pasado emitieron un comunicado manifestando el inicio de una huelga de hambre autoconsiderándose “presos políticos” exigiendo, entre otros, “salida trimestral” y “salida dominical”. El mismo día, la orgánica Weichan Auka Mapu materializó un atentado incendiario en Vilcún a un familiar del Matrimonio Luchsinger Mackay exigiendo “libertad para Tralcal”. Con fecha 22 de marzo, el Consejo Técnico respectivo evaluó positivamente la concesión de los referidos permisos de salida, señalando con relación al requisito vinculado a la conducta, que ambos reclusos tienen “muy buena conducta, no registrando faltas ni sanciones”, haciendo caso omiso por completo de la huelga de hambre que estaban haciendo.

Otro ejemplo ligado al anterior es el caso de Víctor Llanquileo, condenado a 21 años de cárcel por robo con intimidación y porte ilegal de armas, entre otros. En efecto, el 17 de agosto pasado, comunicó el inicio de una huelga de hambre líquida autoconsiderándose también “preso político” y exigiendo su traslado al CET de Cañete desde el CDP de Arauco. Nuevamente por el acceso a múltiples beneficios penitenciarios en el CET. El 29 de agosto pasado la Resistencia Mapuche Lafkenche materializó un grave atentado incendiario al Molino Grollmus dejando en riesgo vital a un adulto mayor que se encontraba en el lugar además de otras dos personas heridas. Dicha orgánica se adjudicó el atentado exigiendo “Traslado al CET para Víctor Llanquileo”. Con fecha 9 de septiembre, se dio a conocer el traslado de Gendarmería a Víctor Llanquileo al CET de Cañete.

Son varios casos donde se repite la mecánica con el mismo propósito. Para evitar que esto siga ocurriendo, los Senadores Carmen Gloria Aravena y José García Ruminot y Matías Walker, presentaron un proyecto de ley que establece como falta grave el realizar huelgas de hambre al interior de las cárceles, cuestión que hoy sólo estaba fijada dentro del reglamento penitenciario y que no aplica, por resolución exenta, a aquellos presos que tienen un determinado origen étnico, generando una discriminación arbitraria.

“El objetivo de este proyecto de ley que hemos presentado es evitar que la huelga de hambre se siga usando como una herramienta política para presionar a las autoridades a que otorguen beneficios carcelarios a personas condenadas o privadas de libertad, cualquiera sea su condición u origen étnico, cuando esa medida de presión ya es una conducta que debiese ser sancionada y una causal para no otorgar beneficio alguno, tal como lo establece el artículo 78 del Reglamento Penitenciario”, indicó la Senadora Carmen Gloria Aravena.

La parlamentaria agrega un elemento adicional, que es que esa consideración como falta grave de la huelga de hambre, cambia cuando se trata de un reo que tiene calidad de indígena, ya que en resolución del año 2020, del Director Nacional de Gendarmería, que aprueba disposiciones sobre aplicación de reglamentación penitenciaria en consideración a la normativa vigente, nacional e internacional, referidas a pertinencia cultural y religiosa en determinadas materias, establece expresamente que “la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias”.

“Como se observa, la huelga de hambre `pacífica´ no es considerada una falta grave en el caso de reos pertenecientes a una determinada etnia, lo cual es un doble error, primero porque afecta la igualdad ante la ley, y segundo, porque la huelga en sí mismo es una medida de presión indebida, que por lo mismo no puede ser considerada como `pacífica´, y menos ser motivo para que se otorguen beneficios carcelarios, que incluso podrían motivar la fuga de personas privadas de libertad por delitos gravísimos”, agrega la Senadora Aravena.

En tanto, el Senador José García Ruminot, agregó que “hay que poner atajo a quienes vienen abusando del régimen penitenciario y que intentan vulnerar la ley y las resoluciones judiciales a través de una medida de fuerza, como la huelga de hambre, ya que es una forma de protestar para obtener un beneficio que no corresponde y que no tendría por qué ser otorgado. Esto lo han utilizado en su gran mayoría peligrosos delincuentes vinculados a grupos terroristas en la Macrozona Sur, a quienes les ha dado resultado la fórmula, obteniendo traslados a recintos penitenciarios semiabiertos o incluso salidas periódicas, poniendo en riesgo el cumplimiento de la condena”.

“Como senadores, presentamos este proyecto, de manera que al quedar como una falta grave en la ley, se considere siempre la huelga de hambre en las cárceles, como una falta disciplinaria grave que impida por ese sólo hecho, que quienes la lleven a cabo no puedan obtener ningún beneficio, cualquiera sea la condición u origen étnico de la persona privada de libertad”, concluyó José García Ruminot.

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Tras el abandono de la huelga el 25 de septiembre y tras pasar los días señalados por la autoridad y sin cambios, Roxana Carrut anunció anoche que retomará la medida, situación que la pone en riesgo luego de deteriorarse su salud física y emocional en el período anterior de casi dos meses sin ingerir alimentos sólidos.

Tras no lograr contactar a la autoridad y al no cursarse la solicitud de apoyo en temas laborales en el Hospital de Victoria, donde se desempeñaba Roxana Carrut como técnico paramédico, ayer e las 20:00 horas anunció la drástica medida.

En La Vereda TV Carrut indicó que no recibió respuesta a ningún llamado ni respuesta a sus intentos por comunicarse con las autoridades, de quienes, -asegura- no puede esperar nada. Expresó además que la visita solo obedeció a una estrategia gubernamental por “calmar las aguas”, por los ribetes que estaba tomando la huelga de hambre tras darse a conocer masivamente en los medios de comunicación y redes sociales.

Jorge García, vocero de Carrut, indicó que lo que ocurra ahora, respecto de la salud de la agricultora, será de responsabilidad directa del Ministerio del Interior, por el incumplimiento de los compromisos adquiridos con la propietaria del fundo Santa Adela Sur.

En las redes sociales se desplegó el hashtag #PerezRespondeARoxana y #RoxanaCarrut manifestando una creciente molestia hacia los ministros y apoyo a la víctima de violencia en el sur de país, principalmente en las provincias de Arauca, en el Biobío, y Malleco, en La Araucanía.

Cabe destacar que Roxana Carrut junto a su familia han protagonizado violentos episodios que incluyen quemas y destrozos, y han sido víctimas de constantes tomas en el fundo Santa Adela Sur. Un hecho ampliamente difundido fue una golpiza que recibió en el Hospital de Victoria por parte de un grupo de personas que previamente al hecho, fueron responsables de un ataque en el predio de la agricultora donde se enfrentaron con los trabajadores que realizaban faenas de mejoramiento en los cercos del recinto.

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Fueron más de una docena de líderes y dirigentes mapuches los que recibieron al jefe del ejecutivo regional en la ruca tradicional de la comunidad, donde carpeta en mano realizaron una completa exposición, con demandas y planteamientos, destacando la necesidad de poder contar con su propia Área de Desarrollo Indígena (ADI).

Fue en ese contexto donde el jefe regional se comprometió realizar personalmente todas las gestiones administrativas y políticas necesarias ante la Conadi y las autoridades respectivas para que las comunidades que integran la Alianza Territorial Mapuche de Collipulli puedan ser beneficiarias de un ADI.

“Hay un decreto supremo del gobierno anterior que creó un Área de Desarrollo Indígena para Ercilla y para Collipulli, por lo tanto ese decreto estaría vigente, eso le corresponde a la Conadi. Yo voy a hacer las gestiones administrativas y políticas para que la Conadi tome esto. Voy darles mi opinión de que es necesario establecer una ADI para la comuna de Collipulli”, afirmó el intendente.

El encuentro en el que participó el intendente se enmarca en la serie reuniones con distintas organizaciones que el jefe regional ha sostenido desde que asumió el cargo el 11 de marzo. “Esta reunión forma parte de la decisión que como intendente he tomado de no sólo ver los papeles y recibir a las organizaciones en la oficina, sino que de salir a terreno, porque eso me permite conocer la realidad, me permite tener un diálogo largo, distendido y tranquilo con los loncos”, dijo Francisco Huenchumilla.

El ejecutivo del Gobierno Regional de La Araucanía afirmó que personalmente está avanzando rápidamente para responder a las expectativas generadas tras asumir como intendente. “El Estado tiene que apurarse. Yo estoy corriendo rápido y necesito que los organismos del Estado sigan mi ritmo, que no se queden atrás, porque el pueblo mapuche y sus comunidades han esperado por muchísimo tiempo, con mucha paciencia, por lo que mi llamado es a que tenemos que apurar el tranco”, afirmó.

Por su parte, el werkén de la Alianza Territorial Mapuche de Collipulli, Víctor Ancalaf, junto con agradecer la visita realizada por el intendente Huenchumilla al territorio ancestral, dijo que buscaban entregarle un mensaje potente a través suyo a la Presidenta de la República para que se tengan en consideración los cambios que son necesario introducir a las políticas públicas que están enfocadas al pueblo mapuche.

“Para que haya un tratamiento distinto de una vez por todas para estas comunidades de este territorio mapuche en particular. Soluciones en el ámbito de la tierra, soluciones en el ámbito de los proyectos productivos, así como también a la situación que afecta a los presos políticos mapuches que se encuentran hoy día en huelga de hambre”, dijo Víctor Ancalaf.

Sobre este último punto, el intendente Francisco Huenchumilla afirmó estar al tanto de la situación, manejando en detalle el petitorio planteado por los voceros de los presos mapuches que se encuentran en huelga de hambre en la Cárcel de Angol desde hace más de una semana. “Es un proceso en el que estoy trabajando silenciosamente, pero haciendo todas las gestiones necesarias. Espero tener una conversación con el ministro del Interior y el ministro de Justicia al respecto en estos días para adoptar una decisión sobre la materia”, informó.

En tanto, el lonko de la Alianza Territorial Mapuche de Collipulli y de la comunidad Loncomahuida Alto de la misma comuna, Segundo Panitrú, afirmó que existen grandes expectativas respecto a los resultados que puedan tener las conversaciones y encuentros que han sostenido con el intendente.

“Nosotros tenemos una gran expectativa del trabajo que se realizará de aquí en adelante con el Gobierno. Creo que nosotros como mapuches estamos dándole una gran oportunidad al Gobierno para que puedan manifestar políticas públicas de desarrollo integral para nuestra gente”, dijo Panitrú, quien puntualizó que como Alianza Territorial Mapuche están realizando una propuesta que se enmarca dentro de un proceso de negociación.

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Tras este periodo de ayuno, la salud de Héctor Llaitul, Jonathan Huillical, Ramón Llanquileo y José Huenuche, se complica. Casi todos han presentado arritmia cardiaca y decaimiento progresivo.

Al respecto el gobernador de Malleco, Jorge Rathgeb, señaló que la situación los tiene preocupados por lo que diariamente se monitorea el estado de salud de los huelguistas; en tanto se espera el pronunciamiento de la Corte Suprema en torno al recurso de nulidad del juicio que los condenó a 20 y 25 años de cárcel, pronunciamiento que se espera para la primera semana de junio.

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