El acuerdo incorpora 16 mejoras sustantivas, fruto de un proceso transparente y participativo que concluyó este 10 de diciembre, y que fue respaldado ampliamente por la asamblea sindical.

El Sindicato de Profesionales de la Universidad Católica de Temuco concretó esta mañana la firma del Contrato Colectivo 2025–2028, cerrando un proceso de negociación calificado como histórico para la comunidad universitaria. La ceremonia, realizada en rectoría, fue encabezada por la presidenta del Sindicato, Soledad Durán; la rectora de la UCT, Marcela Momberg; y el presidente de la mesa negociadora, Claudio Inostroza, junto al directorio sindical y autoridades institucionales. El nuevo contrato entra en vigencia el 10 de diciembre, fecha en que comenzarán a implementarse sus beneficios.

La negociación comenzó el 14 de octubre de 2025, cuando la asamblea aprobó por unanimidad el proyecto presentado por el directorio. El 20 de octubre, la propuesta fue entregada formalmente a rectoría.

Entre octubre y noviembre se realizaron reuniones dos veces por semana entre el directorio sindical y la mesa negociadora, acompañadas de asambleas informativas y comunicados periódicos, lo que permitió mantener a la base sindical plenamente informada. En total, se desarrollaron siete mesas formales donde se abordaron los 68 puntos de negociación, con especial foco en el reajuste por IPC, uno de los temas centrales para el resguardo del poder adquisitivo.

El 28 de noviembre, en asamblea extraordinaria, las y los profesionales aprobaron por amplia mayoría la propuesta final presentada por la UCT, consolidando el principio que guió todo el proceso: “El valor de las personas”.

16 mejoras clave para el bienestar y la equidad

El nuevo contrato incorpora 16 mejoras, equivalentes al 24% de los puntos negociados, con avances en remuneraciones, beneficios y reconocimiento laboral. Entre ellas destacan:

• Reajuste de sueldos por IPC, con un promedio acumulado de 93,3% en tres años.

• Incremento de todos los bonos y aportes institucionales.

• Extensión parcial de cinco beneficios sociales para nuevos asociados/as.

• Inclusión de profesionales PACE en aguinaldos de Fiestas Patrias, Navidad y bono de vacaciones.

• Aumento de sueldos mínimos, con actualización y ajuste por IPC.

• Reducción de la edad de jubilación para mujeres a 60 años, propuesta incorporada por la UCT durante la revisión contractual.

Estas mejoras fueron posibles gracias a un directorio “preparado, cohesionado y alineado”, cuya labor técnica y capacidad de diálogo permitió avanzar punto por punto en la mesa negociadora.

“Un proceso dialogante, participativo y con el valor de las personas al centro”

La presidenta del Sindicato, Soledad Durán, destacó el carácter integral y el impacto del acuerdo:
“Fue un proceso planificado, consultivo, participativo, informado y dialogante, que tuvo siempre en el centro el valor de las personas. Los resultados permiten contar hoy con un mejor contrato colectivo, con avances importantes. Que la asamblea respaldara los acuerdos alcanzados constituye un gran hito que abre oportunidades para seguir dialogando con el empleador sobre necesidades que aún quedan pendientes”.

Durán subrayó también el rol clave del equipo sindical: “Cada integrante del equipo cumplió una función clave en la revisión de los puntos, el análisis técnico y la conducción informada del proceso. Sin ese trabajo alineado, no estaría hoy este resultado”.

La firma del Contrato Colectivo 2025–2028 se consolida como un hito para la institución y para el sindicalismo universitario en la región, al reafirmar la importancia del diálogo social y la construcción colectiva de mejoras laborales.

El Sindicato de Profesionales de la UCT reiteró su compromiso con la defensa de derechos, la participación informada y la promoción de relaciones laborales basadas en la transparencia, la dignidad y el valor de las personas.

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El acuerdo fue alcanzado con la participación del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente.

El Sindicato de Árbitros Profesionales y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional firmaron este lunes 14 de octubre un contrato colectivo por dos años en dependencias del Centro de Conciliación y Mediación de la Dirección Regional del Trabajo Metropolitana Oriente, evitando la paralización del fútbol profesional en Chile.

El acuerdo logrado con la mediación de la Dirección del Trabajo, tras una votación de huelga que no llegó a concretarse, considera un aumento del ingreso bruto mensual de los árbitros profesionales a $500 mil. Este monto incluye bono por vacaciones, bono por partido y también por partidos amistosos. Respecto de estos últimos, sólo se considerarán los televisados, los amistosos y los jugados por la selección nacional.

Los incrementos acordados alcanzan al 4% al sueldo base para los árbitros y de 6% para los asistentes Pro. Los incrementos del IPC serán incorporados al sueldo base y a los bonos por partido. La resolución considera aumento de viáticos para algunas regiones del país.

La Directora Regional del Trabajo, Antonella Cassi, destacó “el rol de nuestra institución en el acuerdo alcanzado; a través del diálogo se consiguieron avances en temas de remuneraciones y también importantes avances para las árbitras que se desempeñan tanto en el fútbol femenino como en el masculino, con la incorporación de una cláusula con perspectiva de género”.

El presidente del Sindicato de Árbitros Profesionales, Cristian Droguett, manifestó su total conformidad con el acuerdo alcanzado y agradeció el rol que jugó el Centro de Conciliación y Mediación Metropolitano Oriente en el logro de lo convenido con la ANFP.

En la firma del acuerdo estuvieron la mesa directiva del Sindicato de Árbitros, encabezada por Cristian Droguett; la abogada de la ANFP, Camila Ibáñez; la Jefa del Centro de Conciliación y Mediación Oriente, Daniela Castro, la mediadora Jacqueline Buzeta y la Directora Regional Metropolitana Oriente de la Dirección del Trabajo, Antonella Cassi.

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A primera hora de la mañana de hoy martes 5 de septiembre, se han reanudado las conversaciones sostenidas desde ayer por la tarde, con la Directora del Establecimiento y representante legal de la Corporación; llegando finalmente a acuerdo.

Lamentamos que para llegar a este punto, una vez más hayamos tenido que hacer efectiva la huelga legal, que sabemos, a cada miembro de esta comunidad afecta.

Reiteramos que este proceso comenzó a fines del mes de junio, por lo que habiendo un extenso período de gestiones realizadas, pudo haberse evitado esta instancia, por lo que esperamos que en lo sucesivo no se tenga que repetir esta situación.

Agradecemos la comprensión y empatía recibida en estos 6 días de paralización, tiempo en el que solo hemos pedido un trato y reconocimiento justo a nuestra labor, que con responsabilidad y dedicación realizamos día a día.

El día de mañana miércoles 6, la totalidad de funcionarios de este Sindicato retomará funciones, con el propósito de retomar, con la energía y entusiasmo de siempre, las labores interrumpidas.

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Las negociaciones entre el sindicato y los sostenedores se habían estado llevando a cabo durante semanas, para poder resolver las diferencias existentes.

Uno de los puntos de discordia, está asociado a la exigencia por parte de la corporación, de una serie de indicadores que los trabajadores debieran cumplir para recibir algunos beneficios del contrato colectivo, no obstante según se evidencia en un comunicado emitido por el sindicato, «el cumplimiento de estos indicadores no les corresponde ni está al alcance de ellos cumplir». Entre los requisitos que exige la corporación está un número determinado de estudiantes matriculados en el establecimiento.

Al finalizar la primera jornada de huelga legal, el sindicato informó que después de una reunión con apoderados y la dirección del establecimiento, se decidió reanudar las conversaciones. Una mesa de negociación se llevó a cabo este jueves 31 y contó con la participación de la Representante Legal de la Corporación El Bosque, señora María Angélica Inostroza, y la Directiva del Sindicato, fijándose una nueva instancia de negociación para el viernes 1 de septiembre a las 09:00 hrs. en las dependencias de la Dirección Regional del Trabajo.

Es importante resaltar que este no es el primer enfrentamiento laboral en el liceo. En el año 2021, el sindicato llevó a cabo una huelga que duró 158 días, lo que equivale a más de cinco meses de manifestaciones.

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Los trabajadores de la cadena sueca en Chile lograron un histórico acuerdo: se reducirá la jornada laboral, que pasará de 45 horas semanales a 40, sin afectar el salario. Este pacto comenzará a instrumentarse a partir del 1 de febrero.

Tras llegar a un acuerdo con el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores H&M Chile, la empresa de sueca de la industria de la moda, acordó con sus trabajadores reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales sin tocar los sueldos.

«Aquellos trabajadores de 40 horas que cumplan con su jornada pactada podrán acceder a un total de $ 700.000 brutos mensuales, mientras que los de 30 horas podrán acceder a un total de $ 500.000», informó la empresa a través de un comunicado.

“Las diferentes medidas acordadas, que se empezarán a implementar progresivamente a partir del mes de febrero, tienen como objetivo, entre otros, facilitar la conciliación de la vida laboral y personal y cuidar el bienestar de los trabajadores”, agregó.

Según consigna La Tercera, la negociación también acordó que se destinará un fondo anual para catástrofes que afecten a los empleados, una nueva red de permisos -por ejemplo dos días más de los que indica la ley para los padres por nacimiento de hijo o que la madre pueda alargar dos meses su permiso de maternidad sin goce de sueldo con pago de cotizaciones y sala cuna-, y bonificación permanente para trabajadores con hijos que sufran discapacidad, entre otros.

Cabe mencionar que la medida se toma en medio de la discusión por el proyecto de 40 horas presentado por la diputada del PC Camila Vallejo, el que, entre otras cosas, le costó el cargo al exministro del Trabajo Nicolás Monckeberg.

La cadena internacional también está presente en La Araucanía, en la capital regional, con una tienda ubicada en el Mall Portal Temuco.

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La modificación del artículo, antes mencionado, busca evitar que existan formas de negar el derecho fundamental de negociación colectiva a sindicatos de la educación superior chilena, y otras instituciones, cuyos financiamientos estatales superen el 50% de su presupuesto.

El senador Jaime Quintana comentó al respecto que “el proyecto de ley busca hacer justicia a los trabajadores, tanto profesionales, no profesionales, académicos y no académicos de las universidades chilenas, permitiendo mejores condiciones de negociación, con una pequeña modificación al Código del Trabajo. Es un proyecto de ley del cual soy uno de sus autores, esperamos que vea la luz pronto en el Senado y vamos a hacer lo que esté a nuestros alcances para eso”, comentó el parlamentario.

Además, el senador Jaime Quintana expone la urgencia de la aprobación a este proyecto, aseverando que “si no hacemos esta modificación al Código del Trabajo, claramente los derechos laborales se van a ver afectados. Esta norma que excluye de la negociación colectiva a trabajadores de universidades, creo que es muy injusto que se les aplique porque nunca estuvo pensado en ellos”.

Para concluir, el senador por el distrito N°49 explica cómo será su apoyo desde la comisión de educación del Senado, declarando que “creo que en la Comisión de Educación del Senado hay bastantes condiciones para que esto salga aprobado, y lo importante es que la Comisión del Trabajo, como comisión especializada, pueda despachar pronto el proyecto”, concluye el honorable senador.

Sobre este tema, y desde la perspectiva del Directorio del Sindicato de Profesionales UCT, se refiere su Director, Sr. Hans van der Molen, expresando que “la reunión con el senador Jaime Quintana fue muy interesante, él es uno de los autores del proyecto que ingresó el 17 de abril al Senado, y sin duda su apoyo será fundamental para que los trabajadores de la educación superior chilena logremos el respaldo legal para garantizar nuestro derecho a negociar colectivamente”, expresó el dirigente sindical.

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Artículo que no permite la negociación colectiva a sindicatos pertenecientes a instituciones que reciban más del 50% de aportes estatales.

Durante esta conversación destacó el conocimiento de nuestra parlamentaria regional sobre este proyecto de ley, comentado que “también tuve un pasado laboral como docente en la Educación Superior, me identifica por ese lado, apoyo a proyectos que busquen el respeto por los Derechos de los Trabajadores”, pronunció Parra.

Y para ratifica su apoyo, la parlamentaria sorprendió a la directiva sindical comentando que “precisamente, la próxima semana, estaré reemplazando a Tucapel Jiménez en la Comisión del Trabajo, ente encargado de coordinar el futuro de este proyecto de ley, por lo que me comprometo a informar y tocar este punto en nuestra próxima reunión de Comisión”, sostuvo para luego opinar que, “no me cabe duda que este proyecto de ley tendrá buen futuro”, auguró la parlamentaria.

Por parte, desde la Directiva del Sindicato de Profesionales UC Temuco, su Director Hans van der Molen, reflexionó que “este proyecto de ley busca lograr la tranquilidad de los trabajadores al momento de desempeñar su labor, y al momento de negociar con nuestro empleador. El artículo 304 nos deja a la merced del Gobierno de turno, sobre derechos que Chile a firmado en tratados internacionales, como es el derecho a la negociación colectiva”.

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El proyecto implica que los trabajadores independientes del sector público y privado, que emiten boletas de honorarios por un monto bruto anual igual o mayor a 5 ingresos mínimos mensuales ($1,3 millones) deberán cotizar a partir de este año. Quedan exentos de cotizar los trabajadores hombres de 55 años o más, y las mujeres de 50 años o más, al 1 de enero de 2018.

En este escenario, el Seremi del Trabajo y Previsión Social Patricio Sáenz se reunión con Pablo Tapia, Presidente Nacional del Sindicato de Trabajadores a Honorarios, para hablar sobre los alcances de la iniciativa que implica la obligatoriedad del pago de las cotizaciones a través de la Declaración Anual de Impuesto a la Renta de cada año, a partir de 2019, con cargo a la retención del 10% de impuestos. Pero a diferencia de la normativa vigente, establece el incremento gradual de la retención de impuestos en 0,75 % anual, hasta alcanzar 17% en 2028.

Alcances de la nueva Ley

El dirigente dijo que “se valora el interés del Seremi del Trabajo y Previsión social ante la aplicación de la ley de cotización a independientes, su preocupación por la implementación de la misma es una señal favorable en nuestra región.

“La ley recientemente aprobada trae consigo grandes cambios para más de 15 mil familias de nuestra región, no sólo trabajadores. Esta ley no aborda temas laborales, solo se enfoca en lo previsional y es ahí donde debemos hacer énfasis. Sí bien hubieses deseado comenzar por los derechos laborales antes que las obligaciones previsionales para garantizar la correcta interpretación de esta ley por parte de alcaldes y directores de servicios, creemos que esta ley será favorable para los trabajadores que hoy no tenían derecho ni siquiera a enfermarse”, señaló Tapia.

En esta misma línea, el Seremi por su parte explicó que “el principal objetivo de esta Ley es sacar de la indefensión a un importante segmento de trabajadores, y que en nuestra región corresponden aproximadamente a 8 mil en el sector público y 7 mil en el privado, que a partir de esta Ley contarán cobertura de salud, que incluye el seguro de invalidez, la Ley SANNA (Seguro para el acompañamiento de niños y niñas) y por supuesto la cobertura de salud privado o público según corresponda. De la misma forma, conscientes del impacto que esto tiene en los ingresos de los trabajadores, el proyecto contempla también una alternativa transitoria para quienes no estén en condiciones de destinar desde el año 2019 el total de su retención al pago de cotizaciones previsionales”.

Según lo explicado por el representante esta alternativa consiste en la posibilidad de cotizar para pensiones y salud por un porcentaje menor de la Renta Imponible, el que subirá anualmente, partiendo con cotizaciones sobre el 5% de la renta imponible el primer año, 17% el segundo, e incrementándose paulatinamente hasta llegar a 100% el décimo año, contados desde la publicación de la ley. De esta manera el primer año se retendrá para pagos se seguridad social el 2,69% devolviendo el 7,31% al trabajador, cifra que irá creciendo paulatinamente.

“Una de las principales tareas que tenemos por delante en estos primeros meses del año y antes que finalice la operación renta, es difundir entre los trabajadores los alcances de la iniciativa, es importante que sepan cuáles son los beneficios de ésta. Asimismo, los municipios y empleadores en general que utilicen esta modalidad deben informarse, y la Seremi como repartición está disponible para desarrollar actividades tendientes a aclarar las dudas de los interesados”.

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Manifestar que llegamos a esta huelga legal como una forma de expresar nuestra disconformidad que como trabajadores tenemos respecto a cómo la orgánica del gobierno universitario en su totalidad, Rectoría y Honorable Consejo Superior, decide y define sus políticas y asuntos tan relevantes para nuestro desarrollo profesional como lo son nuestras condiciones de trabajo, las remuneraciones y tipos de contratos.

Desde el inicio del proceso de la negociación colectiva, quedó de manifiesto la poca disposición al diálogo y la búsqueda de una solución conjunta por parte del empleador; aún cuando el Sindicato de Profesionales entregó una propuesta de Contrato colectivo basada en información financiera histórica entregada por la misma Universidad, la Rectoría sustentó su postura inflexible en especulaciones basadas en un proyecto de ley en actual tramitación y en noticias de prensa que teorizan sobre el mismo, que no responden a una proyección económica seria y fundada, y con el planteamiento que si no se toman estos resguardos se tendrá que disminuir personal.

No podemos desconocer que el sello institucional está gravemente dañado frente a la falta de diálogo, respeto y consideración demostrado antes y durante este proceso. Esta negociación colectiva nunca fue tal, sólo pudimos votar propuestas del empleador cerradas e inflexibles, de las cuales escogimos la menos mala, esto por supuesto no es lo que se desea en un proceso legal como éste y mantendremos nuestro deseo y esfuerzo por mejorar esta forma de relacionarnos con el empleador.

Como Sindicato queremos manifestar nuestro sentir sobre este acuerdo, un Contrato colectivo que no alcanza a cubrir nuestras expectativas económicas y en especial con aquellas relacionadas con la valoración que como personas merecemos; pero estamos firmes en la convicción de seguir utilizando todas las herramientas que la ley nos permita para mantener nuestra dignidad y alcanzar un buen trato en la relación laboral.

Queda de manifiesto el largo camino que habrá que recorrer para construir una nueva forma de relación entre quien representa a la orgánica institucional y los trabajadores, quienes constituimos un capital humano comprometido y especializado, que en conjunto hemos logrado posicionar a la Universidad con su nivel y calidad educacional actual.

Agradecemos al SEREMI y al Inspector Provincial del Trabajo su mediación y presencia que fue determinante para la resolución de nuestra huelga legal.

Finalmente valorar la intervención de nuestro Gran Canciller para proponer una salida al conflicto y diálogo de sordos al que nos vimos enfrentados con la Rectoría, y con ello poder darle una solución definitiva a la huelga legal, no así al sentir y pesar de nuestros asociados, donde nuestro llamado es a revisar la política de trato de la autoridad de nuestra Universidad con este Sindicato bajo parámetros de dignidad cristiana y mejoras salariales, contextualizados en los principios de la doctrina social de la Iglesia.

Queremos seguir construyendo Universidad, una Universidad Católica, que promueva el Respeto, la Convivencia Fraterna, la Búsqueda de la Verdad y el Encuentro a través del Diálogo.

La Directiva

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Desde el inicio del proceso de la negociación colectiva, quedó de manifiesto la poca disposición al diálogo y la búsqueda de una solución conjunta por parte del empleador; aún cuando el Sindicato de Profesionales entregó una propuesta de Contrato colectivo basada en presupuestos económicos históricos, el Rector justificó su postura en meras especulaciones basadas en un proyecto de ley en actual tramitación y en noticias de prensa que teorizan sobre el mismo, que no responden a una proyección económica seria y fundada según nuestra normativa laboral.

Dentro de las acciones de búsqueda de diálogo de parte del Sindicato se cuentan:

1. Reiteradas solicitudes de reuniones al empleador para negociar con antelación y con posterioridad a la huelga, con base en información presupuestaria seria que permitiera comprender la disminución de IPC +3 a 0,65 de IPC entre el contrato colectivo anterior y el actual.

2. Dado que el argumento esgrimido reiteradamente por las autoridades para esta drástica disminución de beneficios dice relación con la situación de incertidumbre que generaría la Reforma a la Educación Superior, este Sindicato propuso inclusive mantener el actual contrato colectivo y posponer la negociación para abril de 2017, lo cual el empleador no acogió.

3. Antes de llegar a la huelga el Sindicato, y no la Rectoría, solicitó los “buenos oficios” a la Inspección del Trabajo, sin embargo a pesar de contar con 5 días adicionales antes de la huelga, no se concretó un resultado positivo desde esta instancia de negociación.

4. Envío de dos cartas al Obispo Mon. Héctor Vargas, en su calidad de Gran Canciller y Presidente del H. Consejo Superior de la Universidad, solicitando su intermediación en el proceso de huelga, ante la dificultad de diálogo directo con el gobierno universitario. Gestión que no recibió una respuesta positiva por parte del Obispo.

5. El Seremi del Trabajo Sr. Joaquín Bascuñan ofreció una intermediación entre el Sindicato y la Universidad, la que no tuvo un resultado positivo dada la postura inflexible de la Universidad, la cual no cede de su postura inicial, lo que coarta cualquier posibilidad de solución.

6. Los asociados se vieron forzados a rechazar la última oferta del empleador, el cual quiere “castigar” el derecho a huelga legal que por ley tienen los asociados al descontarles los días no trabajados. Si bien, la atribución es acorde a la ley, este Sindicato considera que dicha medida es una muestra más de presión y forma en la que se ha llevado este proceso de negociación e intención de “imponer” un contrato de trabajo colectivo, faltando al espíritu de comunidad y sello institucional que nos hace ser Universidad católica.

Habiendo transcurrido ya 20 días de huelga legal, este Sindicato de Profesionales se encuentra preocupado por los costos que esta huelga – que se ha extendido innecesariamente por la falta de disposición al diálogo de parte de las autoridades- genera en cuanto al desmedro en la formación de nuestros estudiantes por ausencia de sus académicos y académicas, de los procesos de acreditación, los avances en torno a los procesos de investigación, actividades de vinculación con la comunidad, entre otras.

En este sentido, este Sindicato considera que sus aspiraciones son justas y legítimas, que la huelga no está motivada por un corporativismo egoísta ni irresponsable. Es nuestro compromiso pleno con la identidad y los fines de la Universidad Católica de Temuco lo que nos motiva a reivindicar la dignidad y reconocimiento de sus trabajadores y trabajadoras convencidos de que solo así la Universidad responde a su vocación y compromiso público y regional.

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