El anuncio acerca del inicio de la gratuidad para el 2016, dado a conocer por el Gobierno esta semana, en vez de aclarar la situación y ser menos arbitrario, termina generando más dudas y desigualdades. Lo primero que se debe destacar es que no dice nada respecto de los alumnos del mundo técnico profesional, que agrupa a un porcentaje muy relevante del segmento más vulnerable.
Lo segundo es que se genera una nueva arbitrariedad, al dejar elegibles a los alumnos de universidades del Cruch con menos de cuatro años de acreditación, mientras que para los estudiantes de universidades fuera del Cruch se exige tener al menos cuatro años de acreditación.
En tercer lugar, se colocan para estas últimas universidades exigencias que hoy no están en la ley, es decir, se nos castiga por no actuar de la manera que se cree debiese operar el sistema, antes de que esto haya sido legislado.
Finalmente, al reducir la gratuidad del 60% a 50% más vulnerable, se está reconociendo que hay menos recursos. Esta medida dejaría fuera del beneficio a unos 40 mil alumnos, favoreciendo así a menos estudiantes y agregando una mayor discriminación.
Al parecer, ya no hay espacio para más discusión prelegislativa y, por lo tanto, esto se va a tener que debatir en el Congreso cuando ingrese la Ley de Presupuesto. Lo razonable es que esto se hubiese discutido en la ley de reforma a la educación superior.
Jaime Vatter Gutiérrez
Rector Nacional Universidad Santo Tomás
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