Senador Tuma propone una instancia permanente para hacer seguimiento de las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía

“Una ley de La Araucanía es un instrumento adecuado, pero no sólo debe ser una ley especial de desarrollo, sino crear la institucionalidad propia de una región plurinacional, tal y como lo indicó la Comisión de Descentralización”, argumentó el legislador PPD de La Araucanía.

“Valoramos el trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, ya que todas las iniciativas que promuevan el diálogo contribuyen en la construcción de entendimientos y de una cultura que valore la diversidad como un elemento central de nuestra convivencia”, manifestó el senador Eugenio Tuma.

El desafío de la Comisión, explicó el parlamentario, es que no se una más, que el informe no quede archivado y “que el trabajo se entienda como un aporte que se sume a las otras iniciativas. Se requiere establecer una instancia de seguimiento, profundización y validación de manera más amplia de las propuestas, para que se constituyan en acuerdos políticos y sociales”.

Por lo tanto, el senador PPD espera que el Gobierno asuma el liderazgo para implementar las medidas propuestas por la Comisión, proceso que permitirá precisar y ampliar algunas de las propuestas y visiones contenidas en el informe.

Aportes a las propuestas de la Comisión:

Ley Araucanía: es la oportunidad de establecer un estatuto especial que reconozca las particularidades de los territorios regionales, incorpore instrumentos de fomento económicos para las zonas rezagadas de la costa y la cordillera y a su vez contemple una institucionalidad que dé cuenta y promueva diversidad cultural de la Región.

Reparación de víctimas: es un proceso complejo que requiere de una institucionalidad permanente con alta legitimidad que permita acoger a todas las víctimas con sus particularidades como el caso de los niños y familiares de víctimas fatales. La instancia de reconocimiento de las víctimas debe contemplar los estándares de un proceso de justicia transicional, esto implica que debe evitar cualquier sesgo unilateral y quedar atrapada por el peso de la coyuntura.

Nueva política de tierras: se requiere evaluar la actual ley y la dictación de un nuevo marco legal, que considere una nueva institucionalidad en el marco del nuevo Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo de Pueblos Indígenas, en este marco se debe evaluar la experiencia de otros países que han implementado un Tribunal Especial de Tierras que permite hacerse cargo de un proceso de largo plazo.

Participación política: Compartimos y respaldamos las propuestas de participación política con escaños especiales para representantes indígenas tal como lo propusimos en el proyecto de ley presentado el año 1999, el gobierno debe presentar un proyecto de ley y otorgarle urgencia.

Institucionalidad: A su vez se requiere otorgar suma urgencia al Proyecto de ley sobre Ministerio y Consejo de Pueblos.

Planes de desarrollo integral: Se requiere incorporar una visión territorial que integra los corredores bioculturales que conforman las comunidades, las áreas silvestres protegidas y las áreas de desarrollo para promover actividades que integren la visión de los pueblos indígenas con un desarrollo sustentable, estableciendo instrumentos adecuados y pertinentes para el mundo rural indígena y no indígena.

Agenda de sustentabilidad: La conservación de los recursos hídricos requiere una mirada integral que permita una gestión sustentable de las cuencas y los ecosistemas asociados, el acceso a los recursos disponibles que no son utilizados por los titulares y la construcción de la infraestructura para su aprovechamiento. A su vez, se debe contemplar una institucionalidad para la protección y conservación del patrimonio material e inmaterial de los pueblos indígenas y comunidades locales, garantizar la salud de los polinizadores y la apicultura.