Trabajo en Chile durante el nuevo gobierno

Por Néstor Milano, Director Ejecutivo de Laborum Chile.

Chile se adapta para una nueva administración durante los próximos cuatro años. Desde esta semana, Sebastián Piñera y su equipo tendrán la misión de conducir al país hacia nuevos escenarios, teniendo siempre como objetivo un mayor bienestar en diversas áreas para todos. De forma especial, uno de los grandes desafíos será el de tomar las decisiones acertadas que mantengan dinamizado el mundo del trabajo.

En materia laboral se presenta una serie de desafíos que deben ser abordados de manera integral. Uno de ellos, y que también toca directamente al gabinete en términos de composición, es la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo. Además de las brechas salariales existentes y de la reducida participación femenina en cargos de alta dirección -un 13% según el Informe de Mujeres en Alta Dirección de Empresas (Imad), desarrollado por Mujeres Empresarias y la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica (DesUC) en 2017- será importante seguir abriendo espacios para que las empresas se transformen en espacios más inclusivos y equitativos respecto de la composición de su capital humano.

En segundo lugar, y en concordancia con la realidad migratoria que experimenta Chile, es importante incluir este factor en las leyes y normativas que se están discutiendo en la actualidad. De acuerdo a datos manejados por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica de Chile (CLAPES UC), al tercer trimestre de 2013 los migrantes representaban el 1,5% del empleo total, cifra que aumentó a 2,3% hacia el tercer trimestre de 2017. Las decisiones que se tomen en esta materia -como el Proyecto de Nueva Ley de Migraciones, ingresada en agosto de 2017 y que incluye aspectos laborales-, serán claves para un nuevo marco laboral.

Un tercer aspecto está relacionado con la próxima entrada en vigencia de la Nueva Ley de Inclusión Laboral, la cual establece, entre otros puntos, que las empresas y organismos públicos con 100 o más empleados, deberán contar, al menos con el 1% de personas con discapacidad. Esto, sin duda, es un paso importante hacia la incorporación de mujeres y hombres que no han podido acceder al mundo del trabajo o que han sido relegados. Para el próximo gobierno, la puesta en marcha de esta ley será fundamental.

Adicionalmente, aspectos como la contratación de jóvenes y personas de la tercera edad, junto con la inversión y la creación de más y mejores empleos, serán parte de la batería de temas que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Esto, en momentos en que la economía espera una reactivación para mantener su dinamismo, y para dar más oportunidades a la población, que busca mejorar sus expectativas de desarrollo y aportar a un mayor crecimiento del país.