Ante esta grave acción que dio a conocer la Secretaría Regional Ministerio de Salud, la máxima autoridad comunal presentó durante esta jornada una querella criminal contra esta residente que vulneró no solo su vitalidad, sino que además la de terceros en tiempos de catástrofe.
Cabe mencionar que el alcalde de la comuna, presentó hace unos días un recurso de protección que buscaba la cuarentena total y cierre de los accesos principales de la ciudad de los puentes; una gestión que resultó ser admisible ante el máximo tribunal de La Araucanía.
Por su parte, el alcalde Manuel Macaya Ramírez, expresó “He instruido a los jurídicos de la Municipalidad de Collipulli, presentar una querella criminal en contra de la ciudadana que rompió su cuarentena y se vino a residir a nuestro impoluto Collipulli. Seré enérgico y no me temblará la mano, si de cuidar la salud pública comunal se trata. Por lo mismo que quiero llamar a la calma, dejemos y confiemos en que las instituciones hagan su trabajo en uso de sus facultades. Yo como alcalde no dejaré de reforzar mayores medidas de prevención en mi comuna”.
Según detalla el documento judicial, la acusada quien es mayor de edad y tiene domicilio en San Carlos, procedió a un centro médico de la zona, dado que habría presentado algunos síntomas del SARS-COV-19, donde enseguida los profesionales procedieron con el respectivo examen que la llevo a obedecer una cuarentena obligatoria. No obstante, sin hacer caso de lo anterior, la protagonista viajó hasta la ciudad de Collipulli, lugar donde recibió la notificación de que su examen que justamente habría dado positivo.
Al enterarse del resultado, la mujer se comunicó con Carabineros para dar a conocer su situación, activándose todos los protocolos correspondientes que derivaron de igual manera a su pareja, quien pasaría a ser un contacto de alto riesgo.
La acción legal ingresada ante el Juzgado de Garantía de Collipulli invocó el artículo 318 del Código Penal, que establece los delitos en contra de la Salud Pública. Lo anterior, tiene penas de presidio de 61 a 541 días y multas que pueden alcanzar los 50 millones, tal como ha recalcado La Moneda.
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