“La serie defectuosa de anticonceptivos ANULETTE CD, que fue entregada a usuarias de recintos de salud públicos, es gravísimo. Aún no sabemos el alcance de este tremendo error que podría derivar en embarazos no deseados y abortos inseguros. El responsable es el Ministerio de Salud y este gobierno que no le ha dado importancia a la salud sexual y reproductiva como un servicio vital para las personas. En tiempos de pandemia, los organismos internacionales, como la OMS, recomiendan a los gobiernos poner mayor énfasis en garantizar un acceso oportuno y eficaz a métodos de regulación de la fertilidad que eviten embarazos no deseados, sobre todo en países como el nuestro con leyes tan restrictivas que pueden provocar abortos inseguros y con ello muertes maternas. Pero para el Estado chileno, y específicamente para el Ministerio de Salud, los proyectos de vida de adolescentes y mujeres no son importantes.
Por eso mismo, lo sucedido con la serie defectuosa de pastillas anticonceptivas, es la punta de un iceberg de un problema mucho más grande, como es nuestra deficiente política pública respecto a la salud sexual y reproductiva. Desde Corporación Miles lo venimos denunciando hace meses. En noviembre de 2019, advertimos al Consejo Consultivo de Género y Salud del Ministerio de Salud que no había stock disponible de Misopostrol y Mifepristona, dos medicamentos esenciales para realizar un aborto en tres causales garantizados por ley. Recién en febrero de este año nos confirmaron que habían restablecido ambos medicamentos en el sistema público.
Adicionalmente, nuestras dos Encuestas de Salud Sexual y Reproductiva en tiempos de pandemia lo corroboran: desde abril en adelante, la falta de stock disponible en anticonceptivos, condones, disponibilidad de horas para atención en la materia, exámenes de VIH/SIDA y tratamiento TARV son, lamentablemente, una realidad de la que este gobierno no quiere hacerse cargo de manera seria. Uno de nuestros sondeos reveló, por ejemplo, que durante la cuarentena total en la Región Metropolitana el 74% de las personas encuestadas tuvo problemas para acceder a anticonceptivos.
Debido a lo anterior, junto a FENPRUSS y el Colegio de Matronas Regional Santiago, en julio pasado, ingresamos una denuncia a la Contraloría General de la República en contra del MINSAL y sus subsecretarías por falta de probidad y de servicios. Aún esperamos la respuesta oficial.
Por eso mismo, emplazamos al Ministerio de Salud a que ponga en marcha las Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad, promovidas tras el terremoto de 2010, pero que inexplicablemente no se han aplicado en tiempos de Covid-19. Y que evitarían errores como estos que ponen en riesgo los proyectos de vida de cientos de mujeres. Se hace urgente que el ministerio de salud comprenda que la salud sexual y reproductiva en un derecho humano y, como tal, debe ser protegido”.
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