Llamamos al mundo político, oficialismo y oposición, a exigir una intervención decidida que tenga por objeto la desarticulación de grupos terroristas, aplicar en forma urgente las acciones para hacer un control efectivo a estos grupos de asociaciones ilícitas y del armamento ilegal que tienen en sus manos, utilizando para ello todas las atribuciones que la constitución y las leyes otorgan.
No puede ser que ante situaciones de mucho menor gravedad, se actúa con severidad y con amplio despliegue mediático, pero ante estos hechos en que resultan personas fallecidas, se destruyen empleos y capacidad productiva, no se manifieste la misma o mayor severidad y muchos actores callen, lo que termina siendo una actitud indolente y en algunos casos cómplice.
La postergación por años de la aplicación efectiva de nuestra legislación, sólo ha hecho que el violentismo siga creciendo a niveles que son cada día más graves, y cuyos costos en vidas y destrucción seguirá aumentando si no se enfrenta frontalmente de una vez. Vemos ejemplos recientes en países desarrollados, como Francia y Austria, que ante situaciones de igual gravedad, se aplica sin complejos la fuerza del Estado para reprimir estos hechos.
En nuestra Región se llega tarde y nunca hay responsables, hay que ir a buscarlos y quitarles las armas.
Llamamos también al parlamento a agilizar las legislaciones pendientes que apuntan a mejorar la seguridad y funcionamiento de las policías, Ley Antiterrorista, Ley de Inteligencia, Ley de Control de Armas, Ley de Mejoramiento de las Policias, Ley de Robo de Madera. No se puede esperar más.
Mejorar la relación y condiciones del mundo indígena, nada tienen que ver con este tipo de violencia y no se puede aceptar para justificar o aceptar este nivel de atrocidades. Como muchos, creemos que en el mundo indígena existen diferentes posturas, pero con claridad la mayoría de la ciudadanía, de todos los orígenes, condena y está cansada de que sean los matones y violentistas quienes definan nuestra convivencia. Solicitamos una acción decidida de parte del ejecutivo, y el respaldo de todos o la mayoría de los actores políticos para avanzar decididamente en la erradicación de estas prácticas.
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