Observamos con extrema preocupación cómo el clima de violencia y agitación está aumentando alarmantemente en nuestra región y buena parte del sur del país.
Creemos firmemente que esta situación obedece a una serie de decisiones del gobierno central que son percibidas como un espacio de impunidad que solo favorece la operación y presencia de grupos violentos.
En particular, apuntamos a las decisiones de no renovación del Estado de Emergencia, que significó el retiro de más de 2 mil efectivos militares para el control territorial; la no presentación de querellas en casos en que se hace necesaria la efectiva persecución penal por parte del Ejecutivo; y, por último, la decisión de otorgar beneficios penitenciarios a condenados por los delitos más graves de nuestro ordenamiento jurídico, como ocurrió hace un mes con los primos José Tralcal Coche y Luis Tralcal Quidel, a los que se suma ahora Celestino Córdova, todos condenados por el cruel asesinato del matrimonio Luchsinger-Mackay.
Creemos que estas decisiones entregan señales equivocadas a la ciudadanía y agravan la crisis de seguridad que hoy avanza sin control. El gobierno ha señalado que existe una “percepción subjetiva” de seguridad. Los hechos y datos son indesmentibles: la violencia aumentó en un 170% durante el primer mes sin Estado de Emergencia y hoy son 28 comunas las afectadas por hechos de violencia, y no 13 como ocurría en el periodo anterior al retiro de la medida excepcional.
Pedimos respetuosamente al gobierno que corrija el rumbo, por el bien de quienes habitamos en la Región de La Araucanía y el sur del país.
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