Senado aprueba y despacha ley contra usurpaciones

El Senado aprobó las modificaciones introducidas por la Cámara Baja, consagrando la «legítima defensa privilegiada» ante este delito, de «flagrancia permanente».

El proyecto quedó, en teoría, «listo para convertirse en ley», pero el Ejecutivo ha advertido que no lo promulgará en estas condiciones.

El debate caldeó los ánimos en la Sala, luego de que la ministra Tohá advirtiera que algunos senadores «no entendían» lo que se estaba votando. En la antesala cundieron, en tanto, las recriminaciones entre «las dos almas del oficialismo».

Este miércoles por la tarde, la Sala del Senado aprobó el controvertido proyecto de ley que apunta a combatir las usurpaciones, por lo que la iniciativa quedó en condiciones de ser despachada por el Congreso al Ejecutivo y ser promulgada.

La iniciativa, que combina la «legítima defensa privilegiada» con la «flagrancia permanente», ha sido fuertemente criticado por el Gobierno, que acusa que con esto se permitiría la autotutela; es decir, las personas dueñas o que se sientan dueñas de un predio tomado puedan -en forma armada- tratar de recuperarlo.

El avance casi sin cambios de esta iniciativa es interpretado como una derrota para La Moneda, que mediante indicaciones renovadas y solicitudes de votaciones separadas pretendía morigerar los efectos que -según alerta- podría tener una ley de estas características.

Los senadores dieron luz verde a todas las enmiendas introducidas por los diputados, que visaron el texto en la víspera en una discusión con urgencia calificada de «suma».

Así, el texto quedó, en teoría, «listo para convertirse en ley», pero La Moneda ha advertido que no lo promulgará en estas condiciones.

El debate caldeó los ánimos en la Sala, luego de que la ministra del Interior, Carolina Tohá, advirtiera que algunos senadores «no entendían» lo que se estaba votando.

«Lamentablemente, se está votando sin entender lo que estamos votando», espetó la jefa de gabinete durante una intervención.

Y reiteró: «Así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable y nuestra firma, no el anonimato, va a estar detrás de esta ley y no queremos andar por la vida diciendo ‘nosotros validamos que la gente en grupo, con armas, con planificación de meses, vaya a actuar con mano propia'».

Uno de los autores del proyecto, el senador por La Araucanía Felipe Kast (Evópoli), defendió la iniciativa de las críticas del oficialismo: «Acá están diciendo algo que es completamente falso. Aquí no se permiten los enfrentamientos; lo que hace el proyecto es algo muy distinto: permite la legítima defensa».

«Al igual que cuando usted, si entran a su casa con violencia y usted se defiende de esa violencia, tiene eximente de responsabilidad penal, lo que hace el proyecto de ley en la legítima defensa es que, si alguien entra con violencia, no de otra forma, y usted se defiende, se exime de responsabilidad penal», sostuvo el legislador.

TENSIÓN ENTRE SOCIALISMO DEMOCRÁTICO Y APRUEBO DIGNIDAD

En la antesala de la deliberación en el Senado cundieron, en tanto, las recriminaciones entre «las dos almas del oficialismo».

Representantes de Socialismo Democrático acusaron una «deslealtad imperdonable» hacia el Ejecutivo por parte de Apruebo Dignidad tras la votación en la Cámara Baja, donde estos últimos se descolgaron del lineamiento de La Moneda.

En medio de la polémica, diputados del PPD señalaron que ahora ellos podrían votar libremente las próximas reformas que impulse La Moneda.

En respuesta a aquello, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), el socialista Álvaro Elizalde, anunció que «nos vamos a reunir con las bancadas para conversar precisamente todos estos temas (…) Lo importante es que nos coordinemos de muy buena forma para sacar adelante una agenda legislativa que es buena para el país».

Respecto a la tramitación del proyecto, el secretario de Estado insistió en la posibilidad de un veto presidencial a la iniciativa, afirmando que «se ha aprobado por parte de la Cámara de Diputados una norma que transgrede los principios sobre los cuales se ha construido nuestro sistema penal. Particularmente, en Chile está prohibida la justicia con mano propia, la autotutela, porque la violencia entre particulares no es la forma civilizada para resolver los conflictos jurídicos».

En tal sentido, Elizalde insistió en que «en el marco de la Constitución vamos a utilizar las herramientas para que finalmente se restablezca este principio básico» y que, por el momento, «no se descarta ninguna alternativa».